Nuevo aplazamiento del ajuste fiscal
Urge empezar a concretar el consenso
Desde hace ya un tiempo estaba calculado, por lo menos desde el punto de las necesidades presupuestales para los más vulnerables, el impacto de la crisis social y económica derivada de la pandemia. De hecho, la reforma tributaria del Ministro de Hacienda anterior así lo contemplaba, aunque quiso hacer una moñona intempestiva, por demás, sin ninguna sensibilidad política, añadiendo ingentes recursos para la estabilización fiscal y otra serie de medidas drásticas con el fin de resolver problemas financieros de vieja data, sobrecargando a la clase media.
Esto, por supuesto, llevó a la renuncia obligada de todo el equipo económico una vez el Presidente pudo constatar, incluso casi de inmediato, la herida que el propio Gobierno se había auto infringido al soltar semejante bomba fiscal en medio de unas circunstancias sociales ya de por sí altamente traumatizadas por las duras secuelas provenientes, entre otras, de las cuarentenas reiteradas como mecanismo preferente y casi exclusivo contra la propagación del coronavirus. Lo que de antemano había llevado a un inusitado incremento del desempleo y la suspensión o quiebra de un sinnúmero de empresas.
Al mismo tiempo, al inicio de ese escenario explosivo y anarquizante que todavía subsiste en alguna proporción después de más de un mes y medio de paros y protestas, así como del más crudo vandalismo y la insensatez de los bloqueos viales, la reforma tributaria fue retirada del Congreso, no solo por el craso error cometido al no socializarla y consensuarla oportunamente, sino porque tanto la abultada meta de recaudo (25 billones de pesos) como la nueva carga tributaria que planteaba (extensión del IVA a gran parte de la canasta familiar) se estrellaron, como era obvio, contra las telúricas realidades circundantes.
No obstante, como lo dijimos en su oportunidad, hubiera bastado con retirar el más de un centenar de artículos innecesarios e improcedentes de la reforma fiscal, salvaguardando a la clase media. Y haber mantenido el núcleo esencial de gravámenes destinados a sufragar las apremiantes necesidades de los más vulnerables y fondear los programas de asistencia social que ya venían en curso. No fue así.
A pesar de que el Gobierno pensó en recuperar la iniciativa política con ese retiro total de la reforma, en realidad lo que hizo fue simplemente postergar la consecución de aquellos recursos, en unos 14 billones de pesos, a hoy sin fecha fija. De suyo, se había dicho entonces que ello se haría en el término de la distancia, a través de un ajuste acotado a las exigencias inmediatas, pero luego de semanas y semanas ahora se arguye que ya no se presentará el proyecto fiscal en esta legislatura, como se había prometido, sino que se esperará a la siguiente.
Y no solo eso. Ahora nos encontramos ante un escenario en el cual se han perdido los mismos billones de pesos que se pretenden recaudar, a raíz de la fractura económica ocasionada por el paro y en particular por los bloqueos viales. De otra parte, también se perdió la calificación crediticia internacional. Y, como si fuera poco, permanecen congeladas las conversaciones entre los delegados gubernamentales y los del paro para llegar a soluciones concertadas, en buena parte amenazadas de la politiquería ya desembozada por algunos promotores sindicales. A lo que se suma, igualmente, la catástrofe todavía más dramática en los índices actuales del coronavirus.
El nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lleva varias semanas construyendo las bases de esa nueva reforma impositiva. No obstante, si bien en esta ocasión el objetivo es socializarla y consensuarla, no se sabe cuáles son los elementos fiscales que van a aducir, ni cómo va el consenso, al menos en lo que ya está listo. O si el Gobierno, asimismo, va a tomar varios puntos de la reforma anterior. Y eso tampoco es aconsejable.
Para el caso, más bien parecería preponderar un suspenso completamente contrario a la planeación indicativa que obliga la Constitución. Por ejemplo, han sido múltiples las iniciativas positivas provenientes de la empresa privada, a través de gremios como la ANDI, pero hasta el momento el Ejecutivo no ha dado señales afirmativas, aunque fuera en alguna de ellas.
Por otro lado, tampoco se tiene conocimiento de cuáles serán los ajustes de fondo del gasto público inoficioso, ni menos existe un cronograma preciso, con fechas y montos aproximados, de la venta de activos oficiales. Datos que, por el contrario, podrían ser de conocimiento formal por parte de la opinión pública hace tiempo.
Para lograr el consenso se necesita tener un documento inicial claro sobre el cual trabajar. Que es, precisamente, lo que hoy no existe.