El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, defiende la explotación legal del sector y el aporte social que hoy brinda a las comunidades cumpliendo con las consultas previas y las licencias ambientales

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A raíz de un fallo de la Corte Constitucional, la compañía Cerro Matoso logró ponerse al día en las consultas previas. Asimismo aprovechó esa coyuntura y adelantó un exigente plan de inversión social que no solo cubrió a ocho comunidades que lo pedían sino que extendieron los beneficios a una población afro cercana a su área de influencia empresarial.

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, sostiene que ahora esperan recibir la licencia ambiental en 2020, que las empresas del sector no deberían temerle a las consultas previas y que se debe defender la minería legal.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree que hay seguridad jurídica en el sector minero?

RICARDO GAVIRIA: Esa pregunta siempre asalta, es la pregunta que siempre hacen los inversionistas. Desafortunadamente en Colombia no hemos decidido ser un país minero, aquí hablar bien de la minería quita popularidad. En la industria también hemos sido tímidos para hablar de los que se ha hecho bien. No hemos logrado hacer una diferencia entre lo que hacemos, que es legal, con la extracción ilegal.

ENS: ¿Cómo les ha ido en las consultas previas con las comunidades?

RG: Cumplimos un fallo de La Corte Constitucional a raíz de unas tutelas que fallaron en contra nuestra y eso tenía varios elementos, y después que nosotros solicitamos un incidente de nulidad quedaron dos cosas que teníamos que hacer: consultas previas con las comunidades demandantes y sacar una nueva licencia ambiental y también asegurarnos de prestar el servicio de salud a los miembros de las comunidades. Si están enfermas por una de las 16 enfermedades que están en una lista que estaban en el fallo, entonces nosotros arrancamos con el ejercicio de consultas previas. Eran ocho comunidades demandantes, nosotros les solicitamos al Ministerio del Interior incluir una comunidad afro que no era demandante pero que es vecina de estas. Entonces arrancamos a hacer preconsultas el año pasado, terminamos las preconsultas en diciembre del año pasado y arrancamos las consultas previas en enero de este año.

Este octubre protocolizamos esas consultas con estas comunidades étnicas y lo hicimos en el periodo dentro de lo que ordenó la Corte.

Trabajo directo

ENS: ¿Cómo les ha ido con las consultas?

RG: Muy bien. Esto no lo hicimos en un tiempo record pero sí en un tiempo razonable dentro de lo que nos ordenó la Corte y es el resultado de los seis años que llevamos trabajando con las comunidades. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades, no lo delegamos. En el pasado se delegaba a través de una fundación, hoy lo hacemos nosotros directamente. Nuestros ingenieros hablan directamente con las comunidades cuando se trata de cuestiones técnicas. Eso fue muy positivo.

ENS: ¿Cómo les ha ido con el tema de la inversión social?

RG: La orden era hacer consultas con el tema del ambiente. Nosotros hicimos esas y también unas relacionadas con el tema de inversión social. En la cuestión de plata, esto tiene un costo de $148 mil millones tanto para temas de ambiente como de inversión social para 25 años. El de la inversión social es de $73 mil millones también para 25 años. Buena parte de esa plata, un 30%, 40%, se va a invertir en los próximos cinco años. Eso va para los rubros de educación, salud, saneamiento de agua, vivienda, emprendimiento, y nosotros somos la primera empresa que le está apostando a las tierras. Nosotros estamos entregando tierras a las comunidades, van a ser propiedades colectivas para las comunidades. Son 400 hectáreas inicialmente. Vamos a crear un fondo para manejo de tierras. La idea es que en esas hectáreas se realicen proyectos productivos sostenibles.

ENS: ¿Tuvieron el acompañamiento del Estado?

RG: Tuvimos el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, de Salud, del Interior, la ANLA, la CBS, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Muchas empresas ven las consultas previas como un obstáculo en sus procesos productivos, nosotros creemos que es una inversión a largo plazo con nuestros vecinos.

Beneficios

ENS: ¿Esto a qué cantidad de población beneficia?

RG: Son más de 5.000 personas, incluyendo las juntas de acción comunal. Muchas empresas lo que hacen es delegar este trabajo, nosotros lo hacemos nosotros mismos porque hay que implementar los acuerdos. Además, tenemos 19, 20 empleados de esas comunidades en los programas de becados.

En la medida en la que se van capacitando a las personas de estas comunidades, como soldadores, electricistas, incluso como profesionales, los vamos contratando.

ENS: ¿Cambia la concepción que tienen las personas sobre las empresas?

RG: Claro. Porque cuando iniciamos hace seis años, nosotros comenzamos a llevar al Estado. Nosotros comenzamos a mostrarles a las comunidades cuál es el rol del Estado, ellas ahora lo saben. Ya no ven a las empresas como aquel que tiene que solucionarle todos los problemas y eso ha sido un tremendo cambio. Por lo general las empresas siempre se quejan y se quejan y es el momento de que dejen de quejarse para que comiencen a trabajar con el Estado.

Nosotros ya hicimos las consultas y la idea es presentarle a la ANLA el estudio de impacto ambiental en diciembre parta tener una nueva licencia en el año entrante.

Resultados

ENS: Sobre la empresa, ¿cómo les ha ido este año?

RG: Nosotros cerramos el año fiscal en junio 30. Produjimos 40.600 toneladas de carbón. El precio estuvo por encima de lo que estuvo en 2014 y 2015, que fueron años en los que perdimos plata y pues logramos tener caja positiva y algo de utilidad, a raíz de eso pues logramos sacar adelante la aprobación de un proyecto que es la reparación de una línea, nosotros tenemos dos líneas. Este año fiscal de 2020 vamos a reparar esa línea y la producción va a ser de 35 mil -36 mil toneladas más o menos. Afortunadamente los precios en las últimas semanas han repuntado, entonces eso nos pone en una condición favorable de caja pero tenemos que seguir siendo disciplinados en el manejo de costos. En 2014 y 2015 hicimos una reducción de 37% de los costos controlables, casi una reducción de US$90 millones, que si no la hubiéramos hecho nos hubiera sacado del mercado hace un par de años. Nosotros tenemos unos 1.700 empleados entre directos e indirectos.

ENS: ¿Cómo ven la situación económica del país?

RG: El país va a crecer más que los países de la región. Yo creo que el Presidente va bien alineado. La clave es la estabilidad jurídica para que haya más inversión extranjera.

Los inversionistas vienen de países desarrollados y para ellos ver estas manifestaciones, estos fallos de la Corte que son como raros pues les genera incertidumbre y entonces cuando van a calificar al país o un proyecto pues le bajan el puntaje. La economía nuestra se fue acomodando a otros mercados a pesar de lo que está pasando en Venezuela.