El domingo se sentaron por primera vez con ánimo de negociación los voceros del Gobierno y del Comité Nacional de Paro. Un documento que entregaron ese día los delegados de las centrales obreras y las organizaciones sociales fue contestado el lunes por los representantes del Ejecutivo.
A continuación, un resumen de las propuestas y las respuestas.
La primera parte se refirió a las garantías para el ejercicio de la protesta.
Medidas inmediatas
• En primer lugar, el Comité pidió no declarar el estado de conmoción interior, y retirar al Ejército y al Esmad del control de las protestas.
El Gobierno replicó que de las 7.531 actividades efectuadas entre el 28 de abril y el 16 de mayo, 86% fueron pacíficas en las que la Fuerza Pública garantizó el derecho a la protesta; y que no se hará uso de la figura de conmoción interior si no es estrictamente necesario.
• Se pidió que el presidente Iván Duque condene explícitamente los abusos de la Fuerza Pública; y que el ministro de Defensa, Diego Molano, presente “disculpas públicas” por el uso excesivo de la fuerza.
Se respondió que el presidente Duque no tolera ningún abuso por parte de miembros de la Fuerza Pública, y que precisamente el 11 de mayo anunció el inicio de 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, ocho por homicidio, 19 por otras conductas, así como habló de 10 investigaciones en la Procuraduría, 20 en la Fiscalía y seis en la Justicia Penal Militar.
• El Comité planteó que se rectifique públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal” y “terrorismo vandálico” usadas por el Gobierno nacional y la Fuerza Pública.
El Gobierno manifestó que ha expresado públicamente su respeto a la protesta pacífica y que la movilización ciudadana no ha sido objeto de estigmatización por parte del Gobierno. Agregó que rechazar la violencia y el vandalismo no equivale a estigmatizar la protesta.
• También se conminó al Gobierno a adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la Fuerza Pública contra las mujeres en el marco de las protestas.
Enunció el Gobierno que las órdenes a los policías son claras y el respeto a los derechos se encuentra transversal o en todas las actividades policiales, reiterando que actos de esta naturaleza son delitos y son enfáticamente rechazados por el Gobierno.
• Demandaron desde el Comité que el Gobierno establezca un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación.
Mencionó la respuesta que dentro del ordenamiento jurídico colombiano ya se garantiza la reparación integral a las personas que han sufrido una vulneración en alguno de sus derechos y que explorar cualquier otro mecanismo implicaría el trámite de un proyecto de ley ante el Congreso.
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Verificación de garantías
• Aceptar de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar en terreno la situación en el entorno de las protestas, fue lo primero planteado en esta parte.
Observó el Gobierno que “aspectos centrales de la respuesta a este punto están sometidos a reserva de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política”.
• Se señaló de parte del Comité la implementación del “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”.
Se argumentó desde el Gobierno que el Ministerio del Interior expidió el 19 de octubre la Resolución 1139 de 2020 en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “por lo cual se expide el protocolo que a corto plazo incluye las medidas más urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente”.
• Consideró el Comité la creación inmediata en la Fiscalía de una unidad especial para que investigue todos los hechos de violencia cometidos por la Fuerza Pública que “por tratarse de delitos claramente contrarios” a su función constitucional deben ir a la justicia ordinaria.
Replicó el Ejecutivo que se acoge a la colaboración armónica entre los poderes públicos, por lo que la creación de esa unidad “escapa al ámbito funcional del Gobierno”, pero puede ser abordada cuando se convoque la mesa nacional de evaluación de las garantías para las manifestaciones públicas, de la cual hace parte la Fiscalía.
• Que la Procuraduría ejerza poder preferente para asumir todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas, fue otro de los puntos.
Reiterando la colaboración armónica entre los poderes públicos, el Gobierno alegó que las propuestas pueden ser llevadas a la mesa nacional de evaluación de las garantías para las manifestaciones públicas.
• Por último, en esta parte, se propuso la activación inmediata por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) de un dispositivo de rendición de cuentas sobre los mecanismos de búsqueda, el número e identidad de las personas encontradas con vida y las investigaciones que se han abierto por las agresiones sufridas por estas personas.
Se respondió que la CBPD sesionó el 11 de mayo acordando informar semanalmente las actualizaciones y resultados.
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A corte del 17 de mayo “se localizaron 261 personas que habían sido reportadas como no localizadas. El 10 de mayo se informó de 227 y a la fecha se localizaron otras 34. Se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente de 134 casos”.
Ya existe una denuncia formal por el delito de desaparición relacionada con las protestas, caso que cuenta con fiscal delegado y un equipo de investigación.
Ajustes normativos
• Se reclamó “acatar sin reparos” las órdenes de la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre.
Contestó el Gobierno que “ha acatado sin reparos la sentencia” y que, tras “un trabajo sin pausa de tres meses”, expidió el Decreto 003 del 5 de enero de 2021, es decir el "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana".
• Formuló el Comité la necesidad de establecer una comisión de trabajo para acordar las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previsto en el punto 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo de paz.
Para el Gobierno, el ya mencionado Decreto 003 “contempla todas las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previsto en el punto 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo de paz”.
• En el documento del Comité se planteó “un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional”.
El Gobierno reiteró su apertura para que el proyecto de ley 364 de 2020, radicado el 25 de noviembre en el Congreso y que está listo para segundo debate en la plenaria del Senado sea ampliamente debatido mediante audiencias públicas.
Negociación
Los planteamientos de la segunda parte del documento del Comité consistieron en seis puntos referidos a garantías para las mesas de negociación, que el Gobierno respondió con un solo argumento.
• El primer punto, tal como se empezó a desarrollar, es el de garantías que permitan detener la violencia “para que una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones”.
• Acordar una mesa de negociación con jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas.
• El inicio del proceso de negociación no implica la suspensión de las movilizaciones.
• “Continuaremos acordando corredores humanitarios”.
• La negociación será acompañada por la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas.
• Un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación será protocolizado con la presencia del presidente Duque en la mesa de negociación.
El Gobierno sostuvo que como “aún no hay consenso para instalar formalmente una mesa de negociación, consideramos que, abordar el tema de garantías para la mesa deberá hacerse una vez esta sea instalada”, reiterando la exigencia del “levantamiento inmediato de todos los bloqueos”.