Las palabras del presidente Gustavo Petro de que “en el país hay un oligopolio de seis empresas generadoras que tienen del cuello a la población”, ante lo que preguntó “¿Por qué no democratizar la generación de energía?”, fueron recibidas con pesimismo por las empresas del sector.

Esta última postura del mandatario surge cuando tomó la determinación de intervenir el control de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), bajo el argumento de que las tarifas de energía deben bajar.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, que agrupa al 86% de las generadoras que operan en el país, dijo que “es clave destacar que, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, cualquier persona jurídica que se someta a las reglas de las leyes 142 y 143 de 1994, puede generar energía y comercializarla bajo los mecanismos regulatorios establecidos por la CREG”.

Sostuvo que “es así como hoy tenemos un mercado abierto, con diversos participantes, grandes, pequeños, oficiales, públicos y mixtos, que, a través de distintas tecnologías, proveen la energía que demandan los hogares, comercios e industrias. De igual forma, a partir de las leyes 142 y 143 de 1994, cualquier persona, natural o jurídica, puede autogenerar para abastecer sus consumos propios y los de personas vinculadas, principio fundamental de las hoy denominadas comunidades energéticas”.

Sostiene en su declaración Gutiérrez, que “la generación es la única actividad de la cadena abierta totalmente a la competencia. La estructura actual del mercado eléctrico colombiano responde a la naturaleza económica de un oligopolio natural por la magnitud de las inversiones y los riesgos que estas implican. La actividad de generación requiere grandes montos de inversión y largos plazos de recuperación, lo que hace que sean pocos los interesados en ella, tanto en Colombia como en el mundo”.

Asegura la dirigente gremial que “desde 1994, las generadoras han invertido alrededor de $140 billones en Colombia. Y es clave resaltar que este dinero ha sido puesto por los privados a propio riesgo, liberando recursos para que gobierno los destinara a otros sectores que necesitan subsidios e inversión estatal”.

Libre mercado

Explica la presidenta de Acolgén que “el ingreso de agentes al mercado es posible bajo reglas jurídicas y económicas actuales, que a partir del principio de libre entrada han permitido que un número importante de agentes económicos nacionales y extranjeros, públicos y privados, hayan apostado por nuestro país. Y es importante aclarar que estos agentes han aportado a la confiabilidad y han permitido el cumplimiento de los objetivos de transición energética y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentales para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.

Puntualiza Gutiérrez que “sobre democratización de generación de energía con comunidades energéticas, apoyamos el estudio de medidas que permitan mayor empoderamiento de usuarios, para disminuir barreras y apoyar la generación distribuida que tiene beneficios en eficiencia y operatividad de la cadena. La regulación de participación de la demanda es una actividad en proceso que hemos animado desde nuestro gremio para que se regule rápidamente”.

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Regulación

Precisa la dirigente que “además de las leyes, la regulación de la CREG permite e incentiva autogeneración de pequeña escala y la generación distribuida, lo que ha permitido que un número importante de usuarios autogenere energía para suplir su demanda e incluso que puedan vender excedentes. Esta autogeneración, junto con la energía que producen los grandes proyectos que hoy abastecen al país, permite que en Colombia contemos con un abastecimiento eléctrico seguro, confiable e ininterrumpido en el sistema interconectado nacional”.

Considera Natalia Gutiérrez que “entonces es posible y real la democratización de la energía, bajo el esquema normativo y diseño de mercado vigentes, sin perjuicio de mejoras que construyan sobre lo construido y fortalezcan un sector que es ejemplo mundial en confiabilidad y sostenibilidad. E insisto: las reglas de juego claras son fundamentales para que todas estas iniciativas se materialicen y diversos actores participen en el sector, para el progreso y el bienestar de los colombianos”.

Asimismo, desde Acolgén señalan que no son seis sino 14 las empresas generadoras que actualmente funcionan en el mercado. Son EPM, Isagen, Enel Emgesa, Celsia, AES Colombia, Urrá, Lareif, Prime Energía, Vatia, EDPR, Refonergy, Enerfín, Genersa y Edf Energy.

Los servicios

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó que han expuesto públicamente que “es fundamental que las decisiones que se tomen en temas regulatorios conserven los principios esenciales de suficiencia financiera y reconocimiento de costos eficientes”.

Según Andesco, lo anterior teniendo como objetivo una adecuada prestación del servicio a los usuarios del país.

“Esto impone necesariamente que estos temas sean tratados de manera técnica, teniendo en cuenta todas las variables financieras, económicas, ambientales y sociales para garantizar que los servicios ofrecidos sean de la mejor calidad, al mejor precio posible y para el mayor número de colombianos”, concluyó la agremiación.

Sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir la regulación de tarifas de servicios públicos por tres meses, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadores (Andeg), dijo que hay mucha incertidumbre porque el decreto dice que el jefe de Estado asume unas funciones de carácter general.

“No se sabe cuál es el alcance de la medida, qué quiere hacer, y esperan más claridad dentro de la entidad. Ahora bien, se espera que puedan trabajar de la mano con la Constitución, con Marco Normativo y unos criterios de solidaridad”, sostiene.

“Las tarifas de energía son estructuradas y son complejas de definir, por eso se debe estudiar, analizar, y esa es su función, el presidente puede tomar decisiones sobre la cadena de prestación de servicio”, comentó Castañeda.

Por otra parte, reiteró que una cosa es la tarifa, su estructuración, el pago que recibe cada eslabón de la cadena (transmisión, distribución), pero al final del día una cosa muy distinta es lo que paga el usuario.

Tarifas

Por el lado de las tarifas, desde la Andeg reiteraron que Colombia no tiene ni las más altas ni las más bajas, pero se compara con países como Sierra Leona o Congo. Por otra parte, el Gobierno junto al Congreso podrían tomar la decisión de aumentar los subsidios, del 60 % al 70 %. Por ejemplo, dentro del mismo Plan de Desarrollo está manteniendo el esquema de subsidio completo, pero si aumenta, cuánto es la energía que es subsidiable, cuántos kilovatios consumen los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

De igual manera, Castañeda reiteró que se le ha hecho la invitación al Gobierno nacional para trabajar en el marco de la institucionalidad, ya que la gente invierte porque cree firmemente en un marco regulatorio y en ese sentido se toman decisiones.

“Si yo veo que hay unas señalas claras, que hay un norte establecido, si yo sé que esto va a un término que me va a permitir seguir invirtiendo, lo sigo haciendo y el sector crecerá. En los últimos 30 años no nos hemos apagado, se ha aumentado la cobertura y se ha despolitizado el discurso. Las tarifas no pueden ser una decisión política, tienen que reconocer la ley, los gastos de operación y mantenimiento”, dijo el funcionario.

La intervención de Petro en CREG

El pasado 16 de febrero se publicó el decreto que oficializa la decisión del presidente Gustavo Petro de reasumir por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La norma establece que el jefe de Estado podrá solicitar el apoyo técnico de la CREG y la CRA y demás entidades de cada sector para llevar a cabo estas funciones de regulación general.

Quedan argumentadas las razones para que el presidente asuma de manera temporal la regulación de los servicios públicos, las cuales radican en que se deben señalar las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.