¿Eres prensa? Di que hemos estado treinta horas intentando cargar el tanque y nada... Vinimos por 500 litros y ahora nos dicen que solo podemos poner 100 ¿Para qué es eso? ¿Pa' dos días de trabajo?”.

Juan Carlos García se queja mientras camina junto a una larga fila de camiones en las inmediaciones de una estación de servicio a las afueras de Caracas. Juan es conductor de un camión de pollos que carga aves en San Felipe, estado Yaracuy, y las transporta por más de 200 kilómetros de carretera para venderlas en Caracas, la capital venezolana. Lo que solo era una parada de minutos para poner el combustible que le permitiera seguir viajando cuatro horas de carretera vía occidente hasta llegar a su destino se han convertido en un calvario de varios días llenos de incertidumbre a la espera del ahora escaso diésel.

Su suerte la comparten centenares de transportistas que se agolpan en las estaciones capaces de surtir diésel y gasoil que aún permanecen abiertas en el país suramericano. A Caracas usualmente ingresan en promedio 110 vehículos de carga pesada al día; ahora solo entran cerca de cuarenta. Según datos de la ONG Ciudadanía en Acción (CA), se estima que más de la mitad del parque automotor del transporte de alimentos e insumos se encuentra parado por falta de combustible.

La paralización del transporte se da aun cuando Venezuela tiene la mayor capacidad de refinación por número de habitantes del continente americano. Sus refinerías pueden procesar 1.300.000 b\d de crudo, pero actualmente, de acuerdo con los datos publicados por el economista y exdiputado José Guerra, en el medio Finanzas digital, apenas se procesan unos 70.000.

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De estos, se obtienen unos 35.000 barriles de diésel, pero la República Bolivariana necesita unos 50.000 para garantizar el movimiento de sus productos e insumos, lo que implica que la petrolera estatal venezolana (PDVSA) tiene que por lo menos importar 15.000 barriles diarios. Y es en esos barriles que Venezuela necesita importar donde radica la crisis del diésel.

Importar esos barriles, como casi todas las cosas en Venezuela, no está exento de la disputa política. Por un lado, el sector más radical de la oposición considera que la necesidad de importar es consecuencia del deterioro de PDVSA, lo cual a su vez es producto de una mala gestión chavista, por lo que el Gobierno debe asumir el costo político de sus errores. Por ende, promueven una posición dura de los Estados Unidos en la que se debe prohibir cualquier tipo de exportaciones petroleras.

Por el contrario, el chavismo sostiene que la causa del deterioro de la otrora quinta empresa energética del mundo reside en las sanciones promovidas por ‘lobbys’ oposicionistas y que si no se puede refinar más crudo es porque EEUU no lo permite.

La Casa Blanca impone sanciones al sector petrolero venezolano desde 2017, pero durante el 2020 se hizo énfasis en las exportaciones petroleras del “régimen de Maduro”, limitándolas gradualmente, hasta llegar a prohibir los llamados SWAPS con los que el Gobierno venezolano intercambiaba petróleo crudo por derivados con empresas asiáticas y europeas.

En todo caso, ambos bandos coinciden en que PDVSA es incapaz de recuperar su capacidad de refinación a corto plazo, lo que deja como única solución a la crisis la construcción de un consenso para pedir el levantamiento de las sanciones, un escenario que por el momento es improbable, por no decir fantasioso.

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Este año la organización para la promoción de los derechos humanos The Washington Office in Latin America (WOLA por sus siglas en inglés) envió una carta firmada por diversas organizaciones no gubernamentales y distintas personalidades venezolanas no afines al gobierno de Nicolas Maduro en la que le advertía al entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, que “de no haber diésel podría producirse una paralización del transporte de carga afectando el traslado de insumos indispensables para la supervivencia de millones de familias venezolanas”.

Los datos del sistema de movilización de cargas alimentarias de Ciudadanía en Acción esclarecen el vaticinio de WOLA. En marzo, desde que empezó a escasear el diésel, se han movilizado hacia los centros de consumo el 66% menos de queso, el 62% menos de carne de res, el 53% menos de pollo y el 64% menos de hortalizas.

Si bien el desabastecimiento es la evidencia de la crisis en las ciudades, la pérdida de la producción es el reflejo en el campo. Alexis Algarra, directivo de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) y miembro de la Alianza por la Seguridad Alimentaria, señaló que “la perspectiva de la situación no es nada alentadora para el agro, pues el diésel es el combustible indispensable para las labores del sector; la gran mayoría de las maquinarias que se emplean en el campo lo usan. Sin el combustible, nuestro trabajo se hace extremadamente difícil, cuando no imposible…”.

La paralización agropecuaria se ve como algo inminente desde distintos gremios. Según Algarra, esto ha llevado a que instituciones como Fedenaga haya propuesto al Ejecutivo Nacional que les permita importar combustible por tierra desde Colombia, como solución paliativa mientras se resuelve el problema de fondo.

Parte de la “solución de fondo” que comenta el también abogado Algarra pasa por la posibilidad de que la administración de Joe Biden suavice sus posturas. Ya Elliot Abrams, exdiplomático de EEUU para Venezuela, había sugerido al nuevo inquilino de la Casa Blanca que levantara las prohibiciones de los SWAPS.

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En este sentido también se pronunció el senador estadounidense Chris Murphy, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quien pidió en una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, revisar las sanciones contra la nación caribeña por ser "equivocadas" y lo instó también a restablecer los intercambios de crudo por derivados, lo que significaría un “salvavidas” para millones de venezolanos.

La expresión del senador Murphy se puede tomar con literalidad, ya que como advirtió WOLA a Pompeo, “entre los usos del diésel están las plantas eléctricas de respaldo usadas en casi todas las clínicas privadas y en algunos hospitales públicos del país, incluyendo las plantas eléctricas recibidas como parte de los primeros envíos de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Con menos diésel, estos centros de salud podrían ver paralizadas sus actividades, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19”.

Las afectaciones por el desabastecimiento del combustible no se limitan a las plantas eléctricas de respaldo sino a todo el sector eléctrico. Si bien Venezuela tiene un sistema basado en la generación hidroeléctrica, la estabilidad de este depende de estaciones que generan a base de diésel. Si estas últimas no funcionan, servicios ya precarios como el gas doméstico o el agua también se verían aún más comprometidos.

De seguir escalando esta inédita crisis del diésel, también se paralizaría el transporte público superficial usado por el 70% de los venezolanos para acceder a productos de primera necesidad.