Con el firme propósito de ampliar garantías de protección a las víctimas de delitos sexuales, la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que suprime los beneficios a violadores.
Esta iniciativa, ampliamente discutida en sesiones pasadas, fue respaldada por el senador Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), quien manifestó que “este proyecto complementa la norma existente, es extender lo que ya existe para proteger el derecho tutelado a otras personas”. Lo anterior, dado que la legislación actual ya contempla dicha eliminación cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, pero no cobija a las personas adultas.
Esto se complementa con las intervenciones realizadas por la senadora ponente Esperanza Andrade Serrano (Partido Conservador), quien en sesiones pasadas argumentó que se trata de ofrecerle recursos a la justicia para que las penas sean endurecidas en favor de los menores y demás víctimas de delitos sexuales.
Pese al resultado favorable de este proyecto de ley, varios senadores se pronunciaron en contra, puntualizando sobre la inefectividad de iniciativas de esta naturaleza en tanto que se ha demostrado que el endurecimiento de penas no se traduce en una reducción de los casos presentados por este delito.
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Así lo señaló el senador Roy Barreras, quien aseguró: “Meter a la cárcel a todo el mundo con las penas más altas, no solamente es una reincidencia en la fórmula facilista del populismo punitivo, sino que además se ha demostrado que no funciona. Los casos continúan creciendo año tras año, se necesita una intervención del Estado Social de Derecho”, sostuvo.
De igual forma, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana) destacó que la manera de abordar esta problemática de multicriminalidad en la sociedad, debe ser desde un punto de vista multidimensional, partiendo de una investigación rigurosa por la comisión primera, donde se evalúen los factores que estructuran esta problemática que no es aislada, ni corresponde a la figura de un “ser anómalo”, sino que se ha configurado como un delito sistemático que debe ser abordado desde la prevención y la educación, entre otros elementos.
Según el informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), actualmente hay 8.091 reclusos por el delito de actos sexuales con menores de 14 años, 6.665 más por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y 3.506 por acceso carnal violento. Adicionalmente, Medicina Legal destacó que en 2018 realizó 26.065 exámenes médico legales por presunto delito sexual, cifra que en 2019 aumentó a 26.158.