Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, y la aceptación de cargos que de manera libre y voluntaria hicieron los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar) los condenó a 25 años y 6 meses de prisión por su participación en la planeación, financiación y logística del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini.
La investigación demostró que los dos sentenciados sostuvieron varias reuniones con otros involucrados en el homicidio para proveerlos de insumos y ultimar detalles. Asimismo, quedó acreditado que dispusieron de 1.600 millones de pesos para ejecutar la acción criminal en una playa privada de la Isla Barú (Cartagena), el 10 de mayo 2022.
Las pruebas obtenidas indicaron que, para asistir a los encuentros, utilizaron una camioneta gris, la cual fue encontrada durante los procedimientos de captura realizados por investigadores del CTI y de la Policía Nacional, en enero del año en curso.
En ese sentido, el fallo declaró a los hermanos Pérez Hoyos responsables de los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado. La pena deberán cumplirla en establecimiento carcelario.
Es importante mencionar que la semana pasada, Francisco Luis Correa Galeano señalado de ser el cerebro del homicidio contra el funcionario paraguayo aceptó de manera libre y voluntaria su participación.
En la investigación se estableció que esta persona fungió como articulador del homicidio, contactó a los sicarios y a las personas que marcaron los movimientos del funcionario judicial, manejó los dineros para garantizar traslados terrestres y hospedajes, y consiguió y entregó el arma usada en el asesinato.
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Correa Galeano reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Pecci, de 45 años, fue asesinado el 10 de mayo del año pasado frente a su esposa embarazada, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, cuando vacacionaban en la isla colombiana de Barú.
El año pasado, medios colombianos y el propio presidente Gustavo Petro habían apuntado a Insfrán y al uruguayo Sebastián Marset, actualmente prófugo, como presuntos autores intelectuales del homicidio de Pecci, aunque ni la justicia colombiana ni la paraguaya formalizaron cargos en su contra.
Especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el fiscal había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la zona conocida como la Triple Frontera, área limítrofe entre Paraguay, Brasil y Argentina.