LA COMISIÓN de Investigación y Acusaciones de la Cámara se convirtió en un nuevo campo de batalla de la crisis política, agravada en la última semana por las irregularidades en las investigaciones a las exempleadas de la entonces jefe de Gabinete, Laura Sarabia, así como por los polémicos audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, diciendo sobre supuestas anomalías en la financiación de la campaña de Gustavo Petro.
Solo el pasado lunes se radicaron tres denuncias contra el jefe de Estado en esta célula legislativa, tras conocerse explosivas afirmaciones de Benedetti, en ese momento embajador en Venezuela, quien en una conversación con Sarabia se manifestó molesto porque el Gobierno no le daba la importancia que él considera merece. En ese contexto dijo que consiguió $ 15.000 millones en la costa Caribe para la campaña, pero advirtió que “en el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa... ¡nos vamos presos!”.
Una de las denuncias en la Comisión de Acusación fue del excandidato presidencial Federico Gutiérrez por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.
“Los audios de Armando Benedetti van confirmando lo que ha sido un secreto a voces: que el éxito electoral de Petro se debe también a un pacto con los politiqueros y corruptos, y probablemente narcotraficantes”.
Otra denuncia radicó el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien afirmó que “estamos ante el escándalo político más grande de la historia y solo se compara con el proceso 8.000”. Consideró que “hay indicios de una serie de delitos que ponen en riesgo la democracia y la legitimidad del Gobierno”.
Una tercera denuncia ante la Comisión interpuso el representante Miguel Polo por los audios que corresponden a Benedetti, donde revela que “recogió $15.000 millones que después metió a la campaña. Esto es muy grave porque no sabemos la procedencia de estos recursos y la finalidad de estos recursos”, expresó el parlamentario.
Agregó que se suma las declaraciones de Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del Gustavo Petro, quien dijo que este “recibió dineros de narcotraficantes en la costa Caribe para manejar la campaña presidencial”, subrayó el Congresista.
De antemano hay varias investigaciones en esta célula legislativa contra Petro, al menos nueve que se trasladaron de la Corte Suprema por motivos de competencia al asumir la jefatura de Estado. Algunas datan de cuando fue alcalde de Bogotá.
Como jefe de Estado ha sido denunciado en distintas oportunidades ante esta instancia, por ejemplo, por prevaricato por supuestamente interferir en las investigaciones contra el ‘Clan del Golfo’, cuando el mandatario reclamó a la Fiscalía porque presuntamente no atendió las denuncias de ciudadanos amenazados por ese grupo en Magdalena, que habría dejado cerca de 200 homicidios.
Denuncias contra el Fiscal
También el Pacto Histórico, partido base de la coalición de gobierno, está utilizando el escenario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara como parte de su estrategia política de defensa de la administración de Gustavo Petro.
La bancada de esta colectividad, en donde se arropan fuerzas de izquierda y alternativas, anunciaron ayer en una rueda de prensa que denunciarán al fiscal Francisco Barbosa porque en medio de la controversia, desde hace meses, con el presidente Petro, según el Pacto Histórico “hace un llamado a las fuerzas de Policía a la desobediencia y la insubordinación”.
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Concretamente, el presidente de la Cámara, David Racero, dijo que Barbosa Delgado en una entrevista hablando a los altos mandos de la Policía Nacional, señaló que “no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”.
Racero acentuó que “este llamado irrespetuoso e inconstitucional de Barbosa llevaría a que el director de la Policía, el director de la Dijín y el director de la Sijín, a cometer dos delitos contemplados en el Código Penal Militar: el artículo 99 de insubordinación y el artículo 96 de desobediencia”.
En tanto que la senadora María José Pizarro dijo que “como Pacto denunciaremos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al fiscal Francisco Barbosa, por sus pronunciamientos públicos en los que hace un llamado a las fuerzas de Policía a la desobediencia y la insubordinación.
El fiscal Barbosa ha hecho reparos a varias iniciativas del presidente Petro en el marco de su política de paz, como la ley de sometimiento colectivo a la justicia de los grupos armados de alto impacto.
Esta norma contempla algunos beneficios a los integrantes de esas organizaciones que se acojan a la justicia, como penas de entre 8 y 10 años. Sin embargo, el Fiscal General ha señalado que beneficiaría a narcotraficantes y personas condenadas por graves delitos que podrían recuperar la libertad.
Por otro lado, el presidente Petro en una oportunidad al exigir a Barbosa que le informara los resultados de una investigación por amenazas y crímenes del ‘Clan del Golfo’ en el Magdalena, dijo que, como jefe de Estado, también es jefe del Fiscal General.
Esta afirmación fue rechazada por el Fiscal General y por las altas Cortes, que reclamaron el respeto de la separación de poderes y la autonomía de la rama judicial.
Vale recordar que el Pacto Histórico anunció hace unos días que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares frente a las decisiones sancionatoria de la Procuraduría contra varios de sus parlamentarios.
El presidente Petro apoya la acción que presentará el Pacto, pues recordó que un fallo de esta Corte solicitó a Colombia adecuar su normativa para que los funcionarios de elección popular sean sancionados por un juez. Incluso indicó que decisiones que se han dado por la Procuraduría para, dijo, minar su coalición en el Congreso hacen parta de un supuesto ‘golpe blando’.
La Comisión
La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara está integrada en la actualidad por 18 congresistas: Jorge Tamayo y Wilmer Carrillo por la U; Kelyn González, Jorge Cardona y María Lopera por el Partido Liberal; Juan Carlos Wills, Wadith Manzur y Daniel Restrepo por el Partido Conservador.
También están Carlos Cuenca por Cambio Radical; Katherine Miranda y Olga Velásquez por Alianza Verde; Hernán Cadavid y Óscar Villamizar por el Centro Democrático; Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Jorge Ocampo por Pacto Histórico; William Aljure y Jorge Tovar por las curules de víctimas.
La coalición de gobierno tenía amplía mayorías en esta célula legislativa, sin embargo, se vieron disminuidas por el rompimiento de la coalición, que llevó a la salida de los partidos Conservador y la U, que se declararon independientes.
En este momento la coalición cuenta con los tres votos del Pacto Histórico, dos votos de Alianza Verde y uno de las curules de víctimas.
La oposición cuenta con dos votos del Centro Democrático, uno de Cambio Radical. También votarían eventualmente del lado de este bloque a favor de investigar al presidente Petro, los tres representantes conservadores, uno de la curules de víctimas.
En tanto que no es claro cómo votarían en esta investigación los liberales y la U, pues los primeros salieron de la coalición, pero no han definido su postura ante el Gobierno. Por ello la bancada está dividida.
¿Cómo es el procedimiento?
La Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene entre sus funciones investigar al presidente de la República, el fiscal General de la Nación y magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, por motivos penales o indignidad por mala conducta.
Esta célula legislativa es criticada por los pocos resultados que ha entregado en sus años de existir. Tiene más de un millar de procesos por resolver y no cuenta con la estructura para ser más eficiente, entre otras porque los parlamentarios que la integran no se dedican solamente a esta Comisión.
La investigación a un presidente de la República que más dedicación tuvo en esta Comisión fue a Ernesto Samper en los años 90, por el presunto ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña, que se conoció como el Proceso 8.000.
Al final la Comisión emitió un auto inhibitorio debido a la falta de pruebas. Por ello consideró a Samper “ni culpable ni inocente”.
En cuanto al trámite que se les da a los procesos, la mesa directiva de la Comisión designa un congresista investigador, quien debe llevar a cabo las pruebas que considere necesarias. Luego presenta un informe pidiendo archivar el proceso o abrir investigación formal.
La investigación no tiene un término establecido. Si el investigador presenta solicitud de acusación, la célula hace la respectiva votación, que de ser aprobada pasa a plenaria de Cámara.
Luego la plenaria de Cámara vota el informe acusatorio, si es aprobado transita a la plenaria del Senado.
En caso de que la plenaria del Senado coincida en esta decisión, acusa al presidente, el fiscal o el magistrado ante la Corte Suprema de Justicia, alta Corte que toma la última decisión de archivar o condenar a la persona.