Un miércoles 19 de agosto de 2015 el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela decidió cerrar los pasos fronterizos entre su país y Colombia argumentando motivos de seguridad por la supuesta incursión de grupos paramilitares colombianos en su territorio.
El cierre de los pasos se dio bajo el marco de unas medidas a las que Maduro se refirió como Operaciones para la Liberación del Pueblo, que incluían la deportación y expulsión de al menos 1.500 personas colombianas que vivían en zonas fronterizas, a las que se señaló de tener vínculos con el crimen organizado.
“La expulsión y deportación de 1.500 colombianos desencadenó el retorno voluntario de un número entre 23 mil, según datos oficiales, y 33 mil, según organizaciones que atendieron la emergencia humanitaria”, menciona en un comunicado el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia y la Fundación Konrad Adenauer.
Las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron allanamientos a hogares de familias colombianas, que tuvieron que resignarse a abandonar sus viviendas ante las órdenes del Ejecutivo venezolano.
Algunas fachadas de las residencias de los colombianos fueron marcadas con las letras “R” y “D” escritas con pinturas de aerosol, que servían de señuelo para los agentes venezolanos.
La “R” traducía revisada, mientras que la “D” indicaba demolición, según le relataron algunos de los expulsados a las autoridades y a la prensa a su llegada a Colombia. Los argumentos de Caracas para ordenar la destrucción de una vivienda se escudaban en los señalamientos de incursiones del crimen organizado de grupos colombianos a su país.
Por los pasos fronterizos que separan a Colombia de Venezuela se vieron cientos de personas cruzar con sus enseres, que incluían colchones y electrodomésticos, en imágenes que se asemejaban a un desplazamiento causado por un desastre o una guerra. Los miles de expulsados o deportados incluían mayoritariamente a mujeres con sus hijos que entre lágrimas rechazaban los argumentos de Maduro para justificar su expulsión y, en varios casos, la demolición de sus viviendas.
La migración que experimentó Colombia desde el 19 de agosto de 2015 hasta principios de octubre de ese año, como resultado de las deportaciones y expulsiones, fue la antesala de una masiva migración de venezolanos que en los años siguientes optaron por ir a Colombia en busca de oportunidades.
La construcción de una política migratoria en un país desacostumbrado a ser receptor de personas
Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación del departamento colombiano de Norte de Santander, afirma que las expulsiones de 2015 generaron que por primera vez en muchos años el Gobierno colombiano se fijara en las problemáticas de sus fronteras y que tuviera que pensar en estrategias para la atención de migraciones masivas.
Al recordar los hechos de 2015, cuando trabajaba con la Cancillería de Colombia, Bautista menciona que empezaron a llegar a la frontera buses con entre 50 y 100 personas que habían tenido que abandonar sus hogares en Venezuela.
“Recuerdo un albergue improvisado en la Alcaldía del municipio de Villa del Rosario, donde vi más de 250 mamás y niños durmiendo sobre un piso. Sus esposos estaban afuera sentados en un andén en una situación bastante trágica”, relata Bautista a la Agencia Anadolu.
El secretario comenta que, ante la situación, Colombia tuvo que abrir cerca de 20 albergues y buscar estrategias para atender la migración que se intensificó en los años siguientes. “No nos imaginábamos que se iba a desencadenar lo que nosotros ahora entendemos como la segunda crisis migratoria más grande del mundo”, sostuvo.
Bautista menciona que Colombia buscó alternativas para el manejo de la migración venezolana, que era un fenómeno nuevo para el país, que no había sido una nación receptora de personas. Menciona que en ese proceso el país contó con el apoyo de Turquía, Jordania y Alemania, que tenían amplia experiencia en la acogida de migrantes.
“En Turquía vimos cómo se organizaban los centros de acogida en la frontera de Gaziantep, así como el funcionamiento de registros biométricos y una caracterización de todos los migrantes que llegaban”, detalla Bautista.
El director de la oficina de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, al referirse al episodio de 2015 indicó que la frontera quedó cerrada hasta agosto de 2016 y que Colombia decidió crear un corredor humanitario para el abastecimiento de medicinas y alimentos en lo que fue una de las primeras medidas de atención para la crisis migratoria.
Para 2017, Espinosa indicó que Colombia consolidó sus registros a partir de una Tarjeta de Movilidad Fronteriza que les permitió a sus titulares acceder a beneficios como el de la educación para el caso de los niños migrantes.
“Surge además el Permiso Especial de Permanencia que es un mecanismo para regularizar la población migrante”, aseveró Espinosa, quien indicó que el documento le permitió al país caracterizar a la población venezolana.
Espinosa dijo, además, que en 2018 se creó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, mediante el que se empezaron a otorgar a los venezolanos los permisos de permanencia.
Otro de los hitos de Colombia en la atención de la migración venezolana, que retrata Espinosa, se dio en agosto de 2019, cuando el Gobierno de Iván Duque anunció la nacionalización de más de 24 mil niños de padres venezolanos nacidos en su país desde el 19 de agosto de 2015, la hora cero del proceso migratorio.
La situación de la frontera en medio de la COVID-19
Al describir la actual situación en la frontera, Bautista menciona que se vive un retorno de venezolanos desde Colombia hacia su país debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Afirma que el regreso de miles de migrantes ha causado aglomeraciones en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
El principal motivo de las conglomeraciones es el cierre en el que se encuentra la frontera desde el pasado mes de marzo. Bautista detalla que Venezuela solo permite el ingreso de 200 personas diarias a su país, lo que genera un retén de migrantes con necesidades sanitarias que Colombia atiende con dificultad.
“En la zona de frontera hay una aglomeración de unas 2.000 personas que hicieron unos ‘cambuches’ de una forma improvisada y eso desborda nuestras capacidades. De todas maneras, allí se hacen seguimientos sanitarios y médicos para detectar casos de COVID-19 y evitar que haya una propagación masiva del virus”, relata Bautista.
Ante la situación, el director de la oficina de Migración Colombia ha pedido a los migrantes venezolanos que antes de retornar a su país analicen sus posibilidades al otro lado de la frontera y los riesgos sanitarios que existen en medio de su regreso.
“Venezuela ha puesto unas limitaciones enormes que se han traducido en la imposibilidad de recibir a su propia gente en su país”, indicó Espinosa en una rueda de prensa.
Espinosa explicó que el retorno de los venezolanos a su país se debe a la pandemia, a la que se califica como un tiempo de "transición", al considerar que las migraciones hacia Colombia se reactivarán cuando la situación sanitaria del mundo mejore.
La oficina de Migración Colombia detalló en un informe publicado el pasado martes que la población venezolana en Colombia pasó, de 2015 a 2019, de 31.471 a 1.771.237 personas. También indicó que solo entre 2016 y 2017 aumentó de 53.747 a 403.702 migrantes.