Hasta el próximo jueves 20 de octubre tiene plazo el Congreso de la República para debatir el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN).

Son tres días en los que deberá discutir y aprobar la ponencia presentada la semana pasada, que ya cuenta con las adiciones presupuestales y cambios pedidos en el primer debate, donde se aprobó el monto.

Ahora, tras discutir más de 140 proposiciones, se llevará a cabo la aprobación del PGN, que será el más alto de la historia, por más de $405 billones.

Situación fiscal

Los congresistas se enfrentan a dos situaciones particulares en este caso. En cuanto a la primera, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, expresó su preocupación por la situación fiscal heredada de la administración anterior.

“La revisión de las cifras realizada durante la etapa de empalme ha llevado a concluir que el gobierno Petro realmente heredó un déficit fiscal superior al 5,6 % del PIB estimado en el MFMP 2022, puesto que en las estimaciones no se cumplió el propósito de suavizar el impacto de la volatilidad de las cotizaciones internacionales, minimizando las brechas entre ellas y el precio interno, y que 'en la práctica el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) ha funcionado como un subsidio a los precios de los combustibles'. Según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit de este fondo causado entre enero y agosto de 2022 llegó a $24,7 billones”, dice el documento.

Por esa razón, el ministro Ocampo consideró endeble la relación de las cuentas del gobierno anterior con la realidad, ya que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC), proyectado en 5,6 % del PIB para 2022, está subestimado por cuenta de los gastos del FEPC

Aspectos económicos

Respecto a lo económico, el nuevo equipo técnico del Ministerio de Hacienda también revisó el pronóstico de crecimiento de la economía.

El Gobierno revisó al alza la estimación de crecimiento del PIB para 2022 de un 6,5 % proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2022 a un aumento del 7,7 %. Sin embargo, para el próximo año el Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento de la economía del 1,8 %, desde un objetivo previo de 3,2 % del MFMP 2022. El ministro Ocampo atribuyó las menores expectativas de crecimiento económico al impacto de la alta inflación, al retiro del estímulo monetario, a la desaceleración de la economía mundial y a la necesidad de reducir los elevados desbalances en las cuentas fiscales y externas alcanzados por el país. En igual sentido, el pasado 30 de septiembre el equipo técnico del Banco de la República actualizó sus proyecciones de crecimiento económico nacional: para 2022 aumentó su proyección de 6,9 % a 7,8 % y para 2023 la redujo de 1,1 % a 0,7 %. Los resultados del primer semestre, con un crecimiento de 10,6 %, sustentan la revisión de la proyección para el cierre 2022, mientras que el riesgo creciente de recesión global en medio de una inflación que aún no cede explica la revisión a la baja para 2023. En todo caso, ambas visiones coinciden en que a partir del segundo semestre de 2022 la economía colombiana afronta un proceso de desaceleración con alta probabilidad de acentuarse en 2023.

Presupuesto de Inversión

Con base en la cuota de inversión comunicada al DNP, el gobierno anterior preparó un proyecto inicial de presupuesto de inversión por valor de $62,8 billones, muy inferior al valor presupuestado para 2022 ($69,6 billones). Suma que el ministro Ocampo consideró insuficiente para atender las necesidades en esta materia que apremian al país.

Para corregir esta situación, el ministro propuso para 2023 un presupuesto de inversión por $74,03 billones (incluida inversión con recursos propios). Esta cifra representa un aumento de 6,3 % frente a lo observado en 2022 ($69,6 billones), y equivale al 5,1 % del PIB. Con esto se apoyarán el proceso de transformación de la actividad productiva del país, la paz total, la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, la transición energética, la generación de empleo formal y la reducción de las desigualdades sociales.

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Cambios

Hasta ahora las comisiones económicas aprobaron algunas modificaciones al proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal de 2023 por $405,6 billones. Entre ellas, estas fueron las más importantes:

Gastos de funcionamiento ($3 billones), entre los cuales sobresalen:

• $2,2 billones para posibles faltantes en salarios y pensiones por mayor inflación esperada respecto de los supuestos que sirvieron de base para la presentación del proyecto radicado.

• $500 mil millones prevención, atención de desastres y emergencias en el territorio nacional.

• $277 mil millones para educación, correspondientes a puntos adicionales para IESP en 5 %.

• $651 mil millones se reducen en gastos de comercialización y producción de la Agencia Logística de las FF.MM.

Gastos de inversión

En total fueron incrementados en $11,2 billones, de los que se destacan incrementos para los siguientes sectores:

• Agropecuario ($1,9 billones): formalización de predios privados, distritos de riego.

• Minas y energía ($1,5 billones): subsidios de energía y gas.

• Paz ($1.3 billones): implementación de programas de paz.

• Salud y protección social ($1,2 billones): fortalecimiento de capacidad instalada de los servicios de salud y de los programas de inmunización.

• Educación ($1,1 billones): infraestructura educativa educación básica y media, y fortalecimiento de la educación superior a través del Icetex.

• Inclusión social y reconciliación ($1 billón): para programas sociales.

• Vivienda y agua potable ($1 billón): programas de vivienda, agua potable y saneamiento básico.

• Transporte ($749 mil millones): caminos vecinales para conectividad territorial.

En el sector de hacienda se adicionaron $5,2 billones, para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se suman en funcionamiento los recursos por valor de $2,2 billones, destinados para atender la provisión en incremento salarial y pensiones debido al repunte de la inflación.

En cuanto al sector de agricultura y desarrollo rural, se adicionaron $2 billones, de los cuales $418 mil millones se destinan a la formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas y negras; $353 para la implementación del ordenamiento social de la propiedad rural; $225 mil millones para cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rurales PIDAR; $168 mil millones en incentivos a la capitalización rural y líneas especiales de crédito; $120 mil millones para cumplir órdenes judiciales de restitución de tierras despojadas y abandonadas, y $105 mil millones para el fortalecimiento de las entidades del sector.