La discusión de las grandes reformas como a la salud y la pensional, ha hecho que pasen desapercibidas otras iniciativas, al punto que muchos dicen que el Congreso no está haciendo nada contra la corrupción.

Para el director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández, los congresistas sí están trabajando en el tema, y se espera el momento adecuado para radicar las iniciativas, después de la coyuntura de las grandes reformas.

EL NUEVO SIGLO: Hay una serie de reformas en diferentes materias, pero escasean en lucha contra la corrupción. ¿Qué explicación tiene?

GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTES: Lo que hemos identificado es que sí hay un interés de parte de distintos congresistas de poder impulsar iniciativas anticorrupción, sin embargo es muy posible que varias de estas estén demoradas en avanzar, incluso en radicarse, justamente por la agenda de varios otros proyectos grandes que hay en este momento.

Hay uno en particular, en el cual hemos insistido que debería incorporar los componentes anticorrupción, es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay unos artículos, por ejemplo, asociados al fortalecimiento del acceso a la información pública, hay una propuesta de estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción para el sector defensa. Y hay otras varias cosas que están ahí que podrían armar una agenda de temas anticorrupción, pero que ya será cuestión de ser implementada una vez se apruebe el Plan de Desarrollo.

En paralelo a eso el proyecto del Plan de Desarrollo tiene varios otros elementos que podrían analizarse desde el punto de vista transparencia y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, de las alianzas público - populares o la creación de fondos por parte del Gobierno.

Digamos que ahí va avanzando y hay un nivel de conversación con miembros del Congreso alrededor de estos temas.

Ahora bien, iniciativas propiamente dichas en materia anticorrupción se hundió una muy importante que era la reforma política. En el marco de la iniciativa hubo varios elementos que incluso ‘Transparencia por Colombia’ comentó, por ejemplo, sobre la rendición de cuentas pública de las campañas o el régimen que se propuso de 100 % de financiación estatal, y otros aspectos.

Al caerse la reforma política quedarían pendientes unos temas de transparencia y anticorrupción en el sistema político, que ya sabemos que es difícil que avance, por lo menos este año, pues por la agenda electoral del segundo semestre los temas de política son muy difíciles de discutir en caliente, por decirlo de alguna manera.

Y luego hay otros temas que sí consideramos, habrá que ver en qué momento se logran impulsar, en particular el proyecto de ley sobre protección a denunciantes de actos de corrupción, que es un tema que el Gobierno ha venido abordando en distintos espacios; que también tienen mucho interés distintos miembros del Congreso, y que sabemos que se está preparando un texto al respecto, y esperamos que ojalá se logre encontrar el momento oportuno para radicar. Y luego más iniciativas.

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Estamos revisando también desde la perspectiva de transparencia y lucha contra la corrupción, la iniciativa sobre humanización de la política penitenciaria, que puede tener unos ángulos importantes para la lucha contra la corrupción.

De repente el tema no ha logrado tener tanta visibilidad y atención, pero sí hay iniciativas que van avanzando en este momento.

ENS: Ustedes llaman la atención en lo aprobado en el Plan de Desarrollo sobre un artículo que atañe a la ‘disolución de entidades sin ánimo de lucro’, ¿cuál es la preocupación?

GAHM: Este tema es muy importante porque en lo que se plantea en ese artículo, si bien las entidades sin ánimo de lucro tenemos, nos incluimos ahí porque somos una entidad sin ánimo de lucro, que cumplir con unos requerimientos para nuestra constitución, nuestra personería jurídica y la renovación de nuestro registro cada año, en este artículo se estaría haciendo mucho más expedita la disolución y liquidación de este tipo de organizaciones si no se renueva su registro cada año.

Y ese es un tema que a la luz de estándares internacionales que plantean que la disolución de las entidades desde la intervención del Estado solamente se debe hacer cuando hay una situación grave, nos referimos a la violación de los derechos humanos, un delito o algo por el estilo, pues el artículo va en contravía de lo que plantean estos estándares, y sabemos que hay muchas organizaciones que están pasando por situaciones difíciles, muchas en territorios de conflicto que no tienen la capacidad y el recurso de renovarse cada año.

Y entonces si esto significa que automáticamente las van a liquidar y disolver, pues estaríamos haciendo más difíciles las condiciones para que la sociedad civil pueda participar, asociarse y organizarse.

ENS: El proyecto del Plan de Desarrollo da la posibilidad a organizaciones comunitarias de contratar con el Estado para hacer pequeñas obras, como caminos. Algunos consideran que ahí los corruptos podrían aprovechar. ¿Qué piensa Transparencia por Colombia?

GAHM: Cualquier nueva modalidad de contratación pública debe ser analizada desde el punto de vista de los riesgos y, por supuesto, en materia de riesgos de corrupción, y esto es normal que suceda en la medida en que los sistemas de contratación pública también van evolucionando en el tiempo. Una de las evoluciones recientes que tienen distintos gobiernos del mundo es que el sistema de contratación pública sirva también para democratizar el gasto público.

Entonces este planteamiento de las alianzas público - populares no es ajeno a una discusión que es incluso sana en términos de cuáles son las funciones de un sistema de contratación.

Nuestro análisis es que, y es lo que le hemos recomendado al Congreso al discutir esta figura, por un lado se puedan garantizar los mecanismos que permitan verificar que las organizaciones que accederían a este tipo de modalidad de contratación, en efecto correspondan a las poblaciones o las organizaciones de economía popular que están descritas ahí, por ejemplo, comunidades indígenas, juntas de acción comunal, comunidades afrocolombianas. En la medida en que habría que evitar que estas organizaciones fueran cooptadas por carteles de contratistas.

En segundo lugar, también dándole capacidades a las administraciones locales, en particular en los municipios, para poder gestionar estos contratos y hacerlos visibles. En nuestro análisis lo que se está planteando de abrir una nueva modalidad de contratación, es que no estaría exenta de mecanismos de transparencia en información y rendición de cuentas.