En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el reconocido economista, escritor y analista sostiene que se requerirá una reforma estructural tributaria, ya que el déficit fiscal llegará al 8% y el endeudamiento público por encima del 65% del PIB en este año. Ha sido uno de los promotores de la renta básica de emergencia y advierte que la formulación del presupuesto para 2021 será muy compleja porque debe asegurar fuentes reales de financiación

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Colombia requiere un pacto social por la reconstrucción, ya que el impacto de la pandemia, y la consecuente estrategia de confinamiento y distanciamiento social, si bien todavía su profundidad y duración es incierta, serán muy profundas en diversos ámbitos, especialmente en sectores con ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo mensual y los más vulnerables de la sociedad.

Así lo advierte el reconocido economista, escritor y analista Luis Jorge Garay, quien entrevista exclusiva con EL NUEVO SIGLO hace una profunda radiografía de la pandemia, su impacto en el país y lo que  costará reconstruirlo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está viendo la situación de Colombia en medio de la pandemia?

LUIS JORGE GARAY: La pandemia ha producido la crisis internacional más profunda desde hace más de un siglo. La profundidad no se ha develado todavía en toda su dimensión en la medida en que la emergencia está latente en muchas regiones del mundo, pero lo cierto es que la caída de PIB per cápita y los impactos en desigualdad serán muy significativos e implicarán, en algunos países más que en otros, retrocesos sociales y económicos, sobre todo en las naciones subdesarrolladas, de más de una década y media.

Es una situación nueva porque ha implicado, por la estrategia social del confinamiento para evitar la propagación del contagio, una caída abrupta de la producción, el ingreso y el empleo que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero especialmente a los pobres y más vulnerables, que dependen de sus ingresos diarios.

Una situación novedosa requiere de terapias novedosas. En primer lugar, estamos ante una situación incierta en términos de su profundidad y su duración. A medida que ha pasado el tiempo, la experiencia de los países que primero sufrieron el impacto de la pandemia nos demuestra que el proceso de reactivación es tortuoso, incierto y con altibajos. En muchas ocasiones hay que retroceder a formas de confinamientos no generalizadas pero sí localizadas que alteran la posibilidad de recuperar el ritmo normal de actividad del sector productivo y el ejercicio de ciudadanía. Entonces, dependiendo de la profundidad y del tiempo de descubrimiento y aplicación masiva de una vacuna efectiva, el panorama mundial es todavía muy incierto.

ENS: La pregunta del millón ¿Cuánto podría tardar la reactivación económica en nuestro país?

LJG: La recuperación será lenta en este segundo semestre del año y ojalá progresiva, dependiendo de las circunstancias mencionadas. Guardadas proporciones, algo similar podría ocurrir en el 2021. Las últimas proyecciones para 2020 prevén una caída del PIB de más del 6%, o incluso del 7 u 8%, dependiendo de la evolución de la pandemia, y el año entrante empezaría una recuperación con un ritmo de crecimiento, probablemente, del 2 o 3%.

ENS:- Un tema que Usted ha estudiado mucho: la desigualdad social ¿Qué tanto la pandemia profundizará este flagelo en Colombia?

LJG: Colombia es una de las sociedades más desiguales de América Latina, puede ser la segunda o tercera, y teniendo en cuenta que América Latina es la región más desigual del mundo, entonces nuestro país es uno de los más desiguales del orbe.

En algunos sectores y campos la desigualdad es mayor, como en la propiedad accionaria y de la tierra, pero a nivel del ingreso y el patrimonio, en general, Colombia tiene un coeficiente de Gini que, según las cifras oficiales, en el 2018 habría bajado a 0,51, pero en uno de nuestros últimos libros, analizando las declaraciones de renta ante la DIAN, nos daría un indicador superior al 0,59.

Frente a esa realidad, antes de la pandemia había una evidencia, según los datos del DANE, de que la pobreza monetaria en Colombia abarcaba el 27% de la población. Ahora, con la pandemia y la estrategia de confinamiento en estos tres primeros meses para controlar el contagio, el ingreso de las personas pobres y vulnerables se redujo drástica y seriamente.

Creo que en esos tres meses la pobreza monetaria pudo haber subido al 45% por lo menos, sino al 50%. Todo depende, en primer lugar, de la política social de transferencias monetarias del Gobierno para paliar esa caída de ingresos monetarios y, en segundo lugar, de que mucha de esta población pobre y vulnerable, ante la falta de recursos, se ve obligada a salir a la calle a buscar ingresos, y entonces va a depender de qué tanto podría ayudar el rebusque a paliar esa situación de ingresos aunque con muy elevado riesgo de contagio del Covid-19.

Así las cosas, la población pobre y vulnerable se acercaría a un número de 7 a 9 millones de hogares (nuestra medición nos daría unos 8 a 8,5 millones). El Gobierno ha aceptado que el número de hogares pobres y vulnerables es por lo menos 6,5 millones de hogares, pero la evidencia es que los programas sociales ya establecidos del Gobierno (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y Devolución del IVA) y el nuevo (Ingreso Solidario) cubren cerca de 6,4 millones de hogares. Hay más evidencias, que el mismo Ejecutivo ha reconocido, en cuanto a que existe un conjunto de población pobre que no está incluido en esos programas. Por ejemplo, según datos oficiales a junio de este año, la cobertura de tales programas sólo alcanzaría a un 55% de la población víctima de desplazamiento forzado en el país, que ha estado amparada como población de especial consideración por la Corte Constitucional.

La renta básica

ENS: ¿Es ahí en donde entra la propuesta de renta básica mensual, ya sea temporal o permanente?

LJG: Es necesario reforzar las políticas sociales de transferencias monetarias que venía adoptando el Gobierno. Por ejemplo, Familias en Acción realiza un giro de $160 mil a cada hogar al mes, eso equivale al 12% de la línea de pobreza de un hogar con 3,4 o 3,5 miembros, que es el tamaño promedio de familias de estrato uno y dos. Eso quiere decir que las ayudas del Gobierno, como Familias en Acción o Ingreso Solidario, no llegan ni al 15% de la línea de pobreza de esos hogares. Es decir, que si no reciben más ingresos estarían por debajo de la línea de pobreza, buen número incluso por debajo de pobreza extrema, aún con las ayudas del Gobierno.

Por eso desde marzo 24 propusimos la adopción de una renta básica de emergencia para la población pobre y vulnerable (8 a 8.5 millones de hogares). Una renta equivalente a un salario mínimo mensual ($877 mil) por hogar al mes, en vez de los $160 mil de Familias en Acción, por ejemplo.

Eso lo proponíamos para un lapso de tres meses porque en marzo se preveía que la pandemia no iba a durar tanto como hoy se sabe, que se podrá enfrentar un pico de contagio relativamente alto y prolongado hasta el final del año. Lo que deteriora aún más el ingreso de los hogares, por lo que se requeriría mayor duración de la renta básica.

Eso implicaría mayor costo fiscal, por supuesto. El costo fiscal neto, si lo hiciéramos por cuatro meses, sería del 2,2% del PIB este año. Es exigente, lo sabemos. Pero hay que tener en cuenta dos tipos de problemas.

El primero es de orden sociológico, aparte de los problemas humanitarios y de ética y moral pública: nosotros como sociedad le pedimos a las personas pobres y vulnerables que se confinaran y vieran recortados sus ingresos súbita y drásticamente, incluso a cero, en aras de una responsabilidad social para reducir el riesgo de contagio. Pero si como sociedad no le damos una compensación a ese esfuerzo de los más vulnerables, esto generaría unos serios riesgos como el de pérdida de solidaridad social por parte de grandes grupos de la población, al verse seriamente afectados sin ningún tipo de contraprestación por parte del resto de la sociedad, y en este caso en cabeza del Gobierno de turno.

El segundo problema es económico. En efecto, el déficit fiscal este año llegará probablemente al 8% del PIB y el nivel de endeudamiento público al 66%. Eso es muy exigente, pero hay que tomar decisiones. Nosotros hicimos un análisis del Presupuesto General y del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), y encontramos que todavía hay espacio de racionalización del gasto público, atrasando proyectos que no son prioritarios como en el sector Defensa y otros. Incluso en el FOME hay recursos que todavía no han sido comprometidos. Todo ello podría ayudar a financiar en buena medida la renta básica, que sería una decisión de política pública y social beneficiosa e incluso de elevada rentabilidad social de corto y mediano plazos.

Incluso, ya hay un proyecto de ley, con firmas de 53 senadores, para la renta básica temporal, que deberá empezar a discutirse en la próxima legislatura que comienza el 20 de julio.

ENS: ¿Pero no sería renta básica permanente?

LJG: Por el momento, ese proyecto es para una renta temporal de emergencia para cuatro meses. Otro debate posterior que deberá darse es sobre el diseño de una conveniente renta básica estructural en el país. Incluso el Ministro de Hacienda, en respuesta al proyecto de los 53 senadores de nueve bancadas, afirmó que es importante esta figura y que hay que analizarla desde el punto de vista estructural hacia el futuro, revisando integralmente los programas de política social del Gobierno para buscar su mayor racionalización y poder acertar en el diseño de una eventual renta básica.

Hay, de cualquier manera, un consenso en torno a que hay ineficiencias y fallas en la focalización de los programas sociales existentes y con costos de transacción muy altos. Es momento de hacer un análisis riguroso sobre la política social en el país. Hacia el futuro habría que pensar en una renta básica que sustituya los programas sociales del Gobierno o que los racionalice y aproveche esa experiencia para una estricta asignación desde el punto de vista de eficiencia y pertinencia social y con un costo fiscal que resulte financiable dadas las condiciones del país.

El lío presupuestal

ENS: Dada la difícil coyuntura fiscal y los recursos que requiere la emergencia ¿En cuánto debería subir el monto del presupuesto general para 2021?

LJG: Es un tema muy complejo. Este año, de un déficit fiscal proyectado del 2,2% se pasará a uno del 8% del PIB. Se tuvo que acudir a un gasto extraordinario, no previsto, que se ha hecho en buena medida, o en su totalidad, con financiamiento externo e interno. Esto va a acumular una presión fiscal triple hacia el año entrante, tanto por la necesidad de contar con más ingresos públicos, para responder por un mayor gasto del previsto inicialmente para reforzar el sistema sanitario, para fines sociales prioritarios y para la reactivación económica, y también para pagar el servicio de la deuda de ese mayor endeudamiento público.

Pero, a su vez, deberá bajarse el déficit fiscal porque un nivel del 8% crearía una inestabilidad económica seria para el país.

Es aquí en donde se genera un debate muy serio: cuándo debe presentarse una reforma tributaria para empezar a enfrentar  las necesidades de mayores ingresos públicos; mejorar la estructura impositiva dadas las graves falencias que tiene en términos de incumplimiento de los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, y avanzar en la racionalización del gasto público. Ello como requisito para poder reducir el déficit fiscal de manera perdurable.

Además, hay una presión adicional: Hay que fortalecer estructuralmente el sistema sanitario nacional. Este año se ha pensado entre 8 y 10 billones de pesos, pero eso no es suficiente y el próximo año se requeriría un monto similar. Y reforzar la política social: por ejemplo, si se mantuvieran algunos impactos de la pandemia incluso durante los primeros meses del año entrante, ello exigirá mayores recursos presupuestales.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, a mi juicio, no recoge todas las necesidades de gasto que enfrenta el país en el nuevo escenario, por lo que se hace imprescindible aprobar una reforma estructural tributaria en el presente año con aplicación a partir del año 2021, que promueva la reactivación económica, la generación de empleo, el fortalecimiento del sistema sanitario y la política social. Aunque algunas autoridades gubernamentales han aceptado que sí hay que adelantar una reforma tributaria, la estarían pensando para aplicarse solo hacia el 2022.

Claro, hay un debate amplio en torno a que en medio de la pandemia o de los efectos de ella, imponer más impuestos sería grave, pero todo depende del tipo de reforma tributaria estructural que se esté pensando. En el reciente libro que publicamos hace tres semanas, planteamos una reforma que vaya reduciendo los beneficios, exenciones y gabelas a los sectores de mayor ingreso y patrimonio en el país, de una manera gradual y por varios años para poder contar con mayores ingresos crecientes necesarios, como se mencionó.  

Pacto social por la reconstrucción

ENS:- ¿Cuál debe ser la columna vertebral del plan de reactivación?

LJG: Hoy más que nunca necesitamos un debate social sobre el camino de la reconstrucción. Muchos decimos que urge un pacto social por la reconstrucción en Colombia, como está buscándose en otros países, como España.

Un pacto que tenga varios elementos de referencia. Uno, reducir sustancialmente la desigualdad y mejorar la calidad de vida de amplios grupos poblacionales, que ante la pandemia han sufrido serio retroceso, al punto que socialmente Colombia podría perder entre una y media y dos décadas de progreso social, en términos de pobreza y desigualdad. Dos, elevar el ingreso per cápita que este año caerá de una manera tal que su recuperación podrá tomar cuatro o cinco años por lo menos. Y tres, revertir los niveles de déficit fiscal y de endeudamiento público agravados en estos dos años 2020-2021.

Ante esto hay que emprender un proceso de reconstrucción que debe tener varios objetivos. Primero, el ingreso y mejoramiento de la calidad de vida de amplias capas de la población en Colombia, y reducción de la desigualdad -entre otros, con la implantación de una reforma estructural tributaria equitativa, progresiva y eficiente-. Una renta básica es fundamental para evitar un deterioro ostensible de la calidad de vida. Esa renta debe favorecer indirectamente a unidades y micronegocios informales -en calidad de nómina de sus trabajadores-, que tienen un capital social-productivo valioso y son importantes empleadores en el país.

Dos, se requiere la reactivación económica para emprender un  crecimiento lo más sólido posible. El modelo de crecimiento hay que repensarlo seriamente porque hay una reprimarización alrededor de la explotación de recursos naturales que hoy no es la salida sustentable para el país a corto ni a mediano plazos, en medio de la crisis ambiental y ecológica que se ha venido acumulando a nivel global y su implicaciones en los patrones de consumo y en la transición ecológica.

De otra parte, ha demostrado la pandemia que hay un sector productor de bienes agrícolas y alimenticios que garantizó la seguridad alimentaria del país pese a la caída del comercio internacional y la no importación de bienes básicos de la canasta familiar. Hoy más que nunca se requiere fortalecer la seguridad alimentaria nacional, porque se cuenta con la mano de obra rural y campesina y con las condiciones geográficas para hacerlo de manera eficiente socialmente.

Además, se requiere avanzar en un programa agresivo de creación de empleo y de políticas activas de empleo con una gran inyección de recursos económicos y sociales en ciertos sectores y territorios claves del país. Es decir, por ejemplo, en carreteras terciarias, mejoramiento de infraestructura, innovación y otros proyectos que generan empleo, especial pero no exclusivamente para gente vulnerable, encadenamiento económico con otros sectores, actividades productivas y desarrollo territorial.

Es fundamental también, inyectar recursos a través de avales y garantías para la financiación del sector privado para que reinicie su actividad y retome sus planes de inversión. Esos recursos hoy están disponibles. Según el Presidente se han dirigido cerca de $70 billones en avales y garantías para créditos a través del sector financiero, pero los datos que tenemos indican que en gran proporción todavía no habrían sido usados. Esos recursos deben generar una política anticíclica real y evitar que, por lo contrario, se produzca una especie de “trampa de liquidez” que podría profundizar tendencias recesivas actuales.

Aquí el papel del sector financiero debe ser el de proveer los recursos de forma efectiva sin dilaciones ni fines especulativos. Debe haber una supervisión estricta para que la irrigación de liquidez con recursos públicos tenga el impacto público real sobre la reactivación.

Por último, ante la crisis ambiental y climática, Colombia tiene un futuro ambicioso para aprovechar su riqueza natural y activar nuevas fuentes de desarrollo sustentable socio-ecológicamente y ecosistémicamente, sin depender del extractivismo.