La ausencia de medidas referentes a la contención de la corrupción en el sistema político, en el proyecto anticorrupción impulsado por la Fiscalía y el Gobierno, fue puesta en evidencia por Andrés Hernández, director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, durante la audiencia pública realizada como preámbulo a la elaboración de la ponencia para el primer debate de la iniciativa.

Hernández manifestó que desde la Corporación se radicó un documento con observaciones en el que se llamó la atención de dos temas que no recoge la iniciativa: “El primero es que hay muy pocas medidas alrededor de implicaciones a nivel territorial; y el segundo, es que nos llama mucho la atención la ausencia de medidas asociadas a problemáticas de corrupción en el sistema político, delitos electorales, financiamiento de partidos y campañas”.

En cuanto a recomendaciones para mejorar el articulado, Hernández expuso que “en el primer capítulo, uno de los temas en los cuales vemos una gran prioridad en Transparencia por Colombia es el de fortalecer las medidas de protección a denunciantes reportantes de corrupción. Este capítulo necesita mayor precisión conceptual, en particular respecto a quiénes son los sujetos que acuden a los mecanismos de denuncia, al proceso de denuncia en sí mismo y a las formas de corrupción que pueden ser abordadas mediante este proceso. Nos llama la atención que en el capítulo dos no estén contemplados los delitos electorales de la ley 1864 de 2017”.

El proyecto de ley número 341 de 2020 Senado, “por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones”, fue radicado el 29 de octubre por el fiscal Francisco Barbosa junto al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el contralor Carlos Felipe Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, y la entonces jefa de la cartera del Interior, Alicia Arango.

Según lo informó la Oficina de Prensa del Senado, la audiencia fue convocada por el ponente de la iniciativa en la Comisión Primera, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, quien consideró que este proyecto abarca temas de interés nacional y, por la tanto, es necesario escuchar a las personas naturales y jurídicas sobre los temas que son objeto de modificación por esta iniciativa.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, enfatizó que “ya son muchos los esfuerzos que esta Comisión Primera del Senado de la República, en conjunto con el Gobierno nacional y la gran mayoría de partidos políticos, ha venido avanzando en una agenda de transparencia y de anticorrupción. Son muchos los logros que se han alcanzado en este periodo constitucional”.

La secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, precisó que “es una oportunidad grandísima para Colombia poder iniciar este tránsito legislativo con el proyecto de ley 341/2020”.

Con esta iniciativa, indicó Londoño, se buscan establecer tres pilares en esta materia, los cuales son “la prevención con pedagogía, la sanción de actos de corrupción y el fortalecimiento interinstitucional. Con esto se va a cerrar el camino a los corruptos. Son 12 medidas con 91 artículos que se refieren a protección de denunciantes, protección de identidad, en su ámbito laboral, protección física”.

Para Javier Gutiérrez, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), “este proyecto de ley acelera la convergencia hacia un sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo dinámico y efectivo, contra las estructuras criminales y contra el delito de corrupción y muchas vertientes que este acelera. La corrupción es uno de los delitos que más afecta el bienestar de la sociedad”.

El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, César Reyes, expresó “la necesidad que tiene el país de expedir con carácter urgente esta normatividad ya que, se podrá fortalecer la prevención y acción frente al lavado de activos; adicionalmente, la iniciativa contribuye la vigilancia que ejerce la Superfinanciera”.

Santiago López, de la Superintendencia de Sociedades, dio a conocer a los integrantes de la sesión que el proyecto es un avance frente a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto a la corrupción, “debido a que uno de sus objetivos es que las sociedades subsidiarias puedan ser sancionadas por conductas de soborno transnacional”.

Por su parte, Diana Richardson, de la Agencia del Inspector General Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), manifestó que “el asunto que nos convoca de es de gran importancia para la misión encomendada a la agencia, toda vez que a través del mandato recibido mediante el Decreto Ley 4173 de 2011, se tiene la misión de proteger el patrimonio público gestionado por la DIAN, por la UGPP y Coljuegos frente a acciones de fraude y corrupción”.

De igual manera, Julián Ruiz, de la Contraloría General de la República, resaltó la “importancia de las medidas de protección a los denunciantes, ya que incentivará la entrega de información para la lucha contra la corrupción”.
El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Edward Calderón, afirmó que “la corrupción es uno de los problemas más urgentes y complejos de las democracias contemporáneas. Su magnitud impone tareas a las entidades del Estado como a diferentes agrupaciones de la sociedad civil”.

“La Fiscalía General celebra que el Gobierno nacional tenga esta iniciativa y confiamos en que esta será una herramienta más para prevenir y controlar la corrupción”, concluyó Calderón.

En su intervención, Andrés Fajardo, de la Defensoría del Pueblo, comentó que “queremos resaltar que no es de poca monta la cifra de $50 billones que le cuesta la corrupción cada año a Colombia”.

Asimismo, Fajardo afirmó que apoyan el proyecto “el cual constituye una herramienta fundamental frente a lo que le cuesta al país la corrupción. En Colombia el denunciante está expuesto y este proyecto se enfoca en su protección”.