ESTÁN blindados de la deportación pero no tienen la certeza de alcanzar la ciudadanía norteamericana. Esa es la situación de millones de extranjeros que están desde hace décadas en Estados Unidos y que, con el paso de los años han visto resignadas, una y otra vez, esa posibilidad.

Han sido varios los intentos fallidos por sacar en el Congreso una ley de inmigración integral. Es por ello que se han adoptado disposiciones temporales para amparar de la deportación a un amplio sector de los que permanecen en el país en situación irregular. Entre ellos destacan los “dreamers” (soñadores), grupo conformado por los hijos de inmigrantes ilegales, no mayores de 16 años y que hubiesen llegado al país antes de 2007.

Protegidos por el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la infancia (DACA por sus siglas en inglés) oficialmente hay unos 700.000 jóvenes, la mayor parte de México (81%), seguidos de El Salvador (4%), Guatemala (3%) y Honduras (2%). Sin embargo se calcula que los "soñadores" elegibles para el mismo, roza el millón y medio que, obviamente hacen parte de la población total de casi 11 millones de indocumentados que se estima hay en ese país.

Y fue precisamente sobre programa, que fue lanzado por el gobierno Obama en 2012 cuando el actual mandatario Joe Biden fungía como vicepresidente, que acaba de darse una decisión federal, convirtiéndose en un duro revés para el presidente demócrata.

El pasado viernes, el juez Andrew Hanen, del tribunal federal de Texas, declaró “ilegal” el DACA al considerar que el entonces presidente Obama excedió su autoridad al instituirlo a través de una orden ejecutiva.

Hanen dictaminó que el Congreso no le había otorgado al Departamento de Seguridad Nacional, de la mencionada administración, la potestad necesaria para impulsar el proyecto que, en parte, limitaba la autoridad de los funcionarios de inmigración para cumplir la ley en materia de deportación.

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"El Congreso no le ha dado al Poder Ejecutivo rienda suelta para otorgar presencia legal fuera del ámbito del esquema legal", señaló Hanen en el fallo judicial, en el que también ordena al Departamento de Seguridad Nacional "no aprobar nuevas solicitudes de DACA ni otorgar el estatus auxiliar".

Y aunque el juez federal no revoca los permisos actuales de los beneficiados con el programa vuelve a aplazar el sueño de estos por regularizar su situación y deja en el limbo jurídico a los que aspirantes a ingresar al mismo.

El juez Hanen aclaró que su decisión no requiere que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia "tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario, solicitante o cualquier otra persona de Daca que de otra manera no tomaría".

Congreso, la única vía

Aunque este revés no es el primero y, de seguro, no será el último que tenga este programa, si le quita el sueño a Biden, quien como reseñamos lleva casi una década prometiendo una definición real y positiva no sólo para los ‘dreamers’, sino para la totalidad de los que inmigrantes ‘sin papeles’.

Tras declararse “profundamente decepcionado” por este nuevo revés judicial, instó al Congreso a impulsar una nueva legislación que ampare a los inmigrantes ilegales y los proteja de la deportación.

"Si bien la orden del tribunal no afecta ahora a los beneficiarios actuales de DACA, esta decisión relega a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto", sostuvo el presidente demócrata al tiempo que recordó, vía twitter, que “durante más de nueve años, los dreamers han visto a los tribunales y a los políticos debatir si se les permitirá permanecer en el único país que muchos de ellos han conocido. Ya es hora de que el Congreso actúe y les dé la protección y la certeza que merecen".

El llamado presidencial hace referencia a la iniciativa en trámite denominada “Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para mejores extranjeros” cuyo nombre en inglés es Dream Act, una versión ‘mejorada’ de la original que se hundió en 2010 y, por lo cual, Obama creó diferentes programas para evitar, con medidas provisionales, que miles de inmigrantes fueran devueltos a sus países de origen.

Precisamente este nuevo proyecto recibió en marzo pasado el aval de la Cámara de Representantes gracias a que tiene mayoría demócrata, lo que no ocurrirá en el Senado por la división 50-50 de éstos y republicanos.

Y aunque el presidente Biden traslade la definición del futuro de los ‘dreamers’ al Congreso, sin duda el tema vuelve a quitarle el sueño, porque es consciente de lo difícil que será cumplir ese sueño, que fue una de sus promesas de campaña.

En esta línea tanto la vicepresidenta Kamala Harris (de ascendencia afroasiática) como para el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, (cubano estadounidense) deben redoblar sus esfuerzos para convencer a la oposición republicana y a un amplio sector de la ciudadanía norteamericana de la urgente necesidad de regularizar la situación no sólo de estos jóvenes sino de los 11 millones de extranjeros que, desde hace décadas, han ayudado a construir el país.

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Mayorkas aseguró que “la Administración Biden-Harris, y este país, siguen tan comprometidos como siempre en garantizar que los 'dreamers' estén protegidos de la amenaza de deportación y se les permita continuar contribuyendo a este país que es su hogar". Mientras la vicepresidenta reiteró su llamado a los congresistas porque, dijo, “es de vital importancia que proporcionemos un camino a la ciudadanía para brindar a estas personas una sensación de certeza y seguridad".

En vista de que el panorama no es fácil, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha tenido abiertos enfrentamientos con los republicanos, incluido con el hoy expresidente Donald Trump, hizo un nuevo llamado a sus rivales políticos: "Los demócratas piden a los republicanos en el Congreso que se unan a nosotros para respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley, para garantizar que los dreamers tengan un camino permanente hacia la ciudadanía".

Reservas conservadoras

Los protegidos por el DACA recibieron un alivio temporal en junio del año pasado cuando la Corte Suprema dispuso que la administración Trump no había proporcionado una justificación suficiente para sus intentos de poner fin al programa. En ese momento el alto tribunal dejó en claro que el fallo se pronunció especialmente sobre cuestiones de procedimiento, lo que dejó abierta la posibilidad a nuevas impugnaciones y determinaciones, como la que acaba de adoptar el juez de Texas.

Los senadores republicanos anticiparon que rechazaran el texto de la Dream Act proveniente de la Cámara baja específicamente porque consideran que abre la puerta para la regularización de millones de personas y fomentará la llegada a Estados Unidos, tal cual está ocurriendo desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, de muchísimas más.

Señalan que el proyecto abre un camino a la ciudadanía a los titulares otros dos programas vigentes: el del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el de la Salida Forzada Aplazada (DED), mayoritariamente latinoamericanos.

Estos dos mecanismos de amparo humanitario permiten residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, por períodos renovables, a quienes por desastres naturales o crisis políticas en sus países de origen no puedan regresar de manera segura.

El republicano Chuck Grassley, miembro de más alto rango del Comité Judicial, cuestionó el alcance amplio del proyecto aprobado por la Cámara, y criticó que no incorpore medidas para la seguridad fronteriza.

Otros republicanos, como el senador Ted Cruz, también arremetieron contra la administración Biden-Harris por generar una "crisis" en la frontera con México y tildaron la iniciativa como una "amnistía masiva" para quienes ingresaron ilegalmente al país.

Vale recordar que Biden se ha comprometido no solo a aumentar los cupos de asilo sino la cantidad de migrantes que puede acoger Estados Unidos, lo que ha disparado el flujo migratorio desde hace meses, especialmente de menores de edad que cruzaron la frontera sin sus padres o tutores, lo que forzó a la administración a adecuar decenas de albergues temporales e impulsar la reunificación de familias. Y todo ello en medio del grave impacto sanitario y económico de la pandemia del covid-19.