Modificar el régimen simple de tributación, de tal forma que dentro de una sola factura las mipymes puedan pagar los aportes en seguridad social de sus trabajadores y descontarse el 25% del pago en salud sobre el valor del impuesto a pagar, es una de las tres medidas propuestas en un proyecto de ley de alivio para las empresas colombianas.

Teniendo en cuenta el impacto económico que ha producido la pandemia en las empresas colombianas, la representante por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, presentó un proyecto de ley con el apoyo de Armando Zabaraín (Partido Conservador) y John Jairo Cárdenas (Partido Social de Unidad Nacional, La U), compuesto por medidas que buscan que las empresas de todos los tamaños tengan mayor flujo de caja, acceso a las compras públicas e incentivos para formalizarse.

“Este proyecto de ley es el resultado de un ejercicio riguroso de recoger las principales necesidades que aquejan a los empresarios y comerciantes del país. Por eso, presentamos tres medidas concretas y efectivas para aliviar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas”, explicó Ortiz.

Formalización

En el punto de la formalización, la iniciativa también amplía hasta el 31 de marzo el plazo para inscribirse al régimen simple (actualmente es el 31 de enero) y se plantea que los concejos municipales puedan adoptar una tarifa consolidada del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en cualquier momento. Todo esto beneficiará no solo a las empresas que ya están inscritas, sino que será un incentivo para que más empresas y negocios se formalicen.

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En la exposición de motivos, los congresistas enuncian que, “se hace necesario crear una suerte de sub-régimen, todavía más simplificado, en el que legalmente se dé la posibilidad a los micronegocios de entrar a la formalidad con un único pago y trasladar los costos de transacción o la necesidad de cruzar los aportes entre entidades al Gobierno nacional, quien es el que tiene todas las herramientas para lograrlo y como en este momento sucede con los municipios”.

“Expuesta esta necesidad de realizar una simplificación mayor y más incluyente en términos de pagos que realizan las micro y pequeñas empresas, la propuesta de este proyecto de ley es crear un apartado especial dentro del régimen simple que sea para las empresas con menores ingresos, para que a estas se les dé la posibilidad de que además de poder incluir el pago de seguridad social en el recibo de pago y descontar un porcentaje de este aporte en el impuesto efectivamente pagado, para que de esta forma se invierta el análisis de costos-beneficios, dando como resultado una decisión de ingresar al régimen e incrementar el recaudo tributario nacional”, explican.

Así las cosas, el proyecto propone modificaciones en el Estatuto Tributario como “abrir la posibilidad de que los empresarios contribuyentes del régimen simple no solo puedan descontarse los aportes de pensiones en los anticipos bimensuales sino, además, que puedan descontarse un 25% de los aportes en salud realizados al Régimen de Seguridad Social”.

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Además, “para facilitar el proceso de pago de las diferentes obligaciones que tienen las empresas, así como reducir costos de transacción y centralizar operaciones, se propone integrar por un solo medio el pago del recibo del simple con la planilla PILA correspondiente a salud en la Seguridad Social.

“Para lo anterior”, agregan, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) “recaudará los aportes a seguridad social y tendrá la obligación de transferir dichos aportes a las administradoras del Régimen de Seguridad Social”.

Compras e IVA

El articulado llevado al Congreso la semana pasada incluye un aparte para facilitar el acceso a las compras públicas.

Según los congresistas, históricamente el acceso de las mipymes a la contratación con el Estado ha sido limitado y una de las razones es el pago que se debe hacer del Registro Único de Proponentes (RUP), cuyas tarifas no son diferenciadas por tamaño de empresa y que para los micronegocios pueden ser cinco o seis veces más costosas de lo que normalmente pagan en las cámaras de comercio por otros trámites.

El proyecto propone que los costos asociados a la inscripción, renovación, actualización y otros trámites del RUP sean diferenciados según el tamaño empresarial; así se reduce aproximadamente 70% del costo para las empresas pequeñas y 45% para las medianas. También se plantea un descuento de 30% en la renovación de matrícula para las empresas que inicien contratación con el Estado en dos ocasiones y 15% adicional para quienes al siguiente año vuelvan a contratar al menos dos veces.

De otra parte, se formula la ampliación del plazo del pago del IVA, proponiendo separar los momentos de declaración y pago del IVA de tal forma que una empresa pueda declarar a la DIAN lo que debe pagar, pero tenga un tiempo suficiente para obtener el dinero necesario para cumplir con su obligación. Esta medida busca que las empresas no tengan que pagar el IVA antes de haber recibido el pago por parte de sus clientes, como muchas veces sucede. Así tendrán mayor liquidez y flujo de caja.

En resumen, señalan los congresistas, el proyecto de ley tiene como principal finalidad contribuir al arduo proceso de reactivación económica del país, entendiendo esta situación como un asunto complejo de alto interés público y de relevante relación con otras problemáticas, tales como la pobreza o la salud individual; la reactivación económica se convierte entonces en esa meta necesaria y trazada por el Gobierno para recuperar a largo plazo una senda económica de crecimiento que permita mitigar los problemas públicos de mayor importancia.