En un carta los gobernadores de todo el país hicieron un llamado al Gobierno nacional sobre la construcción de 541 nuevos megacolegios

La construcción de los megacolegios que dejó el anterior gobierno preocupa a los gobernadores y al presidente Iván Duque.

Los mandatarios seccionales emitieron la alerta asegurando que hay una “grave situación que se presenta alrededor de la construcción de 541 nuevos megacolegios del país”.

“Una vez más llamamos la atención de Colombia” y del presidente Duque “sobre la construcción de estos nuevos megacolegios que se venían contratando desde 2016, cofinanciados entre la Nación y las regiones, pues podría estar el país ante el mayor desfalco a la educación en la historia de Colombia”, advirtieron los gobernadores.

Según los mandatarios regionales en 2016 y 2017, en todo el país se hicieron convenios de cofinanciación para 541 megainstituciones por un valor de $3,2 billones, “sin embargo el Ministerio de Educación, a través del FFIE (Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa), se responsabilizó de la contratación y construcción, negando la posibilidad de licitar a los departamentos”.

Así mismo los gobernadores sostuvieron que “desde una Fiducia, el Ministerio adjudicó directamente la construcción de los megacolegios a empresas sin conocimiento del territorio y uniones temporales que al día de hoy no han dado resultado. Esos constructores buscaron subcontratistas en cada municipio a precios inferiores a los que el Ministerio pagó. En esa intermediación se perdieron las garantías de calidad, dinero público y se derrumbaron los ideales educativos”.

Manifestaron que han pasado tres años y las obras de los megacolegios están paralizadas y nadie responde, “en muchos municipios ordenaron derrumbar los colegios existentes y los niños y jóvenes viven como desplazados, hacinados, y frustrados. Son 12.500 aulas sin construir para una población cercana a los 500.000 jóvenes. Medio millón de familias con la convicción que en Colombia se pueden robar el dinero de la educación y de la juventud sin que pase nada”.

Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, “en Antioquia tenemos 53 colegios contratados con el Ministerio y hay 49 con problemas y uno no ve que el Ministerio de Educación y el fondo de financiamiento reaccionen con la seriedad que debe ser. Hoy los gobernadores apoyan la protesta frente al Gobierno nacional para exigirle que nos muestre los contratos y que el que tenga que pagar que pague”.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, le bajó el tono a la discusión. Según dijo, “nosotros hacemos un llamado a que haya una pronta y rápida solución a este tema que tiene en vilo al gobierno y a las regiones. Hay recursos de la nación y de los departamentos en la construcción de estos megacolegios que representa una solución importante en materia de cobertura. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que haya solución a este problema. Al gobierno del presidente Duque un llamado afectuoso a buscar salidas rápidas, somos conscientes que es un problema heredado, pero hay que buscarle definición rápida”.

Problema heredado

A través de un comunicado, la titular de la cartera educativa, María Victoria Angulo, aseguró que este problema es heredado y que la prioridad del actual Presidente “es terminar las 5.606 aulas en obras con rezago, que por diversas situaciones no han sido finalizadas, y por otro, proponiéndonos como meta la construcción de 7.065 aulas nuevas”.

Según la jefa de la cartera, desde el comienzo de este Gobierno se procedió a realizar una evaluación sobre la situación de las obras emprendidas en los años anteriores para construir las aulas requeridas en la implementación de la Jornada Única en el país, “los datos iniciales nos permitieron establecer que se contaba con 12.421 aulas en proceso de construcción con un promedio de avance de solo el 30%. Asimismo, el 62% de los proyectos fueron asignados a dos contratistas, los cuales presentan inconvenientes e incumplimientos en la ejecución”.

Así mismo, sostuvo que de los 541 “se han culminado 127 proyectos, y al finalizar este año, entregaremos 35 proyectos adicionales. Actualmente se encuentran en fase de obra 220 proyectos, 181 en fase de diseño y 13 proyectos en fase de suscripción”.

Ahora bien, el Ministerio anunció que para lograr la construcción de los colegios “se aprobó la cesión de 65 contratos para lograr la reactivación de las construcciones, se cualificó el proceso de cesión de obra, mediante la evaluación rigurosa e integral de la capacidad de las nuevas firmas candidatas a culminar los proyectos; la promoción de la participación de nuevas firmas de carácter regional, el diseño de estrategias de desconcentración de la contratación y el desarrollo de acciones de contingencia para lograr la terminación de las obras”.

Según el Ministerio, durante este gobierno se realizaron algunas acciones jurídicas que permitieron la terminación anticipada de 217 contratos, “la acción se tomó por incumplimiento a contratistas con rezago, abandono o suspensión injustificada en cada una de las fases de estudios, diseños y construcción de la infraestructura educativa, así como por el incumplimiento a la labor de interventoría. De estas 217 solicitudes, ya tuvieron decisión final 23 de ellas. Es importante señalar que en cada una de las decisiones se garantizó el debido proceso”.

Igualmente, el Ministerio anunció que se realizó “una nueva invitación abierta para la conformación de una lista de elegibles que habiliten proponentes para la suscripción de contratos de obra que comprendan la ejecución de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para 17 Departamentos del país. Esta convocatoria cuenta con cambios importantes en su estructuración, que permite una mayor participación de proponentes regionales”.

Por último, dijo que la supuesta pérdida de dineros públicos no es tal pues, “es preciso señalar que a los contratistas sólo se les realiza el respectivo pago, una vez la correspondiente interventoría recibe a satisfacción cada uno de los productos establecidos en los contratos, por ende, a aquellos contratistas que no han cumplido con sus obligaciones contractuales, no se les ha pagado, y en esa medida, los recursos públicos girados al patrimonio autónomo por parte de la Nación y de las Entidades Territoriales se encuentran resguardados en la Fiducia”.