El presidente de Honduras fue socio en un laboratorio de cocaína que fabricó toneladas de droga para enviarla a Estados Unidos, aseguró el fiscal Michael Lockard, del distrito sur de Nueva York, en el juicio de un presunto narcotraficante que aborda la corrupción arraigada al más alto nivel político en el país centroamericano.

Los fiscales de la corte federal de Manhattan aseguran que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue socio del acusado Geovanny Fuentes Ramírez y de su hermano Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019. Y aunque no lo han inculpado, a lo largo del proceso de dos semanas insisten en su participación en la conspiración.

"Juan Orlando Hernández no solo quería el efectivo del acusado (en sobornos), quería acceso a la cocaína del acusado (...) para poder exportarla" a Estados Unidos a través de Puerto Cortés, el mayor puerto hondureño, cerca del laboratorio de cocaína instalado en Cerro Negro, dijo Lockard en su alegato de clausura del juicio de Fuentes.

"El acceso al laboratorio del acusado podía valer millones. Y la protección de Juan Orlando Hernández no tenía precio para el acusado", añadió.

Dijo que el presidente dio a Fuentes el contacto de su hermano Tony. "Tony Hernández, como Juan Orlando Hernández, era uno de los socios del acusado en el tráfico de droga. Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando, que aceptó sobornos del dinero de la droga de Los Cachiros, es el hombre que envió kilos de cocaína con sus iniciales", dijo Lockard.

"Ya escucharon cómo Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a presidentes y candidatos presidenciales: a Juan Orlando Hernández, a su predecesor Pepe Lobo, a su predecesor Manuel Zelaya, a Ricardo Álvarez que se convirtió en vicepresidente y a muchos otros", recordó el fiscal al jurado, y dijo que el acusado siguió su ejemplo y usó "los poderosos contactos" del empresario Fuad Jarufe "para comprar protección".

El presidente de Honduras niega todas las acusaciones.

"Demasiado dinero en juego"

El fiscal Lockard afirmó que el laboratorio de cocaína, ubicado cerca de la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras, no fue cerrado tras su allanamiento en 2011, como se presumió en la época, sino que siguió operando después de 2013.

Recordó que en la operación policial en 2011 no se hallaron drogas, dijo que el acusado fue alertado del allanamiento, que se pagaron sobornos a un alto funcionario judicial corrupto, Julio César Barahona, y que luego Fuentes secuestró, torturó y asesinó junto con su socio Melvin "Metro" Sandres al policía que lo dirigió.

"El laboratorio no cerró porque el acusado llegó a un acuerdo con Juan Orlando Hernández y su hermano (...) para que siguiera funcionando", dijo Lockard. "Había demasiado dinero en juego".

En su alegato final, el abogado de la defensa Avraham Moskowitz atacó duramente la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno estadounidense, sobre todo del exjefe del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, que confiesa haber matado u ordenado el asesinato de 78 personas y enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel.

"Ese hombre tiene que ser la persona más vil y despreciable que cualquiera de nosotros haya conocido en cualquier ámbito de la vida. Y esa es la persona que el gobierno puso en el banquillo de los testigos, y a quien pidió creer más allá de toda duda razonable. Un hombre que no tiene moral, no tiene escrúpulos y probablemente no tiene alma", dijo Moskowitz.

También dijo que el gobierno no ha mostrado videos, fotos, informes policiales o forenses u otras pruebas que garanticen la culpabilidad del acusado.