La agenda legislativa tiene una especie de ‘freno de mano’ por cuenta de la dilatada y caótica crisis ministerial, que mañana cumple un mes. Aunque ya se aplicaron nueve relevos en el gabinete, más los cuatro registrados en diciembre y enero, aún no termina el remezón. Este lesivo e inédito escenario de interinidad gubernamental, que se extendió a otras entidades del orden nacional, ha llevado a que el trámite de la mayoría de los proyectos de ley y acto legislativo se encuentre prácticamente paralizado en plenarias y comisiones. De poco sirvió citar al Parlamento a unas improvisadas sesiones extraordinarias antes de que comenzara el periodo normal, el 16 de febrero.

Como si lo anterior fuera poco, en las últimas semanas se suscitaron hechos que impactan la ecuación de las bancadas parlamentarias y los bloques oficialista, independiente y de oposición. De un lado, el Partido Liberal oficializó su salida de la coalición petrista, en tanto que se ahondó el cisma en la Alianza Verde entre sectores gobiernistas y críticos, al punto que seis congresistas pidieron al Consejo Nacional Electoral viabilizar su escisión. A ello debe sumarse la renuncia de senadores como Humberto de la Calle, David Luna o José Alfredo Marín, en tanto que algunos representantes también dimitirán. Es seguro que varios buscarán terciar en la tempranera campaña presidencial.

Más complicado aún es que de oficio, en desarrollo de investigaciones en curso o por remisión de expedientes de la Fiscalía, casi sesenta congresistas quedaron en la mira de la Corte Suprema de Justicia en el marco de varios escándalos y denuncias de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, de infiltración en altas esferas de la DIAN, Policía y hasta de la Casa de Nariño de la red de contrabando de alias ‘Papá Pitufo’.

Para completar este preocupante panorama, sin recato alguno el Gobierno decidió, por intermedio del cuestionado nuevo ministro del Interior, redoblar su espuria estrategia de romper la disciplina de partidos como la U, Liberal y Conservador, mediante el ofrecimiento de cuotas ministeriales y burocráticas a grupúsculos de parlamentarios para allanar apoyos que salven reformas como las de salud y laboral, o el proyecto que abre paso al transfuguismo partidista.

Visto todo esto, se entiende por qué el ritmo legislativo ha sido extremadamente lento. De hecho, la discusión sobre el nuevo sistema de salud está paralizada en la plenaria de la Cámara, en donde una parte de las mesas directivas condiciona la reanudación del debate a un fallo de acción de tutela pendiente en torno a la naturaleza ordinaria o estatutaria de la iniciativa. También se urge al Gobierno cumplir sin esguinces los autos de la Corte Constitucional para ajustar la Unidad de Pago por Capitación y acelerar los giros a las EPS de recursos por concepto de “presupuestos máximos”. El desfase en estas dos instancias tiene al sistema de atención médica al borde del colapso financiero, una creciente escasez de medicamentos y la parálisis de servicios.

No es mejor la ruta para el proyecto de reforma laboral que debe ser asumido, en tercer debate, por la Comisión Séptima de Senado, en donde no solo tiene un escenario partidista adverso sino que, además, crecen las alertas gremiales y de expertos en torno a que dicha iniciativa disparará la informalidad, presionará al alza el desempleo (hoy ya en 11,6 %) y significará un golpe muy grave a los costos de nómina y la supervivencia empresarial.

Tampoco ha empezado en forma el proceso para uno de los principales retos legislativos del año: la confección de la Ley de Competencias que debe definir, acorde con la aprobada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), qué gastos pasarán de la Nación a los departamentos y municipios. Un proceso impactado ahora por la llegada del proyecto que plantea convocar un referendo de autonomía fiscal regional.

En la agenda del Senado y la Cámara también hacen fila iniciativas como la reglamentación de la Jurisdicción Rural y Agraria o el mismo proyecto que facilita el trasteo partidista de cara a los comicios para 2026, entre otras.

De otra parte, se frustraron algunas propuestas de moción de censura debido al recambio ministerial, en tanto que hay un alud de debates de control político represados: crisis en el Catatumbo, ola de violencia en otras regiones, coletazos en el alto gobierno por escándalos como los de ‘Papá Pitufo’ o en las EPS intervenidas, el agravamiento de la crisis en salud o el riesgo de apagón energético…

Como se ve, pese a que el Congreso lleva varias semanas sesionando, su productividad deja mucho que desear. Todo esto mientras el país no encuentra salida viable a un escenario cada vez más crítico y desinstitucionalizador.