El pasado 21 de noviembre se realizaron las elecciones regionales y locales en Venezuela, en cuyos comicios se eligieron 20 gobernadores con el apoyo del PSUV, o sea, de las fuerzas gubernamentales, y 3 de la fracción de la oposición que decidió acudir a las elecciones. Del mismo modo, se eligieron 205 alcaldes del partido de gobierno de 322.

Este certamen electoral tuvo la particularidad de haber contado con la presencia de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que acaba de presentar un informe preliminar sobre lo que fue el proceso electoral en el vecino país. En dicho informe se habla del uso de recursos públicos para la campaña electoral, de inhabilitaciones arbitrarias de candidatos y puntos de control partidista en centros de votación. Aunque reconoce “mejores condiciones que en procesos electorales anteriores”, el Informe enfatiza en la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia en el proceso electoral.

La eurodiputada Isabel Santos dijo que hubo “entrega de bienes como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, y que ello afectó la igualdad de condiciones”. Agregó que “la campaña del partido de gobierno fue predominante en todo el país y contó con una base movilizada y, en algunos casos, con la participación de funcionarios públicos”. También se refirió a la instalación de puntos de control ilegales del partido de gobierno en las proximidades de los centros de votación. El informe final será presentado a fines de enero o comienzos de febrero del año entrante y aseguró que el trabajo de los integrantes de la Misión fue independiente, neutral e imparcial. Además, concluye que, aunque mejoraron las condiciones en relación con las tres elecciones nacionales anteriores, persisten deficiencias estructurales.

Como es conocido, los gobiernos autocráticos acuden a elecciones para tratar de legitimarse ante la comunidad internacional, pero es evidente que por democracia no se entiende únicamente convocar a elecciones. La descripción que recoge el informe de la Unión Europea nos demuestra que no hubo garantías suficientes, a pesar de alguna mejora en las formas, para que hubiera elecciones justas y transparentes. Los aspirantes por el PSUV eran todos apoyados por el aparato del Estado, violando la neutralidad a que está obligado el Gobierno, y en condiciones abiertamente desiguales con las de los candidatos del sector de la oposición que decidió participar en las elecciones.

Recordemos que en Venezuela cuando un integrante de la oposición gana una alcaldía o una gobernación no lo dejan gobernar, le montan una administración paralela, le limitan los recursos presupuestales y lo rodean de garantías hostiles.

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En las elecciones de Chile los candidatos José Antonio Kast, de la derecha, y Gabriel Boric, de la izquierda, pasaron a la segunda vuelta y se disputarán el próximo 19 de diciembre la elección presidencial. Se anticipa una elección muy reñida y disputada. Ojalá salga fortalecida la democracia chilena del proceso electoral en curso.