El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, escaló su conflicto con el Estado colombiano presentando una demanda de gran envergadura ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La disputa surge tras la intervención forzosa de Sanitas EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de abril de 2024. Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, que controlan Keralty, alegan que esta medida "constituyó un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general".
Los accionistas sostienen que el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente sus compromisos, específicamente falta de garantía de suficiencia financiera del sistema de salud y cálculo insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El grupo Keralty señaló que realizaron todos los esfuerzos por establecer contactos con el Estado colombiano para una resolución amistosa que asegurase el cumplimiento del gobierno con sus obligaciones de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos, por tal motivo se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales "correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados".
De igual manera, los recursos obtenidos tendría como resultado reforzar las operaciones de la compañía, proteger los empleos de los colaboradores, garantizar la calidad de atención para los usuarios y salvaguardar la sostenibilidad y el valor patrimonial de la empresa.
La cuantía de la demanda asciende a 1.200 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 5.2 billones de pesos colombianos. En el comunicado, Keralty manifestó un compromiso significativo: en caso de obtener una indemnización, destinarían la totalidad de los recursos al fortalecimiento de EPS Sanitas.