UN LLAMADO desesperado al Gobierno por las demoras en los pagos a firmas contratistas de obras públicas, hizo el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer.
En una carta dirigida al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y al Invías, el gremio dice que esta situación ya está frenando inversiones por $13 billones en diferentes proyectos en todo el país.
Sostiene la CCI que ha recibido en los últimos meses un sinnúmero de alertas por parte de firmas constructoras y consultoras de obras, relativas a las dificultades financieras derivadas del no pago de las actas radicadas ante el Instituto Nacional de Vías (Invías).
De acuerdo con el dirigente, “si bien es cierto que el Gobierno nacional avanza en la búsqueda de soluciones que permitan honrar el pago de estos recursos adeudados, tal como fue manifestado en la reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desafortunadamente, queremos reiterar que a la fecha las cuentas por pagar, reflejadas en más de 5.700 actas, superan el billón de pesos”.
Impacto en proyectos
En rueda de prensa, Caicedo Ferrer sostuvo que “esta deuda, puntualmente, afecta a 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como, por ejemplo, la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco-Mocoa (Nariño- Putumayo), la vı́a Popayán-Isnos, Popayán-La Plata (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, Conexión Alta Guajira, Curos-Málaga (Santander) y la conectividad Arauca-Casanare, entre otros proyectos”.
Para el gremio, este hecho es un contrasentido, debido a que “todas estas obras a cargo del Invías son, justamente, las que resultan más sensibles para este gobierno, en cuanto se concentran en regiones que requieren de una importante inversión pública y se constituyen en una valiosa oportunidad para la generación de empleo: 336.000 directos, indirectos e inducidos. Estamos hablando de iniciativas neurálgicas cuya inversión asciende a cerca de $13 billones, aprobadas todas ellas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y contenidas dentro de los programas bandera del presidente de la República: “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, “El programa de la red fluvial” y “Colombia Avanza”. De este último programa, vale la pena destacar las vías Matuya-San Cristóbal, Mompox-Pinillos (Bolívar) y Samaniego-La Llanada (Nariño)”.
Poco presupuesto
Caicedo Ferrer considera que “sumado a ello, preocupa que, con corte a 30 de noviembre de 2024, de acuerdo con el propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto de inversión del Invías obligado corresponde a tan solo el 38,7% de lo asignado, cifra sin precedente en la historia reciente y solo comparable con lo sucedido en el 2020 cuando fue declarada la emergencia económica, social y ambiental por la pandemia covid-19”.
Indica el gremio de la infraestructura que “la solución propuesta por la cartera de Hacienda, mediante la realización de pagos mensuales que amortizarían la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2024, necesariamente causará una parálisis de la obra pública, en la medida en que no habría ejecución física de obra en el primer semestre del 2025, dado que no contaría con recurso inmediato para su correspondiente pago”.
Los riesgos
El presidente de la CCI estima que “de no resolverse de manera inmediata esta problemática, ello generará no solo la referida parálisis, sino que, a su vez, podría llevar a la quiebra a muchas empresas, en particular a las pequeñas y medianas (Pymes), además de generar efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico. Ello, sin dejar de lado que esta ruptura en la conmutatividad de los contratos como consecuencia de los incumplimientos mencionados, conlleva a la necesaria indemnización a los contratistas, por los perjuicios ocasionados (daño emergente y lucro cesante). Esto puede generar responsabilidades personales de los funcionarios, en tanto existe un inminente riesgo de detrimento patrimonial”.
Explica en su análisis la CCI, que “asimismo, resulta perentorio resolver la problemática evidenciada en 1.100 cuentas, por cerca de $100.000 millones, y cuyos recursos estaban contabilizados en la reserva presupuestal de la vigencia 2023. Teniendo en cuenta que estos no fueron obligados en diciembre de 2024, como es de su conocimiento, en la vigencia fiscal 2025 pasaron a ser “vigencias expiradas”, situación que agrava, en grado sumo, el flujo de caja de los contratistas y consultores de obra pública”.
Cubrir cuentas pendientes
Asegura el gremio de la infraestructura que “en efecto, el Invías tendrá que cubrir el monto de la vigencia expirada con recursos del Presupuesto General de la Nación del 2025 asignado a la entidad…, de hecho, habrá un aplazamiento de estos recursos disponibles, por el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación, anunciado por el propio Gobierno. Además, se tendrán que surtir numerosos trámites adicionales ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al interior del propio Invías. Lo anterior, pondría en riesgo, incluso, el pago efectivo de las obligaciones”.
Indica el presidente de la CCI, que “por tales razones, señores ministros y director, hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional a que se adopte un plan de choque para el pago inmediato de lo adeudado con corte a 31 de diciembre de 2024 y se garantice un flujo de caja para las obras que se ejecuten en la presente vigencia. En otras palabras, solicitamos respetuosamente que se apruebe el PAC por la totalidad de los recursos adeudados a la fecha, con el fin de evitar los impactos negativos ya referidos sobre la buena ejecución de los proyectos de obra pública, a cargo del Invías, especialmente, en aquellas regiones más apartadas del país y cuyas comunidades son las primeras beneficiadas”.
Aplazan adjudicación de APP férrea
Volvió a quedar en el limbo la adjudicación para la primera gran Asociación Público Privada (APP) de una red férrea en el país. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suspendió nuevamente los términos de la licitación por cuarta ocasión.
La semana pasada la entidad anunció una prórroga hasta el 20 de enero, que con la última resolución firmada este 21 de enero, se extiende ahora hasta el 5 de febrero. Según detalla el documento, el propósito es garantizar la “concurrencia y participación plural de oferentes”.
Lo anterior, también busca que los interesados cuenten con el tiempo suficiente para preparar sus ofertas. La ANI apuntó que no hay un límite legal que impida suspender los términos de un proceso de selección, en este caso, el del corredor entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar).
La adjudicación de esta licitación abarca $3,4 billones y según el Ministerio de Transporte, busca beneficiar a casi 400.000 personas en más de 20 municipios. A ello se suma una reducción del 20% en los costos del transporte de carga.
La resolución establece que con dicho aplazamiento se espera “garantizar la concurrencia y participación plural de oferentes dentro de un proceso competitivo, pues a pesar de la extensión del plazo de la fecha de cierre, continuaron recibiéndose peticiones por parte de los interesados, en el sentido de ampliar el término para preparar sus ofertas”.
Cabe mencionar que el pasado 7 de enero el vicepresidente de Estructuración de la ANI, Luis Eduardo Acosta, firmó la prórroga de los términos del proceso hasta el 20 del mes en curso.