EL GOBIERNO anunció que no insistirá en presentar en esta legislatura la reforma estatutaria a la educación, con lo cual prácticamente renuncia a hacerla porque en el último año del mandato sería más complicado sacarla adelante en el Congreso. Por el contrario, buscará modificar unos pocos artículos de la Ley 30 para la financiación de la universidad pública. ¿Por qué la Casa de Nariño tomó esta determinación si hasta hace pocas semanas era una de sus prioridades?, y ¿qué implicación puede tener esto en el futuro del sector? EL NUEVO SIGLO consultó a conocedores del tema.

 La semana anterior, el ministro del Interior, Juan Cristo, anticipó tras una reunión con el presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, que “en el Ministerio de Educación se tomó la decisión de que esa ley estatutaria no se volvería a presentar, no tengo explicación de las razones”.

Agregó que “lo que sí me ha dicho el ministro (de Educación, Daniel Rojas) es que se va a presentar una reforma muy puntual de dos o tres artículos que tienen que ver con unas modificaciones a la Ley 30 de educación superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas”.

El Gobierno radicó este proyecto, dijo, para garantizar el acceso a una educación de calidad, pertinente e incluyente. Esta iniciativa superó sin dificultades los dos primeros debates en Cámara; sin embargo, en la Comisión Séptima del Senado comenzaron los problemas porque las bancadas de oposición e independientes consideraron que, entre otros, desconocía el papel de los privados en un sistema que tradicionalmente ha sido mixto en el país.

Producto de una enmienda que plantearon la oposición y los independientes con ajustes al proyecto, y que aceptó la ministra, superó el tercer debate en Senado con la inclusión de aspectos como la evaluación a los docentes y la educación terciaria. Pero esto motivó el disgusto de Fecode, al punto que se fue a paro exigiendo el retiro de la iniciativa.

Entonces, el Gobierno en un aparente intento por sofocar el paro de Fecode, desconoció el acuerdo, lo que derivó en que el proyecto se hundiera.

En este momento no sería viable

El exministro de Educación en esta administración, Alejandro Gaviria, dijo que “creo que el Gobierno lo que está haciendo es un cálculo más o menos político, creo que lo que está anticipando es que para pasar la estatutaria que quisiera no tiene los votos en el Congreso, y está cogiendo un camino un poco más sencillo que es reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permite simplemente un aumento y un cambio en la distribución de los recursos que van a la educación superior, tema que no tiene polémica, pues nadie se va a oponer al crecimiento del presupuesto de la universidad pública”.

Añadió Gaviria: “creo que tiene que ver con eso, con anticipar un cálculo político, ver que para la ley estatutaria de educación que necesita unas mayorías un poco más grandes, podría enfrentar una situación similar a la que tuvo en el Congreso, y es que sí puede llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo en particular no le gusta Fecode, entonces queda el Gobierno en esa encrucijada”.

Por su parte, Mario Hurtado Beltrán, consultor en educación, conceptuó que “esa reforma no se hizo porque el Gobierno incumplió con los acuerdos iniciales. Es decir, era una reforma que iba bien avanzada con los acuerdos de las universidades privadas, las públicas y las entidades del sector educación. Pero en el momento en que se acepta la demanda de Fecode, la cual exige que la reforma debe incluir que toda la educación debe ser pública y que toda la financiación debe ser pública, pues automáticamente se cae cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Indicó que al retirarse la mitad de los actores y al desconocerse los acuerdos, “pierde total credibilidad el Ministerio y la ministra, quien iba como al vaivén de complacer a todo el mundo, de responder a sus intereses”. Por ello, Hurtado consideró que “la reforma en este momento no es viable, sería volver a empezar de cero, y lo que toca hacer es volver a construir la confianza en el sector y en los sectores que participaron en ese primer documento de reforma, que fue totalmente desconocido solamente para complacer a las presiones de Fecode”.

Advirtió que “estamos a 2 años del gobierno, empezar una negociación desde cero implicaría llevarla a aprobación hasta el último año, y no va a ser posible ni es conveniente en este momento una reforma”.

Por su parte el director Ejecutivo de Ascun (Asociación Colombiana de Universidades), Óscar Domínguez, dijo que “en Ascun hemos venido insistiendo, desde años atrás, en que una de las prioridades que tiene que atender el sistema de educación superior es el desfinanciamiento estructural de las instituciones públicas, que se resuelve por la vía de reglamentar y modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Pero, como se entiende, este es apenas uno de los muchos aspectos que se requieren ajustar para que la educación superior responda a las expectativas del mundo contemporáneo”.

El directivo sostuvo que “la ley estatutaria de educación tenía como elemento central el derecho a la educación, con el énfasis en el derecho de dos años de la educación preescolar, avanzando hacia la educación superior. Aun cuando hay decisiones de la Corte Constitucional que dan la posibilidad del acceso a ese derecho, no se debe abandonar el interés de que el derecho a la educación sea una garantía para todas y todos los colombianos y pueda garantizarse, en el marco de los referentes constitucionales, a través de la oferta en las instituciones públicas y de la garantía que ofrecen las instituciones privadas, consolidando el sistema de educación mixto que ha caracterizado a Colombia a través de la historia”.

Opinan exministros

El exministro de Educación, Francisco Lloreda, dijo que “la ley de educación no iba a correr mejor suerte, pues ni el Gobierno ni quienes le hicieron ajustes de fondo que al final no fueron aceptados, iban a ceder. Y para Petro es más importante que el nuevo ministro dedique sus esfuerzos a organizar a las milicias y a la primera línea en las universidades oficiales”.

En tanto que la exministra María Emma Mejía dijo que “considero sensato no insistir porque ya hubo un gran desgaste en lo que fue el paso de la ley estatutaria por el Congreso, el consenso entre todos los sectores políticos, pero eso costó la salida de la ministra, una huelga de Fecode. Entonces, considero que puede ser que el Gobierno y el Ministerio estén considerando que sus objetivos se pueden ver reflejados en una ley ordinaria al reformar algunos artículos de la Ley 30, que tienen que ver con la financiación, el derecho a que pase por encima del IPC porque obviamente un estudiante no se financia con el IPC, el costo de la educación es muy por encima del IPC”.

Añadió Mejía sobre la reforma a la Ley 30, “lo que confío, y no tengo la certeza, es que involucre lo mixto, que fue lo más difícil de pasar en la parte de evaluación de docentes, que eso costó mucho con Fecode. Y por supuesto la parte que se financie la educación mixta, es decir la pública tanto como la privada. Ojalá eso sea así”.