Luego de varios días de ajuste, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, puso a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2023.
El monto total es de $391,4 billones e incorpora las necesidades de gasto conocidas a la fecha de su presentación. De esta cifra, $250,6 billones (64%) corresponde a gastos de funcionamiento, $78 billones (19,9%) al pago del servicio de la deuda y $62,8 billones (16%) a inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto equivale al 27%.
Al descontar el servicio de la deuda pública, $78 billones, y las transferencias para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), $19,1 billones (1,3% del PIB), el valor de las apropiaciones asciende solo a $294,4 billones, un 4,9% superior al presupuesto vigente, lo cual muestra el esfuerzo de este gobierno por consolidar las cuentas fiscales y reducir las presiones inflacionarias sin afectar la actividad productiva.
El ministro destacó que la suma de las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones y el aseguramiento en salud, $143,6 billones, explican más de la mitad del total de los gastos de funcionamiento. Las transferencias para el SGP ascenderán a $54,9 billones, un monto superior en 10,8% al previsto para 2022. El pago de las mesadas pensionales pasará de $50,7 billones en 2022 a $56,0 billones en 2023, 10,3% más y el aseguramiento en salud de $26,9 billones a $32,7 billones, es decir, 21,6% más, que se destinarán a asegurar la prestación de los servicios en salud en esta época de pandemia.
Sectores
A nivel sectorial, 89,4% de los recursos del presupuesto de inversión se concentra en los sectores de inclusión social y reconciliación (25,36%); transporte (15,39%); hacienda (10,94%); educación (8,31%); trabajo (7,36%); minas y energía (6,86%); vivienda, ciudad y territorio (3,71%); defensa y policía (3,21%); planeación (2,34%); agricultura y desarrollo rural (2,10%); tecnologías de la información y las comunicaciones (2,02%) y salud y protección social (1,83%).
Cabe resaltar que el sector salud, con $49,0 billones, tendrá este año la segunda mayor participación en el total del presupuesto sin deuda, superando al sector de defensa y detrás del sector educación, que tendrá la mayor representatividad con $56,5 billones.
De acuerdo con Restrepo, este proyecto de ley propone avanzar en un ajuste ordenado y gradual de las finanzas públicas. “El PGN 2023 está programado acorde con las posibilidades reales de financiación del país, en un entorno global de incertidumbre y presiones inflacionarias que tiende a elevar el costo de los intereses de la deuda pública y amenaza con restarle dinamismo al crecimiento económico; al tiempo que subraya la pertinencia de mantener la inversión estatal requerida para, de forma responsable, superar las secuelas sociales y económicas dejadas por la pandemia”.
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Objetivo fiscal
Sostuvo que este presupuesto garantizará que el país alcance nuevamente un superávit fiscal primario de 0,1% del PIB en 2023, un resultado no observado desde 2019, año en el que este gobierno comenzó un proceso de ajuste de las finanzas públicas, alcanzando el primer superávit fiscal en siete años. Adicionalmente, con esto se lograría reducir las necesidades de financiamiento de deuda pública a 6,7% del PIB en 2023, cuando normalmente son del 8,2%.
Cabe anotar que, como parte de la estrategia de recuperación de la sostenibilidad fiscal del país, el proyecto de ley de PGN para 2023 busca que los programas de gasto previamente iniciados no queden inconclusos y se cumpla con los compromisos para los cuales se apropiaron.
El ministro resaltó que el valor y la composición de las propuestas de gasto que se presentan no deben considerarse como definitivas. Así mismo, sostuvo que este proyecto de ley contiene las solicitudes de los órganos que hacen parte del PGN en materia de gasto para atender las políticas y programas a su cargo.
Es de esperar que en las próximas semanas, la administración entrante, en el marco de su propio plan de gobierno, revise cada proyecto, evalúe los faltantes que puedan tener las entidades y efectúe las recomendaciones de cambio que estime más convenientes de conformidad con los mecanismos de ajuste previstos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP), considerando la disponibilidad de recursos y teniendo como referente los parámetros de la regla fiscal y las previsiones de las principales variables macroeconómicas.
Este proyecto es, además, consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2022), presentado a las comisiones económicas del Congreso de la República el pasado 14 de junio, con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP 2023-2026) y con el Programa Operativo Anual de Inversiones, POAI 2023, aprobados por el Conpes el 14 de julio, de manera que, en conjunto, se puede afirmar que se está garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.