Iniciando el 2024, el país se sacudía alrededor de la elección del próximo Fiscal General de la Nación y quien sería el sucesor de Francisco Barbosa, a partir de febrero del mismo año. La elección no sólo determinaría el que iba a a ser el representante del mayor ente acusador del país, sino la independencia que dicha institución podría mantener del gobierno Petro, un gobierno que, pese a que prometió todo lo contrario en campaña, ha brillado por su interés de hacerse a todas las ramas del poder público con fichas que le sean leales a su ideología y útiles a sus objetivos.

Cómo era de esperarse porque ya es costumbre en todo lo que tenga que ver con el gobierno de la Potencia Mundial del Amor, la elección no estuvo enmarcada en un ambiente de tranquilidad y respeto institucional. Por el contrario, desde las filas militantes del Pacto Histórico, se incentivaron y gestaron unas manifestaciones que empezaron a tornarse violentas y cuyo propósito no era otro que presionar, incluso amenazando a los Magistrados de la Corte Suprema, la elección del Fiscal entre los candidatos de la terna presentada por el presidente Petro.

A la fecha, no sabemos si la presión tuvo efecto o si los magistrados, en su buen juicio, consideraron que elegir a Luz Adriana Camargo, ficha del ministro de Defensa Iván Velásquez, hacía honor a la altísima responsabilidad que la Constitución les encomienda. Lo cierto es que el 12 de marzo, la Corte Suprema se volcó en apoyo a Camargo y desde ese momento, la línea de la Fiscalía empezó a tener cambios que, por decir lo menos, nos dejan a más de uno, incluido uno que otro magistrado, con la sensación de: Algo huele mal aquí… No tengo pruebas, pero tampoco dudas…

La Fiscal llegó y sus actos de apertura fueron, una foto abrazada con el presidente dando fe de su cercanía; un cambio repentino y sin justificación en la línea jurisprudencial del proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez -en  lo que a todas luces es un movimiento político y no judicial- decidiendo en lugar de solicitar el archivo, acusar; una suspensión indefinida e inexplicable en el tiempo, del proceso en contra de Nicolás Petro Burgos incluido, apartamiento del fiscal del caso y una sospechosa formulación de pliego de cargos a instancias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en contra del mismo Fiscal (Mario Burgos); y una fiesta donde coinciden investigador e investigado (Ricardo Roa) y que la señora Camargo justifica porque “Ella también tiene una vida” (Nada qué extrañar en un gobierno que dice que Las formas no importan).

Coincidencia o no, lo cierto es que a la fecha se sabe que los magistrados de la Corte Suprema -que honran el deber de justicia y se saben responsables por su elección-, no han titubeado en mostrar su malestar frente a la actual administración de la Fiscalía General. Prueba de ello, los últimos acontecimientos sucedidos en el Foro de Jurisdicción Penal, donde pese a que Camargo fue invitada por haber tenido una carrera como magistrada auxiliar, se cuestionó a viva voz el desequilibrio estructural del Sistema Acusatorio donde la Fiscalía es solo una parte adversarial, pero es también la única titular de la acción penal frente a los mismos jueces con los que se enfrenta; y en los corredores, el tránsito de jurisdicción del que ya se habla sin tapujo en el alto gobierno donde, con la llegada de Benedetti, ministros y altos funcionarios (cuyo juez natural es la Corte Suprema de Justicia) salpicados en cientos de escándalos de corrupción de campaña y gobierno, ya están siendo instruidos para “renunciar” a sus cargos, pasando a la justicia ordinaria y ser sujetos de una jurisdicción más laxa y más afín a sus intereses. Mejor dicho, ellos sí, saltarse a la Corte Suprema, para tener un juez de bolsillo.

En conclusión, y si como con los trinos del presidente, usted quiere leer el resumen, aquí se lo dejo: La Fiscalía se ha convertido en una rueda suelta a la que en honor al deber de justicia, al Estado de Derecho y a la división de poderes, hay que ponerle la lupa. Cuando la justicia se vende, la democracia se pierde.