A PESAR del cambio de gobierno y de la promesa de la paz total, la situación de los estudiantes colombianos sigue siendo crítica a finales de 2022. Un informe de Equipo Humanitario País (EHP) que es un espacio de coordinación de agencias de la Organización de las Naciones Unidas y varias oenegés indica que, para la fecha, Colombia sigue siendo uno de los 10 países del mundo donde los infantes no pueden ir a la escuela por culpa de la guerra.
El informe presenta una cifra escandalosa, aproximadamente dos millones de niños colombianos no pueden recibir clases presenciales, ni algún tipo de educación formal por culpa de amenazas, vivir en áreas de conflicto armado, reclutamiento de jóvenes bien sea para trabajar como recolectores de hoja de coca, o para participar en bandas criminales y grupos armados ilegales. Lo que sigue provocando desplazamiento masivos y deserción.
Los que tienen mayor número de estudiantes afectados son Arauca y Norte de Santander, ambos departamentos en la frontera con Venezuela y donde la ilegalidad y el aumento de los cultivos para producir drogas siguen desbordados. Los otros tres departamentos hacen parte de la región Pacífica: Nariño, Cauca al sur y Chocó al occidente en la frontera con Panamá. Es decir, las regiones fronterizas con Venezuela, Ecuador y Panamá son las más afectadas con el desplazamiento y se relaciona de forma directa con las rutas del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales que operan en las áreas de frontera y ricas en biodiversidad, con una pobre presencia estatal.
En la cuarta conferencia de Escuelas Seguras que se realizó en Nigeria se presentó una declaración que indica que los conflictos armados tienen un alto impacto en la educación y presenta desafíos humanitarios y de desarrollo social. Son varios los países donde en el último año se han presentado bombardeos en escuelas, secuestros masivos de estudiantes, ataques a universidades y centros educativos, y en casos más graves se ha cambiado su uso como espacio de formación por uno de uso militar o de defensa.
Ucrania, Siria, Afganistán, Nigeria son los países que en 2022 presentaron mayores ataques armados y afectación al sistema educativo, pero que Colombia siga en la lista de los países donde el problema se mantiene enciende las alarmas, más cuando se esperaba que el cambio de gobierno fuera de forma paulatina reduciendo la alta conflictividad del país.
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El informe presenta un caso que se presentó en septiembre en el corregimiento de Piedritas, del municipio de Riofrío en el Valle de Cauca, donde la comunidad denunció que, frente a la captura de unos miembros de las disidencias de las Farc, el ejército se atrincheró en la escuela de poblado y se armó un fuego cruzado mientras los estudiantes se encontraban en clases. De igual forma, se documentan situaciones como la que ocurrió hace tres meses en Tame, la tercera ciudad del departamento de Arauca, donde se encontraron minas explosivas enterradas y trampas explosivas alrededor de la escuela Brisas de Cuiloto en la zona rural del municipio.
La firma del Acuerdo de Paz, en 2016 evidenció una reducción paulatina del conflicto armado y de la guerra, sin embargo, parece que esa reducción no se ha visto reflejada en los entornos escolares y cada vez van incrementando. Según cifras de (Gcpea) que en sus siglas e inglés traduce Coalición Global para la protección de la Educación desde los Ataques, en 2018 se registraron 20 ataques a escuelas colombianas, en 2021 ascendieron a 35 y en lo que va de 2022 ya van en 26. La mayoría los ataques se han presentado en las regiones del Caribe y del Pacífico y responsabilizan en parte a las acciones armadas del grupo denominado Clan del Golfo.
Los riesgos no están solo en los estudiantes. Los profesores también se están viendo afectados, en especial aquellos que ejercen roles de liderazgo en sus instituciones o en las regiones donde trabajan. En los últimos dos meses Fecode, la Federación Colombiana de Educadores informó del asesinato de cuatro docentes en los departamentos de Caquetá, Arauca, Norte de Santander y Nariño, justo las regiones más afectadas por la alta vulnerabilidad de las instituciones educativas.
Durante el gobierno de Duque el país no quiso inscribirse en la red de Escuelas seguras, una iniciativa liderada por Noruega y Canadá que busca proteger a los estudiantes escuelas, universidades y comunidad educativa de los efectos del conflicto armado. Ochenta naciones participan en la iniciativa, y ahora el reto actual es que Colombia suscriba el compromiso que permita desarrollar acciones por proteger a las instituciones educativas y sus miembros de los efectos de la guerra.
Un reto que indica el Consejo Noruego de Refugiados, es que el gobierno requiere acciones inmediatas para contrarrestar los efectos de la violencia en el país como, por ejemplo, invertir en un mayor número de profesores para las áreas rurales y que cuenten con herramientas psico-emocionales para brindar apoyo a los estudiantes afectados por el conflicto y prevenir la deserción que tanto se extiende y que sigue abriendo las brechas sociales en el país.
*Especialista en educación