El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que le pedirá al Ministerio de Hacienda $1,2 billones adicionales para la creación de 500 jueces en 2023.
"La propuesta de la Judicatura es $ 1.2 billones adicionales a lo que está en el presupuesto. Para el 2023 hay $ 6.8 billones parece mucho, pero es poquito comparado con el presupuesto, esa adición de $ 1.2 billones le permitiría a la Rama Judicial la creación en 2023 de 500 despachos judiciales más, es decir aumentar las dimensiones del poder judicial en un 10 %", dijo el ministro.
El anuncio, hecho durante el foro ‘Perspectivas sobre la Crisis Penitenciaria y Carcelaria: Retos y Soluciones’, organizado por la Universidad Externado de Colombia, pretende que el número de jueces en el país aumente de manera significativa para hacer efectiva la justicia restaurativa y disminuir el déficit de justicia actual.
Sobre este último punto el funcionario aseguró que la justicia restaurativa permitirá la reparación de las víctimas, no en el sentido de que los delincuentes queden en libertad sino que complementarán su pena con reparación, la cual puede ser económica, con trabajo social o disculpas públicas.
“La justicia restaurativa busca complementar y en algunos casos sustituir una parte de la pena de cárcel, por una medida que deja satisfecha a la víctima que sufrió un hurto, un daño, una lesión que se sienta reparada”, dijo.
De acuerdo con el Ministro, esa será una estrategia que hay que combinarla con otras "para aumentar significativamente el número de jueces en el país y acercar la justicia al ciudadano".
El jefe de cartera, también se pronunció sobre su idea de justicia restaurativa, de la cual aseguró que esta permitirá la reparación de las víctimas y aclaró que esta propuesta no plantea que los delincuentes vayan a quedar en libertad, sino que complementarán su condena con una reparación.
Es de mencionar que el presidente Gustavo Petro ha mencionado que la reforma a la Justicia que pretende impulsar, contempla que en Colombia haya mayor autonomía e independencia del poder judicial y más jueces que faciliten el acceso de la ciudadanía a la Justicia.
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Versiones del Defensor del Pueblo
Durante el evento también estuvo presente el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, quien propuso penas alternativas y aplicación de medidas restaurativas frente a la crisis penitenciaria y carcelaria del país
“Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, agregó el alto funcionario.
El funcionario recordó que la crisis en el sector carcelario es tan grave que en el seguimiento que hace la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se evidenció un alarmante hacinamiento, que para agosto de 2022 llegó al 177 por ciento en los Centros de Detención Transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas.
Entre tanto, en los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, el hacinamiento es del 20 por ciento, lo que se traduce en una sobrepoblación de 16.297 personas privadas de la libertad.
Justicia restaurativa
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, propuso un nuevo enfoque para la justicia en Colombia, que conllevaría a algunos cambios que no han sido presentados en el Congreso. Para ilustrar su propuesta, el líder de la cartera puso un ejemplo que fue ampliamente criticado: el de cómo los ladrones de celulares tendrían no solo que devolver el equipo a sus víctimas, sino también pagar seis meses de su plan de telefonía a modo de indemnización.
El modelo que tratará de incorporar el nuevo funcionario del gobierno al sistema es el de justicia restaurativa, que no es nuevo en el debate colombiano, pero que ha sido más conocido en espacio de acuerdos de paz.
De acuerdo con Naciones Unidas, este enfoque se define como: “un proceso para resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”.