Se cumplió la audiencia pública para socializar el proyecto del Senado sobre el Acuerdo de Escazú, donde representantes de agremiaciones y organizaciones gubernamentales aseguraron que esta iniciativa debe revisarse muy bien antes de ser aprobada. 

Norman Bañol, representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena y por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), del resguardo de San Lorenzo, del territorio ancestral de los municipios de Río Sucio y Supia del departamento de Caldas, habló con EL NUEVO SIGLO sobre el camino que recorre el Acuerdo en el Congreso de la República, donde asegura que el 70% de los parlamentarios están de acuerdo con convertir el proyecto en Ley para proteger el medio ambiente. 

“Se cumplió el objeto de la audiencia pública, lo que significa que la gente participe, traiga sus posiciones, ideas e iniciativas. Hemos escuchado a organizaciones de la sociedad civil, y también hablaron los gremios mineros e industriales”, expresó Bañol.

Ponencia favorable

El representante, que es uno de los ponentes del proyecto, aseguró que con las distintas posturas de los académicos, intelectuales y defensores de derechos humanos, se busca conciliar una ponencia única. “En algún sentido nosotros cuidamos que la ponencia sea favorable para que avance en su trámite legislativo y esos argumentos nos sirvan para el debate, por eso es importante que todos nos unamos en defensa de la madre tierra”, indicó el parlamentario.

En la audiencia pública, el gremio del sector minero afirmó que implantar el Acuerdo en Colombia no va a servir de nada; al contrario, cree que se va a incrementar la violencia contra los líderes ambientales.

Señalaron que, además, los recursos naturales, en el caso de las comunidades indígenas, están quedando bajo la vigilancia de los líderes, situación que es muy importante porque ellos manejan información de quienes atentan contra el ambiente, lo que les habilita para que acudan a entes competentes a denunciar con evidencias efectivas y se pueda actuar desde el país; de llegarse a aprobar el Acuerdo, los casos tendrían que ser atendidos por un tribunal internacional.

Proceso histórico

Édgar Alape Moreno, indígena del pueblo pijao del departamento del Tolima, perteneciente a la Organización Nacional Indígena de Colombia y que ha estado vinculado en un proceso de participación y discusión en lo que ha sido el Acuerdo de Escazú, le dijo a EL NUEVO SIGLO: “Nosotros creemos que es una gran oportunidad para la sociedad colombiana y para todo el pueblo latinoamericano, porque tener un Acuerdo de esta naturaleza, en donde se resuma el resultado histórico de la lucha de las organizaciones ambientales y también de los pueblos indígenas que estén participando, es histórico. Es precisamente un acuerdo que permite entrar a saldar grandes problemas y deudas históricas para las sociedades latinoamericanas”, indicó.

De otra parte, Fernando Escobar, de la Asociación de Profesionales del Sector Minero, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “el acuerdo no contiene una sola norma para impedir que sigan matando a los líderes; este acuerdo le entrega la soberanía a organismos internacionales para que decidan asuntos que Colombia debe decidir, ya tenemos suficiente con Nicaragua para que sigamos por ese camino”.

Resaltó Escobar que "lo que se debe hacer es básicamente que protejan a los líderes con la Policía, el Ejército, los organismos de seguridad, y las normas ya existen, el problema es que no se están aplicando para resolver eso. No se necesitan más normas, lo que tenemos que hacer es agilizar la entrega de la información y sancionar a los que no la entregan y dejar que los jueces fallen; es perverso que nos fallen desde afuera”.

Agregó que "aquí hay tutelas, acciones populares, acciones de grupo, existe toda la gama de acciones judiciales suficientes para que se cumplan las normas. Estamos generando un daño enorme al país que no es necesario correr”.

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Los empresarios

Por la misma línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de su vicepresidente de Asuntos Jurídicos, Alberto Echavarría Saldarriaga, le comentó a este Diario cuál es la posición del gremio frente a la posibilidad de la aprobación del Acuerdo de Escazú: “Como agremiación no tenemos claro si a la luz del tratado se cuenta o no con una fuerte capacidad institucional que permita garantizar su implementación y cumplimiento, o se vea envuelto en escenarios internacionales donde llegue un sinnúmero de quejas que no podamos resolverlas como país”, explicó.

Asimismo, el representante de la ANDI indicó que "se nos exigirá la creación de nuevos órganos institucionales para dar respuesta a las exigencias del tratado, desconociendo la actual estructura estatal. Además, los problemas propios en materia ambiental que tenemos actualmente deben ser resueltos internamente con la apertura de un diálogo que permita el fortalecimiento de las instituciones ya existentes”.

Ante esta situación, la asociación hace un llamado a la prudencia del Estado colombiano en la asunción de nuevos compromisos internacionales, sin una deliberación y análisis a profundidad de todos los efectos que podría traer la aprobación de un tratado internacional multilateral con órganos de verificación y control, como lo es el Acuerdo de Escazú.

De la misma forma, a través de un comunicado el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) explicó su postura sobre el acuerdo que se dio a conocer durante la audiencia: “Compartimos la preocupación por proteger la vida de los defensores de derechos humanos y ambientalistas, de conservar el medio ambiente y de garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación en asuntos ambientales por lo que consideramos que el país requiere analizar de manera objetiva y rigurosa, el cual no solo es redundante en cuanto a sus disposiciones y a la normativa colombiana sobre estos asuntos, sino que no dota al Estado de nuevas capacidades para enfrentar de manera efectiva las causas de los problemas ambientales”, aseguró la organización.

Entre tanto, la vicepresidenta de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Paola Tamayo, llamó la atención sobre el efecto que esto tendría en la producción alimentaria. "La autoridad ambiental en el país se ha vuelto una barrera a la producción, no genera una iniciativa y un puente para que los productores puedan cambiar sus buenas prácticas y acoger una producción más sostenible. Se le da mucha importancia al Acuerdo de Escazú, pero desde la SAC lo que se quiere es que se revise la aplicación de la ley ambiental en Colombia, se le debe garantizar a los agricultores un entorno para la producción rentable y sostenible, que las leyes ambientales sean claras", sostuvo la dirigente.

Lo que viene para el proyecto

Luego de la audiencia pública, y en una fecha que aún no se ha definido, continuará la presentación de ponencia a cargo de la representante raizal Elizabeth Jay-Pang Día, del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Ella es actualmente la vicepresidenta de la comisión segunda constitucional, que atiende las relaciones exteriores y los asuntos de defensa nacional  pública. Jay-Pang será la encargada de presentar el producto del trabajo de los diez ponentes a cargo del proyecto.

Por ahora lo que le queda al proyecto es definir si se van a presentar dos ponencias respetando a los que no estén de acuerdo con el mismo. Si hay una sola ponencia favorable se hace el debate en la comisión Segunda y se vota para que pase a ser ley de la República.