La degradación y la barbarie que han caracterizado a la guerra en Colombia no tiene límites. En medio del proceso de búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en que está inmerso el país, tanto desde la justicia ordinaria como desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), cada vez que se producen avances en los procesos sobre los más graves delitos cometidos en cinco décadas de confrontación interna, el impacto público es superlativo.
Semanas atrás la estupefacción e indignación eran por los más de 21 mil secuestros imputados por la JEP a las Farc. Hace pocos días el foco estuvo sobre los casos de presuntos “falsos positivos”. Y ahora la dimensión del reclutamiento de menores de edad pone a todos los colombianos ante el reto de hacer una catarsis de la guerra, enfrentándose de forma abierta y cruda a una violenta realidad que dejó una gran cantidad de víctimas.
Desde marzo de 2019 la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) abrió el caso 07 sobre “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. Ya entonces el país tenía una idea muy clara de cómo la guerrilla y los paramilitares habían utilizado a los menores de edad como ‘carne de cañón’ para la guerra, esclavitud sexual y de mano de obra.
Miles de familias habían sufrido en carne propia el dolor y la tragedia de ver cómo Farc, Eln, autodefensas y otros grupos criminales les arrebataban, incluso a sangre y fuego, a sus niños y jóvenes para meterlos a una guerra que no era de ellos ni mucho menos comprendían. No solo les truncaban su infancia, sino les arrebataban su inocencia, dignidad y hasta la propia vida.
La última evidencia de ello es el informe que, junto a las consejerías presidenciales para la Niñez y Adolescencia así como de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, acaba de presentar el Instituto de Bienestar Familiar ante la JEP y la Fiscalía con los dramáticos testimonios de los menores de edad víctimas de este delito.
El ICBF cuenta con 6.931 expedientes de niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, y 3.878 de ellos corresponden a las Farc. Se prueba así que se trató de una práctica “sistemática, recurrente, aceptada y oficializada” por la cúpula de las Farc, “con testimonios que son evidencia irrefutable de las atrocidades que cometieron contra los menores de edad reclutados en sus filas”, señaló la directora de la entidad, Lina Arbeláez.
De los 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento atendidas por el ICBF entre noviembre de 1999 y diciembre de 2020, el 56% relata haber sido reclutado por las Farc. Se pudo evidenciar, asimismo, que el 70 por ciento de las víctimas son hombres y el 30 por ciento mujeres. El 11 por ciento pertenecía a las poblaciones indígenas.
Tres flancos
Fueron tres las denuncias radicadas por Bienestar Familiar. La primera ante la Fiscalía contra el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) (en donde están las disidencias-reincidencias de las antiguas Farc), en donde se pide investigar a los responsables por este delito, en concurso con lesiones personales, tortura y violencia sexual, todos en persona protegida, entre otras conductas punibles.
Aquí se hace referencia a los delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc. Se señalan los casos de 465 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021.
La segunda denuncia pide a la Fiscalía a esclarecer más de 1.288 casos denunciados que tiene por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes cometidos específicamente por parte del Eln de 1999 a la fecha.
Y la tercera denuncia es contra las extintas Farc y fue radicada ante la JEP con destino al macrocaso 007.
Ante la JEP se han decenas de distintos informes al respecto, tanto de la Fiscalía como de distintas ONG y centros de estudio. Por ejemplo, en febrero de 2019, antes incluso de la apertura del caso 007, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) presentó su diagnóstico. Allí se registraron 5.410 registros de información relevante sobre la situación de derechos humanos y sus afectaciones a la niñez en el marco del conflicto armado.
El pasado 15 de febrero, esta misma coalición presentó ante la JEP el informe “Raptado de los brazos de su madre: Relatos de reclutamiento y utilización de niñas y niños desde los ojos de sus madres, hermanos, hermanas y padres en proceso de búsqueda”.
Sistemático
En el caso específico de las Farc ante la JEP, desde cuando se abrió la investigación se había señalado que los reclutamientos no eran casos fortuitos sino una política sistemática de las Farc, que además comportó otra serie de delitos.
Para ello se analizan los mandatos estratégicos de la “VI Conferencia Nacional Guerrillera (1978)”, “VII Conferencia Nacional Guerrillera (1982)”, “Pleno del Estado Mayor Central (1997)”, “Pleno del Estado Mayor Central (2000)” y “IX Conferencia (2007)”. En todas ellas se habla de ampliar el personal de la guerrilla, reclutando masivamente. Si bien se dice que solo niños mayores de 15 años, la evidencia es múltiple sobre enrolamientos a mucha más corta edad.
“…Además del reclutamiento, se investigan otras formas de participación de niñas y niños en el conflicto: como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo, y a quienes fueron reclutados para propósitos sexuales”, señala el acto de apertura del caso 007.
Igualmente, este caso investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas las niñas y los niños, o sus familias y comunidades: tortura, homicidios como consecuencia del régimen de vida en las filas, o de las sanciones impuestas fruto de la aplicación del régimen disciplinario de la organización guerrillera. También desplazamiento forzado, amenazas, violencia sexual, anticoncepción y abortos forzados…
Al recibir esta semana el informe del ICBF, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, recordó que el conflicto armado destruyó las vidas y violó masivamente sus derechos humanos de muchos menores de edad. Dijo que los actores armados, en efecto, al reclutarlos y utilizarlos incurrieron sistemáticamente en las más graves vulneraciones de derechos humanos tanto desde el punto de vista del derecho interno como del DIH, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos.
Precisó Cifuentes que ya en el macrocaso 07 se investigan alrededor de 8.000 hechos victimizantes. En el caso de los niños indígenas, afrodescendientes, negros, rom y raizales, destacó, no solo fueron vinculados al conflicto armado, sino que fueron desarraigados de sus comunidades originales.
Cifuentes mencionó que en los 4.219 casos que investiga la Fiscalía General solamente han sido dictadas 10 condenas.
A su vez, la relatora del macrocaso 07, magistrada Lily Andrea Rueda, explicó que “hemos incorporado al expediente de este caso 32 informes que fueron presentados por organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas y de otras corporaciones del Estado colombiano".
A la fecha 167 víctimas ya se han acreditado en este caso y ya son 15 los cabecillas de las exFarc que han sido vinculados al proceso y comparecido ante los magistrados a rendir su respectiva versión.
A ellos se les indagó, por ejemplo, sobre informes recibidos por la JEP como una base de datos contenida en los computadores del ‘Bloque Oriental’ en donde se encontraron 286 registros de personas que ingresaron siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron.