Esta alternativa contribuiría a “garantizar alimentos para las poblaciones más vulnerables sino la viabilidad económica de nuestros productores”, según presidente de la SAC

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Impulsar los mecanismos de compras públicas de alimentos por parte del Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías permitiría garantizar el acceso de los productos a las poblaciones vulnerables y mejoraría la situación económica de los productores del campo, en medio de la crisis generada por la propagación del coronavirus, consideró el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.

“Difícil la situación de nuestros productores de carne de cerdo, papa, zanahoria, ajo, lechuga, pera, entre otros, porque la reducción del consumo en los hogares genera un detrimento en el ingreso de ellos. Los mecanismos de compras públicas del Gobierno nacional, las alcaldías y las gobernaciones (si se realizan de manera directa sin intermediarios, con los productores) no solo contribuyen a garantizar alimentos para las poblaciones más vulnerables sino la viabilidad económica de nuestros productores”, expresó el líder gremial.

Las compras públicas de alimentos son descritas por la FAO, como aquellas iniciativas que pretenden un canal de comercialización a los pequeños agricultores, eliminando las principales barreras de entrada a los mercados de compra. Actualmente en el Congreso se tramita un proyecto de ley que establece que por lo menos un 10% de esa bolsa pública de compra de alimentos se adquiera directamente a los campesinos.

Línea de crédito

El Gobierno anunció la semana pasada la puesta en marcha de la “Línea de Crédito Colombia Agro Produce” por $1,5 billones, que busca permitirles a los productores del campo obtener recursos para continuar sus actividades productivas y así, abastecer de alimentos a los colombianos en medio de la crisis.

El presidente Duque afirmó que una de las obsesiones del Gobierno es lograr el acceso a créditos para los productores del campo. En el actual Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la Covid-19, se busca mediante instrumentos financieros garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento o de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.

“Quiero agradecerle a toda la cadena de abastecimiento y a los campesinos que trabajan, se esfuerzan y permiten que en esta cuarentena nacional tengamos el alimento en la casa de los colombianos”, dijo el presidente Duque.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, indicó que con el objetivo de mantener la producción agropecuaria y promover el abastecimiento de alimentos, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) aprobó esta línea, que cuenta con un plazo de 3 años y máximo uno de gracia. La tasa de interés para el pequeño productor es de DTF-1%, equivalente al 3,5% y para el mediano y grande del 4,5%.

A esta línea se puede acceder a través del Banco Agrario de Colombia, como de cualquier otra entidad financiera. Los recursos se pueden utilizar para cubrir necesidades de capital de trabajo para la compra de insumos, el sostenimiento de la producción, la transformación y generación de valor agregado, así como la comercialización de la producción agropecuaria, explicó el ministro Zea.

Así mismo, el funcionario informó que gracias al Decreto 486 expedido el pasado 27 de marzo se pondrán en marcha otras medidas para garantizar la liquidez de los productores, como facultar al Banco Agrario de Colombia y al Fondo para Financiamiento el Sector Agropecuario (Finagro), como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a los productores agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y de mora. Esto para pequeños y medianos productores, destacó Zea Navarro.

También se determina, que el Ministerio podrá otorgar a los productores afectados por las causas de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, un apoyo para cubrir los costos y gastos financieros asociados a las operaciones de crédito agropecuario.

Además, el Decreto determina modificar el artículo 2 de la Ley 302 de 1996, para incluir la presente Declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; de esta manera, los pequeños y medianos productores afectados en sus ingresos a raíz de la emergencia serán tenidos en cuenta en el Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA).

Según dijo el ministro Rodolfo Zea, parte del compromiso con el sector agropecuario es facilitar mecanismos financieros para apoyar a los productores rurales, ayudar a los más vulnerables y darle liquidez a quienes están cultivando alimentos para todos los colombianos y con ellos, garantizar la seguridad alimentaria.