Una serie de recomendaciones presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno colombiano para garantizar el desarrollo de la protesta pacífica y prevenir, eventuales, afectaciones a los derechos humanos de quienes protestan por mano de los uniformados de la Policía.
Entre las recomendaciones el Gobierno nacional descartó de entrada la que pide separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.
El informe de la CIDH polarizó aún más las fuerzas políticas del país, especialmente desde la oposición que criticó la postura de la administración Duque; mientras que la coalición del gobierno como era de esperarse respaldó en esto al primer mandatario.
El senador del partido Centro Democrático, Ernesto Macías, dijo que “las recomendaciones de la CIDH son simplemente eso: recomendaciones. La diferencia con otras recomendaciones es que estas tienen un marcado sesgo ideológico”.
Agregó el parlamentario que no hay “ninguna sorpresa en ‘informe’ de la CIDH sobre Colombia. El sesgo ideológico es evidente. Muy grave que no condene los bloqueos, el vandalismo y el terrorismo urbano; es apología del delito. Sugerencias sobre reformas a la estructura del Estado son injerencia indebida”.
En tanto que el exviceministro Rafael Nieto señaló que “CIDH en su informe desconoce la violación de los derechos al trabajo, la libertad y la vida de los colombianos en medio de los bloqueos y pretende que la Fuerza Pública no cumpla con su deber constitucional de garantizar la paz y seguridad de la población”.
En la otra orilla el senador Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia) dijo que “los fascistas que rechazan el informe de CIDH sobre abuso policial en Colombia, son los mismos que aplauden informes contra Venezuela y Nicaragua. Nosotros apoyamos todos sus informes.
Condenamos, por ejemplo, que Daniel Ortega encarcele opositores y candidatos presidenciales”.
Mientras que el representante a la Cámara, David Racero (Colombia Humana - MAIS), dijo que “cuando un Estado deliberadamente incumple las recomendaciones de la CIDH, esta puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en donde se puede declarar responsable al Estado de violaciones a DDHH y ordenar reparaciones o indemnizaciones”.