LA SOBREPOBLACIÓN en las prisiones es uno de los principales desafíos del Gobierno nacional, lo cual pretende resolver con un proyecto de ley de humanización carcelaria, iniciativa que será radicada nuevamente en el segundo periodo legislativo que inició el 20 de julio.

Así lo dio a conocer Alfonso Gómez Méndez, exfiscal General de la Nación y exministro de Justicia, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, quien aseguró que la clase política no presta atención al tema carcelario debido a que no genera votos.

EL NUEVO SIGLO: El Gobierno insiste con el proyecto de humanización carcelaria que tanta polémica ha generado en el país, ¿qué piensa de una nueva radicación de esta iniciativa en el Congreso?

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ: En términos generales, el enunciado del proyecto es bueno, pues, es claro, que el sistema penitenciario hoy no resocializa a nadie. Desde ese punto de visto, estoy de acuerdo que, sin dejar de aplicar las normas, se busque, por ejemplo, en algunos casos, reducir las penas, dar probabilidad de resocialización, insistir en figuras que ya existen como la condena condicional, suspensión condicional de la condena, reducción por trabajo o estudios. En términos generales, yo estoy de acuerdo con la filosofía del proyecto.

ENS: ¿Haría algunos reparos para que esa propuesta se convierta en una ley que verdaderamente satisfaga las necesidades de las mayorías?

AGM: No tendría reparos sustanciales si se tratara simplemente de reducción de algunas penas o buscar más penas alternativas. Claro, esas medidas no deben comprender delitos graves como violación sexual que, cuando se practica a menores, no tendría por qué ofrecer ninguna posibilidad de rebajas o reducciones.

ENS: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema carcelario colombiano en cuanto a infraestructura, sobrepoblación y recursos?

AGM: El principal problema es, desde luego, el hacinamiento. Y ello tiene muchas causas como el populismo penal, ya que la gente tiene la creencia de que no hay justicia si no hay cárcel. En algunos casos, puede haber justicia restaurativa, por ejemplo; o penas alternativas.

De hecho, la medida de aseguramiento con retención carcelaria es una de las tantas que contempla el Código Penal desde el año 2000 y que a veces los jueces no las aplican.

Otra de las causas es que, en términos generales, la clase política como que no le pone mucha atención al tema carcelario porque no genera votos. El Estado tiene que construir e invertir en cárceles, donde las personas no vayan a ver menguada su dignidad humana.

En cuanto a recursos, el Estado tiene que ser consciente de que debe invertir en la adecuación de nuevas cárceles. Hace varios años, la Corte Constitucional declaró el estado inconstitucional en esta materia. A pesar de eso, los gobiernos no han cumplido. Una de las formas de cumplir es invertir en el mejoramiento de los centros actuales y en la construcción de otros. Eso que estamos viviendo hoy parecen “escenas dantescas de la edad media”.

ENS: ¿Qué medidas pueden implementarse en el sistema carcelario para reducir el índice de hacinamiento?

AGM: Dos cosas fundamentalmente. Cambiar la mentalidad de que todo se debe resolver con cárcel. Dos, la voluntad política de hacer cárceles con el respeto a la dignidad humana.

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Privatización

ENS: Se han hecho algunas propuestas muy incipientes fuera de los distintos gobiernos para privatizar las cárceles para que sean administradas por sector privado, ¿piensa que eso puede servirle al país, teniendo en cuenta experiencias como en Estados Unidos?

AGM: Me parece que esa idea hay que madurarla un poco mejor. Creo que el servicio de vigilancia como tal no se puede dejar en manos de los particulares. Esa es una función muy propia del Estado.

De pronto, lo que pudiera privatizarse es lo que se conoce como la prestación de los servicios para los internos al interior de las cárceles.

ENS: ¿Hay necesidad de reducir tipos penales para que no haya tanta cogestión en las cárceles?

AGM: No estoy tan de acuerdo, porque, por ejemplo, se habla de quitarle el carácter delictuoso a la injuria. Y la verdad, hoy en día no hay personas presas por injuria o calumnia. Hay que buscar alternativas distintas porque muchas veces meter al incumplido a las cárceles, no resuelve el problema.

Hay otras, como, por ejemplo, pedirles la salida del país, limitaciones de otro orden, que no sea, necesariamente, ir a las cárceles.

ENS: Mucho se ha hablado del incremento de las extorsiones desde las cárceles, ¿qué piensa que debería hacer el Estado para frenar este delito?

AGM: Me parece que en eso hemos fracasado como Estado para inhibir las señales desde los centros penitenciarios. Hay una necesidad de coordinar con el Ministerio de las TIC, por ejemplo, y con otras entidades para que haya un verdadero control. Todos los detenidos tienen celulares y desde allí salen las extorsiones.

Me parece que es una labor que Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) como otras entidades del Estado deben trabajar con miras a que no se pueda seguir repitiendo.