Este martes, el caso de manipulación de testigos en contra del senador y expresidente Alvaro Uribe (Centro Democrático) empezó a surtir una nueva etapa, luego de que el magistrado César Reyes presentó su ponencia ante sus pares del pleno de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que podrían empezar a estudiarla en la sala de este próximo jueves.
En plata blanca, se resolverá de la situación jurídica del exmandatrio, en el proceso por la presunta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal. Los togados decidirán si el expediente se archiva o si, por el contrario, se llama a juicio al exmandatario (2002-2006 y 2006-2010), lo que podría suponer —si se da el caso— alguna medida restrictiva de la libertad.
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De darse dicho llamamiento, tras una deliberación que seguramente tomará varias semanas mientras se analiza la ponencia, sería la primera vez que un proceso penal en contra de un ex jefe de Estado llegue hasta la instancia de juicio.
El proceso contra el expresidente arranca a mediados de 2012. Ello, luego de que la Corte Suprema archivó una indagación al senador Iván Cepeda, luego que Uribe Vélez lo había denunciado por organizar un cartel de testigos en varias cárceles del país para así señalarlo de delitos relacionados con el paramilitarismo.
Entonces, el apoderado de Cepeda había señalado ante alto tribunal que uno de los testigos contra el exmandatario habría recibido mensajes y visitas para cambiar su testimonio, dichos que la Corte se propuso entonces indagar. Ello terminó luego en la decisión del magistrado José Luis Barceló de abrir formalmente una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
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Una vez se dio paso legal a la doble instancia para los aforados, el caso pasó de la Sala de Casación Penal a la Sala de Instrucción. Allí llegó primero a manos de la magistrada Cristina Lombana, que fue recusada por Cepeda y terminó apartada del caso por su condición de militar activa, que ostentó hasta tiempo después de haber asumido su magistratura y que podía generarle conflictos de interés, según definió la propia justicia.
El proceso entonces recayó en el magistrado Reyes, quien 10 meses después de la declaración de Uribe Vélez en indagatoria, entregó un proyecto de fallo de tamaño considerable, soportado por los testimonios de más de 40 testigos, informes de inspecciones y transcripción de interceptación de comunicaciones.
Esta nueva etapa inicia justo cuando horas antes, y por los mismos hechos, el exapoderado de Álvaro Uribe, el abogado Diego Cadena, fue imputado por los fiscales de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Este proceso partió de la misma decisión que llevó a investigar al senador y expresidente.