BLANCA Myriam es la propietaria de un modesto establecimiento de venta de comida rápida. Pero también hace parte de las 17.907 personas víctimas de 29.384 amenazas que se registraron desde el 1 de enero al 30 de junio del presente año en Colombia y de las que no escapan ni los adolescentes ni los niños.

Es la mayor de cuatro hermanos y sobre quien todavía pesa la tristeza de no haber podido estudiar ingeniería porque su padre los abandonó y su mamá como pudo los sacó adelante. De paso, le heredó un puesto de comida rápida para que pudiera vivir tranquilamente en un barrio periférico de Bogotá.

Blanca se separó porque su marido era agresivo y celoso y, por esta razón, se echó a cuestas a sus dos hijos: una niña y un niño, ya que con el negocio de comida rápida venía saliendo adelante hasta cuando aparecieron unos señores amenazando y exigiendo las llamadas “cuotas de seguridad”.

Los desconocidos le advirtieron que si no pagaba una cuota mensual de $ 50.000 algo malo podría pasarle a ella o a sus hijos. La venganza sería mucho más dura si denunciaba a la policía los mensajes y llamadas extorsivas e intimidantes que recibía con frecuencia.

Precisa que una amiga le dio ánimos para denunciar los graves hechos de los que venía siendo víctima a la Fiscalía y al Grupo Gaula de la Policía porque consideraba que no era justo que las pocas ganancias obtenidas para el bienestar de los niños y para el mantenimiento del negocio quedarán en manos de los criminales.

“El Grupo Gaula y la Fiscalía General de la Nación no solo me salvaron a mí, sino a otros ciudadanos y pequeños comerciantes, que veníamos siendo víctimas de amenazas y extorsiones, dizque por seguridad y para poder trabajar sin ser molestados”, señaló.

Registra que las redes criminales “nos exigían una cuota de $ 50.000 por un negocio, $ 50.000 por una casa de un piso; $ 100.000 por una casa de dos o más pisos y si el propietario contaba con un vehículo, sin importar el modelo, debía cancelar otros $ 50.000”.

“Las amenazas de muerte, de atentar contra nuestros seres queridos, de secuestro, de extorsión, de desplazamiento, de atentar contra nuestras propiedades y establecimientos comerciales, así fuera un puesto en la vía pública y otro tipo de intimidaciones, nos las hacían llegar a través de mensajes de texto, de vídeos, de videollamadas y de panfletos, entre otros métodos”, acotó.

Siempre les decían que no dieran aviso a las autoridades porque no harían nada por nuestra seguridad. A cambio, les exigían que pagan cumplidamente las exigencias para que los dejaran trabajar sin contratiempos.

“No tengo palabras de agradecimiento para el Gaula de la Policía Nacional y para la Fiscalía que le pusieron fin al suplicio que vivíamos, pues los hampones fueron identificados, capturados y judicializados y la tranquilidad volvió a nuestras vidas y por supuesto a nuestro negocio”, explicó.

Cifras

Mientras tanto, la Policía Nacional reveló que las denuncias registradas en la institución dan cuenta que 10.609 hombres han sido blanco de diferente tipo de amenazas. Entre ellos, también se encuentran 528 adolescentes, entre los 13 y 17 años de edad y 338 menores de edad, entre 0 a los 12 años.

También en el mismo lapso se registran amenazas contra 7.298 mujeres. Entre ellas se encuentran 415 adolescentes y 303 menores de edad.

El sistema estadístico registra que en el año 2021 fueron registradas 61.898 amenazas contra 20.340 hombres. Entre ellos se encuentran 1.128 adolescentes y 716 menores de edad. Y, contra 14.841 mujeres. Las cifras también registran amenazas contra 523 adolescentes y 341 menores de edad.

Entretanto, el año pasado, las amenazas se incrementaron en 3.237 casos de acuerdo con el sistema estadístico de la Policía Nacional, al ser contabilizadas 65.135 casos. Las víctimas serían 23.678 hombres y 15.277 mujeres.

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Amenazas

La intimidación, según los cuadros estadísticos, consiste en dar a conocer de alguna manera a otra persona que se le quiere hacer algún mal o daño, en forma directa e indirecta. Otras amenazas de criminales son de carácter extorsivo y otras en las que ofrecen una supuesta protección a cambio de una módica suma de dinero.

“Los criminales intimidan a sus víctimas al expresar su propósito de hacer un daño futuro a su integridad física o a sus familiares. Además, es un delito contra la libertad de las personas”, señaló un vocero de la Policía.

Insiste en que los criminales “a través de las amenazas quieren imponer a sus víctimas que realicen o cumplan determinadas conductas, mientras que otros exigen bajas, medianas y altas cantidades de dinero para brindarles, supuestamente, protección y no volverlos a molestar”.

Dice el portavoz policial que también se consignan las amenazas relacionadas con la violencia de género. Los reportes registran amenazas de un hombre contra su exesposa o exmujer, o con quien esté ligado o haya estado afectivamente para que continúe con la relación. Y, en otros casos, las amenazas provienen de mujeres contra sus exparejas para que no las abandonen”.

De acuerdo con la información oficial, las amenazas fueron hechas con armas cortopunzantes, con armas de fuego, con armas contundentes, sin empleo de armas, anónimas y verbales.

“Hay casos en que mujeres y hombres han recibido hasta 20 amenazas, otros 10 y otros 5 y en muchos casos por personas desconocidas o supuestos integrantes de redes criminales y extorsionistas que actúan solos a través de la intimidación”, agrega el vocero policial.

Explica que las amenazas contienen delitos y en muchos casos los antisociales los hacen efectivos con lesiones personales, con el homicidio, contra la integridad moral, daño a la intimidad, contra el patrimonio económico, el hurto, el desplazamiento forzado urbano y rural y con la extorsión.

Los cuadros estadísticos de la Policía y de la Fiscalía señalan que han sido desvertebradas a nivel nacional una veintena de estas redes criminales que, con armas de fuego y blancas, con elementos contundentes y sin armas, amenazan a los ciudadanos, especialmente, en sectores periféricos y de escasos recursos.

Los expertos dan cuenta de otras amenazas que no tienen ninguna razón de ser y lo único que hacen es preocupar a sus víctimas que nunca conocen su origen ni por qué razón fueron blanco de estas acciones intimidatorias.

Denuncias

La directora Seccional de Fiscalía de Bogotá, Leonor Merchán Lopera, pidió a los ciudadanos denunciar cualquier tipo de amenaza o acción criminal, para iniciar las correspondientes investigaciones, tal como ocurrió con la captura de 13 personas, entre nacionales y extranjeros, en un barrio de invasión, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

“Un ciudadano acudió a la Fiscalía General de la Nación y manifiesta una serie de irregularidades que estaban sucediendo en el barrio en mención. A partir de esta denuncia iniciamos el trabajo articulado con el Grupo Gaula de la Policía Nacional, logrando establecer el modus operandi de una red criminal”.

“Esta organización al margen de la ley venía extorsionando a los ciudadanos a través de videollamadas en las que exigían una suma de dinero de acuerdo con el inmueble que tenían. Asimismo, se estableció que esta banda se autodenomina ‘Los Paisas’ y estaría conformada tanto por ciudadanos extranjeros como ciudadanos procedentes del departamento de Antioquia”, indicó.

Agregó que, gracias a 18 órdenes de allanamiento y registro, se logró la captura de 13 sospechosos de integrar esa red criminal y recae contra ellos señalamientos por delitos de extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego”.