MINISTROS de Hacienda, Economía y Finanzas y funcionarios de 16 países firmaron una declaración conjunta para constituir la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe.
El nuevo organismo tiene como objetivo fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos para elaborar políticas fiscales, tanto nacionales como internacionales, que permitan una mayor recaudación con la que afrontar adecuadamente las crisis de la región.
La Declaración de Cartagena de Indias fue aprobada durante la primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global incluyente, sostenible y equitativa que ha contado con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales y regionales y de la sociedad civil.
Soluciones comunes
En la declaración, los países firmantes expresan su compromiso para compartir experiencias, establecer posiciones comunes y encontrar soluciones no vinculantes que sirvan para elaborar políticas tributarias de acuerdo con los desafíos de la región.
Estas políticas, ya sean internacionales o regionales, deberán ser incluyentes, equitativas y sostenibles, ambiental y socialmente, y deben contribuir a la reducción de las desigualdades y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, el organismo tendrá en cuenta los aportes de la academia, la sociedad civil, el sector empresarial y los organismos multilaterales para identificar los problemas en materia de tributación y sus posibles soluciones potenciales.
Gobernanza
Por otra parte, Colombia fue designado para ejercer la presidencia pro tempore del nuevo organismo durante los próximos 12 meses, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) asumirá su Secretaría Técnica.
“Es fundamental pensar y diseñar la política fiscal de manera tal que compatibilice los requerimientos de estabilidad de corto plazo con los del crecimiento y el bienestar de largo plazo”, declaró el secretario ejecutivo de la Cepal.
Sin embargo, “la región requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, sobre la base de marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas, pero centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes, y mejora en la calidad y asignación del gasto. Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”, añadió José Manuel Salazar-Xirinachs.
La cumbre fue organizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y contó con el apoyo del gobierno nacional, Brasil y Chile y de la Cepal.
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Recomendaciones
Los representantes de más de 60 organizaciones de la sociedad civil de 20 países de la región prepararon una lista de 10 recomendaciones sobre la justicia fiscal, y la entregaron a los participantes de la Cumbre.
La sociedad civil instó a impulsar en toda la región, la cual es una de las más desiguales del mundo, una tributación progresiva y más justa, combatiendo la evasión fiscal, de forma que se movilicen los recursos necesarios para garantizar servicios públicos de calidad, universales y sostenibles.
“Las reformas en los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe deben proporcionar cambios reales para mejorar la vida de las poblaciones”, afirmó la responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional y vocera de las organizaciones presentes en Cartagena, Susana Ruiz.
Además de las recomendaciones, el documento recuerda cómo las graves crisis que atraviesa la región (de reproducción social y cuidados, política, económica, sanitaria, social, y climática) agudizan las desigualdades.
A esto se suma, además, sus deudas externas, las cuales “interfieren con sus posibilidades de abordar con autonomía y eficacia los problemas”. La sociedad civil insiste en que la región necesita recursos para invertir en servicios públicos, reducir las desigualdades, asegurar los derechos humanos y garantizar la transición a una economía basada en derechos que proteja el planeta y las futuras generaciones.
Las reformas tributarias
Entre las medidas que se deben contemplar a la hora de establecer reformas tributarias, están aquellas que deben incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias.
Además, deben promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región, hacer reformas de impuestos corporativos, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.
Al mismo tiempo, se impulsan medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal, promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática, revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando los privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social, fomentar una gobernanza tributaria global verdaderamente inclusiva y respetuosa de la soberanía nacional, incorporar enfoque de género en la política fiscal, descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional y asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.
El papel de la política fiscal
La política fiscal debe jugar un papel central a la hora de mitigar la crisis social y económica creada por la pandemia y proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a Latinoamérica hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, asegura la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en su Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020.
La pandemia, dice el informe, ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.
Por lo tanto, América Latina debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social –incluyendo la adopción de un ingreso básico universal–, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad, enfatiza el informe.
En este sentido, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las sociedades de la región.
El informe analiza la respuesta fiscal de los países de la región frente a la crisis humana y económica provocada por la enfermedad del coronavirus y destaca la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2% del producto interno bruto (PIB) de los países de América Latina.
Estos paquetes contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de liquidez respaldado por los gobiernos de la región.
No obstante, el documento señala que el manejo de la política fiscal en la actualidad se complica por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto.
“A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica y menores precios de los productos básicos, mientras que las necesidades de gasto aumentan rápidamente para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia”, observan los expertos de la Comisión.
En ese contexto, “es importante remarcar que una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”, indica el informe.
Según las últimas notificaciones de la Comisión Económica de la ONU el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 millones de dólares en 2018, equivalente al 6,1% del producto interior bruto.