La Procuraduría General de la Nación madrugó a las elecciones regionales del 2023 al anunciar ayer que ha previsto un plan de vigilancia e intervención en todo el territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, el cual estará coordinado directamente por la procuradora Margarita Cabello y articulado con las diferentes entidades encargadas de ejercer el Ministerio Público, esto es, las personerías municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo.

El ente de control instruyó para que se activen los Comités Regionales, Distrital y Provinciales de Control Electoral, que serán integrados por las procuradurías territoriales y personerías, encargados de realizar la vigilancia preventiva e intervención en todos los municipios del país, y a las cuales la ciudadanía y actores del proceso electoral pueden acudir para informar sobre hechos relacionados con la indebida intervención en política, la utilización de recursos públicos o la falta de garantías para ejercer el derecho a la participación.    

La Procuraduría les recordó a las diferentes autoridades que tienen como función la organización, el mantenimiento de la convivencia ciudadana o el control sobre el proceso electoral, la necesidad de expedir los respectivos actos administrativos para regular las actividades propias de sus funciones en las distintas etapas del proceso, y las gestiones presupuestales y de planeación, que les permitan disponer de los bienes, servicios y de la logística necesaria.

Con el fin de garantizar el derecho a la actualización de la residencia electoral de los ciudadanos, de cara a estos comicios que se desarrollarán en octubre de 2023 para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, la Procuraduría expidió la directriz impartiendo las instrucciones a los Comités Territoriales de Control Electoral relacionadas con la vigilancia y seguimiento que se debe ejercer sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía, en especial, para verificar los sitios donde se materialicen las mismas.

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Así mismo, se expidió el Instructivo N.° 23 de 2022, mediante el cual se activan los Comités Territoriales de Control Electoral del Ministerio Público, con el fin de ejercer –en todo el territorio nacional– las funciones de vigilancia preventiva e intervención sobre el proceso electoral.

Además, destacó la Procuraduría, permanecerá atenta durante el periodo de inscripción para que las autoridades electorales implementen las medidas y realicen, con el debido tiempo, las investigaciones tendientes a evitar y contrarrestar el fenómeno de la trashumancia electoral.

En este sentido, el ente de control realizará el seguimiento sobre los porcentajes de inscripción de cédulas para que, en caso de advertirse un aumento inusitado, se activen las respectivas alarmas electorales y se informe a las autoridades competentes.