Con la presentación de dos ponencias positivas y una negativa durante el fin de semana, el proyecto de Acuerdo sobre el Presupuesto del 2022 ya comenzó su trámite en el Concejo de Bogotá. 

En gran medida la agenda de este proyecto está íntimamente relacionada con el desarrollo que tenga el Plan de Ordenamiento Territorial, que no ha prosperado, pero también el proyecto de Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos está justo de tiempos pues, en principio, tiene plazo hasta el próximo 10 de diciembre, fecha límite para el debate ordinario para adelantar su trámite.

Aún así, ¿qué plantearon las ponencias con relación a este proyecto, para avizorar en dónde se centrará el debate? Pues bien, y como se sospechaba desde que se radicó este documento en el Concejo de Bogotá, habrá modificaciones relacionadas con el rubro para seguridad y también hay preocupaciones conjuntas relacionadas con los recursos que se destinarán a Integración Social.

Así mismo, se presentarán ajustes relacionados con los recursos provenientes de la venta de la EEB y a los subsidios que, el concejal ponente Ramírez Vahos, presentó de manera independiente.

Vale mencionar que frente a las ponencias positivas del concejal de la Alianza Verde Andrés Onzaga y del cabildante del Centro Democrático Óscar Ramírez Vahos, “estamos muy cerca de poder tener una ponencia unificada”, confirmó a este periódico el concejal Onzaga.

Incremento a la seguridad

Ahora bien, con relación al rubro para seguridad que contempla el presupuesto del año entrante, de los $24,3 billones a invertir, solamente 590 mil millones serán destinados a esta cartera, más específicamente el 0,59% del total del presupuesto. Esta cifra, coincidieron los dos ponentes que radicaron ponencia positiva, debe ser aumentada.

“Otra de nuestras propuestas que fue aceptada por la Administración fue la de dejarle más recursos a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, para que sean destinados a la compra de CAI móviles para fortalecer la seguridad en Bogotá. En mi ponencia proponemos un incremento por 1.400 millones pero te aclaro una cosa: nuestra ponencia tiene una particularidad y es la de pasar unos recursos dentro de la misma Secretaría para una cárcel en Puente Aranda que la comunidad no quiere y por la cual he manifestado mi desacuerdo, por considerar que estos recursos serían mejor invertidos para una estación de bomberos y fortalecimiento de los CAI por $20 mil millones”, sostuvo a EL NUEVO SIGLO Onzaga.

En esto coincidió por completo el concejal Vahos, quien añadió que siete de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros. “Desde el 2018 los presupuestos para seguridad vienen presentando una disminución, mientras que las tasas vienen en aumento. Necesitamos más presupuesto, más presencia de policía y más inteligencia, operativos y un ataque decidido a las estructuras criminales”, indicó.

Lo social, un imperativo

Otro de los rubros que se plantea aumentar es el de Integración Social. Tanto el concejal Vahos como Onzaga hicieron un análisis en cuanto al presupuesto, a su distribución y a las prioridades y metas que podrán fortalecerse con los recursos del próximo año, y el tema social debe robustecerse. 

“Ese análisis nos llevó a trazar la propuesta más importante de nuestra ponencia y es la de darle más recursos a la Secretaría de Integración Social. En plena crisis no podemos seguirle quitando dinero a lo social y por eso en la propuesta que hicimos proponemos fortalecer esta entidad con aproximadamente $90 mil millones adicionales a la cifra trazada en el presupuesto, para varios programas y especialmente para dejarles más recursos a las personas con discapacidad para poder atender a los niños egresados de los programas de Bienestar Familiar. Ojalá lo acepte la Administración y lo vote la comisión. Ese es el punto clave de nuestra ponencia: fortalecer lo social”, añadió el concejal Onzaga.

Así mismo, y también pensando en las personas con discapacidad, la ponencia del concejal Onzaga incorpora un artículo para que en cada una de las metas que se proponen en este presupuesto, tales como la generación de nuevos empleos, la consolidación de vivienda de interés social y la creación de cupos de educación superior, “se incluya una cifra, del 10%, para la población con discapacidad”.  

“Le dimos a este presupuesto un enfoque muy social, sin desconocer por supuesto que necesitamos invertir en infraestructura y en seguridad, como ya lo mencioné”, finalizó diciendo a este respecto el concejal verde.  

El concejal del Centro Democrático Vahos dijo que el presupuesto que se presenta para el 2022 no puede tener un solo peso de reducción en materia de atención social. “Es impresentable que después de haber padecido esta pandemia y de que todos los indicadores de pobreza monetaria y extrema hayan subido, nosotros le quitemos recursos al componente social”.

Adicionalmente, de acuerdo con el concejal Ramírez, Bogotá debe entender que los ingresos solidarios y las transferencias monetarias son importantes en una contención, pero no puede ser una política definida para la ciudad. “Nunca una transferencia va a poder reemplazar la presencia institucional con comedores y atención a la primera infancia y esas transferencias, a futuro deberán ir condicionadas”, puntualizó. 

Por último, a este respecto, una fuente del equipo del concejal ponente, Carlos Carrillo, indicó a este medio que en los argumentos expuestos por el concejal de por qué su ponencia fue negativa, "se cuestionó insuficiencia de recursos para el ingreso mínimo garantizado", un rubro destinado a la crisis social. 

Venta de la EEB  

Otra de las propuestas contempladas en la ponencia del concejal verde es la de incorporar un apartado relacionado con la enajenación de las acciones de la Empresa Energía de Bogotá, un acuerdo pactado desde el 2016.

Como está establecido en el Proyecto de Acuerdo, “tales recursos están dirigidos a la Primera Línea del Metro de Bogotá Fase 2, Calle 13 y Cable San Cristóbal”. Ante este hecho, el concejal Onzaga precisó que si bien es cierto que estas son obras muy importantes y necesarias para la ciudad, "calculamos que la venta de las acciones puede que esté por encima del valor que ellos han calculado. Si es así, hemos puesto un parágrafo para que los excedentes de esa venta, de la EEB, se vayan también para fortalecer al sector social".

A este respecto, el concejal del Polo Carlos Carrillo indicó que “el Grupo de Energía de Bogotá ha generado más de $5,9 billones en dividendos para el Distrito en los últimos 10 años”, por lo que no está de acuerdo con la venta de acciones que se proponen en este Proyecto de Acuerdo. “La Empresa de Energía presenta un crecimiento y deberíamos mantenerlo”, indicó el concejal Carrillo, cuya ponencia fue negativa.

Subsidios

Entendiendo que los subsidios rigen para cinco años y en este diciembre se vence el acuerdo de 2016, el concejal Vahos indicó que presentó el tema de los subsidios, habidos en el presupuesto, de manera individual.  

“Yo presenté el proyecto de subsidios de manera individual y como lo contempla la ley debe ser un acuerdo individual. Si bien puede estar incluido en el presupuesto (como lo contempla la Ley de Presupuesto), este debe ser un acuerdo independiente y así lo radiqué”, finalizó diciendo el concejal del Centro Democrático.