- Un debate que puede esperar
- Discusión a nivel internacional
En medio del alud de análisis sobre cómo enfrentar el coletazo socioeconómico de la crisis global por la pandemia del Covid-19 una de las discusiones más recurrentes es la referida a si los Estados deben crear un mecanismo asistencial que garantice un “Ingreso básico mensual” a las familias más pobres y vulnerables. También denominada “Renta básica universal”, muchos gobiernos de distintas latitudes han acudido a crear figuras parecidas, excepcionales y temporales, que tienen por objeto entregar determinadas sumas de dinero a los hogares más vulnerables, cuyos ingresos se han visto fuertemente impactados por cuenta de las cuarentenas, la parálisis laboral y demás restricciones productivas que se han implementado para frenar la curva de contagios y decesos por este coronavirus.
En el caso de Colombia, por ejemplo, además de la entrega de subsidios a través de programas permanentes como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor, se activó en medio de la emergencia el llamado “Ingreso Solidario”, destinado principalmente a las personas que no son beneficiarias de ninguno de los mecanismos antedichos. De hecho, en apenas cinco semanas el Gobierno Nacional, a través de ese programa benefició a dos millones de personas con dos giros de $160.000 cada uno y está pendiente un tercero el próximo mes.
Precisamente con base en esta experiencia es que desde distintos sectores políticos, económicos y sociales de nuestro país se está proponiendo que en Colombia se avance hacia la creación de esa figura de “Renta básica universal”, bajo la tesis de que un mecanismo de asistencia socioeconómica de estas características sería la fórmula para reducir de forma más rápida y definitiva la desigualdad y los índices de pobreza e indigencia. Y en ese orden de ideas se podría dar pie a un esquema más ágil y efectivo de redistribución del ingreso y la plusvalía nacional.
La propuesta, como es apenas obvio, ha generado una polémica entre los expertos, especialmente en tres aspectos. El primero apunta a que no es realista proyectar hacia futuro medidas de corte excepcional y con un alto impacto fiscal, como las que se están poniendo en práctica en esta emergencia sanitaria. Difícilmente un Estado como el colombiano podría sostener en el tiempo el valor de un programa que permita entregarles mensualmente determinada cantidad de dinero a las familias más pobres, además de los subsidios ya existentes.
En segundo lugar se encuentran los análisis que señalan que la “Renta básica universal” es una figura de corte un poco arcaico, muy propia de los gobiernos y programas económicos del socialismo, precisamente un sistema político que ha demostrado su poca eficacia a nivel global y que tuvo en Latinoamérica su última evidencia de inviabilidad, como lo prueba la crisis del llamado eje del “Socialismo del siglo XXI”, a partir de la otrora poderosa diplomacia petrolera del chavismo.
En tercer término, hay expertos que consideran que Colombia no necesitaría avanzar en estos momentos hacia esa figura de “Renta básica universal” ya que cuenta con un sistema de subsidios directos e indirectos muy profundo y estructurado, a través de los cuales anualmente se destinan más de 70 billones de pesos, es decir la tercera parte del presupuesto general de la Nación. Subsidios que van destinados a vivienda, alimentación, educación, servicios públicos, inversión social prioritaria, asistencia a la vejez, salud…
Precisamente ayer, en declaraciones a varios medios de prensa, el Ministro de Hacienda indicó que si bien esta es una figura que constituye un paso hacia adelante en materia de política social, no es este el momento de pensar en sustituir el esquema de subsidios y asistencia ya consolidado. Además para que funcionara se requeriría de una identificación muy precisa de las características socioeconómicas de sus hogares y una información muy detallada en muchas órbitas. Sin embargo, no le cerró la puerta al tema.
A nivel internacional, como se dijo, este es un debate que también está encendido en estos momentos. La Cepal, por ejemplo, propuso días atrás a todos los países de América Latina y el Caribe avanzar en esa dirección, en tanto que en otras latitudes ya hay propuestas en torno a la forma en que pueden volverse permanentes las ayudas socioeconómicas que se implementaron durante la fase crítica de la pandemia.
Por ahora es claro que para países como Colombia la prioridad continúa siendo enfrentar la emergencia sanitaria. Ya habrá tiempo para analizar qué ajustes se le pueden hacer a la política de inversión social y si antes de avanzar en una mejor focalización de los subsidios directos o indirectos, lo mejor sería virar hacia la figura del “Ingreso básico universal”. Es una discusión muy compleja que no se puede dar a la luz de una coyuntura tan difícil como la actual.