Pocas cosas de las sucedidas en el transcurso de estos algo más de dos años de período presidencial -que para muchos colombianos como yo parecen más bien dos años, pero debajo del agua-, tienen la importancia de lo que acaecerá en Colombia la próxima semana. El lunes 18 de noviembre, el Senado de la República tendrá en sus manos la decisión sobre quién será el próximo magistrado de la Corte Constitucional que, a partir de febrero de 2025, llegará a reemplazar a Antonio José Lizarazo.

En estos momentos varios lectores como usted, se estarán preguntando por qué entre tanto ruido, convulsión, errores, fracasos, desgobierno, corrupción, violencia, crisis, caos, amores y desamores que se generan a diario en la Colombia del gobierno de la “Potencia Mundial de la Vida”, esta elección debería concentrar algo de su atención.

Pues bien, en lo que para efectos de esta columna llamaremos Democracia para Dummies, déjeme le doy mis razones para sostener por qué algo que pareciese un tema tan distante de las afugias diarias en la supervivencia de cualquier colombiano, es determinante para la garantía de sus derechos y los de su familia, de sus libertades y, sobre todo, de unas elecciones libres de las que estoy segura, depende la viabilidad de nuestro Estado.

El Estado de Derecho, en pocas palabras, supone dos cosas: 1) Que todas las instituciones y personas que lo conforman están sometidos al imperio de la ley, es decir que nada ni nadie está por encima de esta y 2) Que existe una división de poderes que garantiza los pesos y contrapesos necesarios para que esa sujeción se dé de manera efectiva y sin el abuso de ninguna rama de poder público. Colombianizando esta definición, hoy en nuestro país, las Cortes y fundamentalmente la Corte Constitucional, han servido de bastión a la democracia frente a las pretensiones draconianas del ejecutivo (o sea del gobierno Petro), en compinchería con el legislativo, (o sea el Congreso) conformado por congresistas mercachifles, con contadísimas excepciones, que ya han dejado en evidencia su inferioridad frente a la dignidad del cargo que ostentan.

La Corte Constitucional, conformada por nueve magistrados, es la entidad superior judicial en todo lo que tenga que ver con la integridad y cumplimiento de la Constitución Política. Fue creada por la Carta del 91 y es la responsable de la garantía y concreción de muchos de los logros en materia de derechos que hoy cualquier colombiano por el solo hecho de serlo, disfruta. También, y ojo a esto, este tribunal es el llamado a establecer un contrapeso al Ejecutivo y Legislativo, a través del control a las distintas herramientas “legislativas” en defensa de la democracia. Cosa que hasta hoy ha funcionado relativamente bien.

En la coyuntura actual, esta Corte ha servido para balancear los afanes autócratas de Gustavo Petro y de su ejército de áulicos, incluidos los varios muchos corruptos que desde el Congreso le sirven de legitimadores perversos a sus proyectos “reformistas” (que en realidad, lo único que buscan es fortalecer la dependencia del ciudadano común del Estado, coartar las libertades, disminuir la realización de derechos para generar sumisión al gobierno y vulnerar todas las instituciones primarias y secundarias; para finalmente romper la Democracia).

La apuesta por hacerse al cargo que deja vacante el magistrado Lizarazo es neurálgica para la supervivencia del proyecto político petrista. Por eso desde el gobierno están impulsando, sin escatimar en esfuerzos y con el apoyo de un sector del liberalismo más rancio, el nombre de su ficha: Efraín Polo Rosero, magistrado auxiliar del mismo alto tribunal, muy cercano a algunos líderes de las huestes del Pacto Histórico y fiel defensor de las banderas ideológicas del petrismo. 

De lograrse el apoyo mayoritario en el Senado con la llegada de Polo, Gustavo Petro estaría próximo a alcanzar las mayorías en la Corte que hasta hoy le han sido esquivas, no sólo para consolidar varios de sus proyectos claves como la Reforma Pensional y el Impuesto al Patrimonio, si no para permear la independencia de poderes, usurpando todas las ramas del Estado y allanando el camino para impedir que haya elecciones libres en 2026. 

Cinco magistrados tienen entonces el poder de legitimar las artimañas petristas, dar la estocada final en la consolidación de su proyecto autócrata y acabar con la libertad de 50 millones de colombianos. Si le queda alguna duda de la importancia de esta elección, pregúntele a cualquier venezolano qué papel ha jugado el Tribunal Supremo de Justicia, como determinador de su futuro y el de sus familias.