Las comunidades reportan incremento tanto en reclutamiento y desplazamiento forzados, como de agresiones a las mujeres

__________

A las problemáticas relacionadas con temas fundamentales como salud, educación y ambiente, en el Litoral Pacífico como en otros lugares del país se suman “el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado y la violencia de género, que está poniendo en jaque a la posibilidad de que estas poblaciones vivan con dignidad y con plenitud de todos los derechos que todos los colombianos tenemos”.

Así lo expresó Miryam Méndez, procuradora delegada para Entidades Territoriales y el Diálogo Social.

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consistió el Diálogo Pacífico que se llevó a cabo esta semana?

MIRYAM MÉNDEZ: Es un proceso en el cual la Procuraduría General busca acercar en una conversación a los actores en los territorios, en este caso 26 organizaciones de la sociedad civil, consejos comunitarios, indígenas, con el Gobierno nacional, y con las entidades territoriales, los gobierno locales y regionales, para no solamente quedarse en el diagnóstico, que es bien conocido por todos, que siempre es importante cuando se hace con la participación, sino para hablar de la propuestas que estas organizaciones tienen. Hay caminos, hay soluciones que es importante que el Gobierno nacional las escuche.

ENS: ¿Qué se pudo encontrar?

MM: Por un lado un gran compromiso y liderazgo por parte de las organizaciones, de sus voceros. Tuvimos nueve voceros encargados en visibilizar las problemáticas en materia de salud, la problemáticas de otros derechos, económicas, sociales, culturales y ambientales, como puede ser el derecho a la educación, y obviamente las problemáticas entorno a las afectaciones de orden público, intensificación de la violencia, el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado y la violencia de género, que está poniendo en jaque a la posibilidad de que estas poblaciones vivan con dignidad y con plenitud de todos los derechos que todos los colombianos tenemos.

ENS: Las amenazas a líderes sociales y el asesinato de estas personas, no pararon en cuarentena…

MM: Lo ha dicho el Procurador: no hay pausa ni tregua para el asesinato de líderes. En plena audiencia del Diálogo por el Pacífico asesinaron al consejero indígena Rodrigo Salazar. Y mientras estábamos en la audiencia nos escribían los líderes y decían “cómo es posible que sigan matando”. Aunque se reconocen los esfuerzos que se están haciendo, estos son insuficientes y se necesita parar esta máquina de guerra, especialmente, en los territorios. De estos 15 municipios, 10 de Nariño, 3 del Cauca, 1 del Chocó lo están padeciendo en estos momentos. Se recrudece con ocasión de la pandemia. Uno pensaría que debería ser el momento de la solidaridad y desafortunadamente estamos viendo que no es así para todo el mundo.

ENS: ¿Cuál es el llamado que se le hace al Gobierno?

MM: El Procurador fue enfático en las conclusiones. Es importante de una vez acordar una hoja de ruta con propuestas concretas. En la audiencia las escuchamos. Necesitamos enfatizar en que haya realmente un diálogo entre las comunidades y la institucionalidad, especialmente del orden nacional.

Ellos comunican los avances del Gobierno nacional, pero para que haya un diálogo se necesita dejar el modo de rendición de cuentas y empezar una lógica de conversación basada en la confianza propositiva e innovadora y que den respuestas que las poblaciones están planteando.

Necesitamos propuestas concretas que vengan desde el territorio, la necesidad que haya una agenda de paz para el Pacífico. Fortalecer las capacidades institucionales del territorio. Escuchábamos de las autoridades locales que están haciendo lo que pueden, pero necesitan de mayor impulso en esta materia. Se necesita una agenda específica para el Pacífico. Se necesita realmente una gerencia para el Pacifico que ayude a sobrepasar las desigualdades estructurales e históricas que esta región tiene.

ENS: ¿La violencia de género se ha incrementado en esta pandemia?

MM: Desafortunadamente sí. Nos lo decían las lideresas. Es importante fortalecer la institucionalidad territorial con instancias que atiendan esta realidad de las mujeres, con oficinas de la Defensoría, Consejería de las Mujeres y gobiernos municipales. Aquí hay una tarea que hemos visto, que es necesaria. En el contexto global que la violencia de género ha aumentado como consecuencia de los confinamientos y el Pacífico no está ajeno y necesita respuestas para proteger los derechos de las mujeres.

ENS: En lo que tiene que ver con el Covid-19, ¿cómo está el Pacífico?

MM: Durante dos meses construimos el diagnóstico. Y aquí quiero destacar que este diálogo ha sido sobre todo un proceso. Con estas 26 organizaciones construimos la propuesta. Además nos acompañaron la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.

Nos contaron primero la necesidad de fortalecer la infraestructura en salud, con un enfoque en la demanda y no solo en la oferta. Eso quiere decir que hay que estructurar un modelo que garantice la infraestructura en las cabeceras municipales, pero también un modelo de atención para lo rural que en estos momentos es muy deficiente. En estos momentos no existe una estrategia de comunicación e información para las comunidades rurales del Pacífico y esto constituye un riesgo epidemiológico de expansión del virus, y choques culturales frente a las medidas de prevención.

ENS: ¿Qué se requiere?

MM: Se requiere un enfoque epidemiológico diferencial, estrategias institucionales para seguir casos positivos en lo rural, y el control de las medidas de aislamiento que no se están dando desafortunadamente.