Varios han sido los cambios que aceptó el presidente Petro propuesto por el fiscal General Francisco Barbosa al proyecto de humanización carcelaria, en un encuentro que sostuvieron ayer en la Casa de Nariño. En consecuencia, seguirán siendo delitos la injuria, la calumnia, el incesto y la inasistencia alimentaria.

Con esta iniciativa el Gobierno busca modernizar y humanizar la política criminal y penitenciaria para que las cárceles se conviertan en espacios de vida, educación y dignidad, así como atender sentencias de la Corte que determinó la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la violación a los derechos de los reclusos por situaciones como el elevado hacinamiento.

En la reunión estuvieron presentes, además, el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la jefa del Gabinete, Laura Sarabia; y la vicefiscal, Martha Mancera.

Además, del proyecto de humanización carcelaria el Fiscal General ha planteado observaciones a iniciativas de ley y decretos que ha expedido el Gobierno dentro de su política de paz, como la ley de acogimiento a la justicia de los grupos criminales de alto impacto, así como la solicitud para suspender órdenes de captura a integrantes de la primera línea para que trabajen en las regiones contra la conflictividad.

En lo que respecta al proyecto de acogimiento a la justicia por parte de los grupos criminales de alto impacto, se acordaron ajustes en el sentido que no habrá beneficios a personas que participen en la cadena del tráfico de sus sustancias ilícitas, que era una de las preocupaciones de Barbosa, quien alertó que en la iniciativa de ley se beneficiaba al narcotráfico.

“Lo que se acuerda es que no haya ningún beneficio a importadores ni a vendedores ni a productores de sustancias estupefacientes en Colombia, sino sólo al pequeño cultivador, que era el origen de esa disposición”, dijo el Fiscal General.

Barbosa, de igual manera, recalcó que “se llegó a la conclusión de que, efectivamente sólo se va a limitar en la ponencia de ese proyecto el tema de pequeños cultivadores en lo relativo a cultivos. Nada que tenga que ver con importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína y heroína u otras drogas”.

Agregó el funcionario que “aquellos que quisieron incluir esto, quedan sin esa herramienta, porque Colombia no va a permitir que se beneficie de ese modo esa cadena del narcotráfico, y en eso coincidimos con el presidente de la República”.

Diálogo permanente

A pesar de las diferencias que ha tenido el Gobierno con el Fiscal General por sus críticas a varias de sus iniciativas en materia penal, el presidente Petro y Barbosa se han reunido en varias oportunidades para buscar salidas.

El Fiscal señaló en días pasados en una conferencia en Santo Domingo, República Dominicana, sobre el proyecto de ley de sujeción a la justicia que ya está en el Congreso, que “el Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto”.

Agregó Barbosa en esa oportunidad que “como Fiscal General no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”.

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Frente a dichas afirmaciones el presidente Petro respondió en esa oportunidad que “es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El Fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”.

En el encuentro del día de ayer el jefe de Estado le ratificó al Fiscal que el proyecto de sujeción tiene el propósito de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico.

De hecho, “el proyecto contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis a ocho años, de acuerdo al grado de responsabilidad individual, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio; y un periodo de cuatro años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración”, señaló la Casa de Nariño.

De igual modo, se acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, el jefe de Estado y el fiscal Barbosa acordaron fortalecer esfuerzos en materia de operaciones de interdicción. En este sentido, refrendaron continuar las reuniones semanales entre delegados de la Fiscalía y de la Fuerza Pública para consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas.