El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió extender hasta el 4 de febrero de 2025 la suspensión del proceso judicial interpuesto por la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons y otras empresas, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. La demanda exige una indemnización de $117.000 millones por los presuntos perjuicios derivados de la no adjudicación de la licitación para la emisión de estos documentos.
La suspensión inicial había sido decretada el pasado 3 de octubre de 2024, a solicitud conjunta de las partes, y se extendió hasta el 23 de enero de 2025. Sin embargo, el día anterior a la reanudación del proceso, tanto la Cancillería como la Unión Temporal solicitaron una nueva prórroga, que fue concedida por la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada. Este plazo adicional tiene como objetivo permitir que las partes evalúen la posibilidad de llegar a un acuerdo que retire la demanda y evite un fallo que podría impactar gravemente las finanzas del Estado.
La controversia tiene su origen en la Resolución 7485 de septiembre de 2023, emitida por el entonces canciller Álvaro Leyva, quien declaró desierta la licitación pública 011 de 2023, valorada en $599.651 millones. Thomas Greg & Sons, que lidera la Unión Temporal Pasaportes 2023, asegura que esta decisión les causó significativos daños económicos, ya que era la única firma habilitada en el proceso y había sido la encargada de emitir estos documentos en años anteriores.
Este caso también llevó a la Procuraduría General de la Nación a destituir e inhabilitar por 10 años al excanciller Leyva, argumentando que violó los principios de la contratación estatal al dejar sin adjudicar el contrato. La gestión de Leyva, que rechazó en su momento una conciliación con Thomas Greg, contrasta con la postura más conciliadora del actual canciller, Luis Gilberto Murillo, quien ha manifestado disposición para alcanzar un consenso que evite un costoso litigio para el país.
La nueva prórroga evidencia la complejidad de las negociaciones entre las partes y la trascendencia de este proceso judicial, que mantiene en vilo la resolución del conflicto y la continuidad de los servicios de emisión de pasaportes en Colombia.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló la petición presentada conjuntamente por la Cancillería y la multinacional Thomas Greg and Sons:
