EN EL sector salud recibieron con buenos ojos el anuncio ayer del ministro Guillermo Jaramillo de que el Gobierno no está cerrado a eventualmente corregir la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 5,36% para este año, que gremios como Acemi y Acesi sostienen que es insuficiente para atender los costos del servicio. Sin embargo, asociaciones como Pacientes Colombia temen que se quede solo en una manifestación y que se agrave la crisis financiera del sistema.

El Ministerio de Salud hizo el pasado 31 de diciembre la actualización de la UPC para este año, como lo establece la ley, en donde se esperaba que la crisis se paliara de alguna manera con un incremento significativo, sin embargo, el desencanto fue generalizado porque la mayoría de actores del sector sostienen que el 5,36% es insuficiente.

Antes las críticas el viceministro de Salud, Luis Martínez, explicó el pasado viernes que el porcentaje de actualización se hizo luego de revisar la información que entregaron las EPS sobre los costos de los servicios, aunque sostuvo que “la información de las EPS carece de consistencia”.

Añadió que “se toma la información que reportan las EPS. Si esa información es inconsistente, de manera responsable el Gobierno no puede incrementar más allá de lo que da esa misma información”.

Frente a la petición de organizaciones de la salud al ministerio de revisar la UPC fijada para 2025, el viceministro Martínez dijo que “hay que seguir revisando esta información, por lo pronto tenemos una cifra, pero hoy la decisión tomada es esta”.

No obstante, el ministro Jaramillo dijo ayer a la FM que “no estamos cerrados a la banda, se puede corregir la UPC, pero necesitamos información confiable”. El titular de cartera dijo que “mi propuesta son dos: si ANIF (Centro de Estudios Económicos) y ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), que vienen proponiendo el aumento del 16%, les propongo a ellos paguen los aportes patronales que han dejado de pagar desde 2002. Con esos aportes patronales, que pueden estar entre cerca de $15-20 billones, si es que falta plata la podemos solucionar”.

Agregó Jaramillo que su segunda propuesta es “hagamos una gran mesa con la academia; con las EPS; con los empresarios; con las instituciones universitarias que han hecho estudios de este tipo, como la Universidad Nacional; la Superintendencia y los entes de control. Inclusive con la presencia de personas muy importantes representativas de los sectores de la comunidad en general, y ponernos a trabajar”, primero mirar si el mecanismo con el cual se está tasando la UPC es el adecuado. Adicionalmente “miremos en detalle si lo que se está pagando es suficiente o no es suficiente”.

Y en tercera instancia, “qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir esos recursos adicionales porque no se le puede pedir al Gobierno que haga aumentos sin saber cómo ni a qué horas, cuando lo que estamos viendo es que ni siquiera sabemos en qué se están gastando los dineros”.

Redondeó su propuesta Jaramillo que “si después de estos estudios, después de conformar esta comisión se encuentra que hace falta recursos, creemos que no hace falta, pero si llegara a faltar plata, entonces que comencemos a mirar que paguen los patronos, paguen los empresarios, paguen los aportes patronales, y sobre la base de esos aportes patronales podamos tener la posibilidad de sustentar adecuadamente la salud que necesita el pueblo colombiano”.

Jaramillo explicó que el 80% de los recursos del sistema de salud provienen del IVA y de los pagos de los ciudadanos.

Presidente acoge propuesta

El jefe de Estado dijo en X que “Jaramillo propone revisar la UPC a la luz de un nuevo financiamiento para la salud. Yo no iría a cargar más a las empresas en general, recuperando la antigua parafiscalidad de nómina, sino poniendo impuestos a los juegos de suerte y azar ilícitos para que sean lícitos, y con la sobretasa de renta a las extracciones fósiles”.

El mandatario dijo que “estas nuevas fuentes de financiación podrían ir al sistema preventivo y público a nivel nacional y podrían, como quiso la Corte Constitucional en reciente sentencia, dedicarse a la UPC exclusivamente para asistencia a enfermos, es decir para el sistema de referencia y contrarreferencia que debe ser de carácter mixto, público y privado”.

¿Hay disposición para revisar UPC?

EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de expertos sobre si ven una real intención del Gobierno de revisar el valor de la UPC para este año.

Enrique Peñaloza Quintero, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, dijo que “el Gobierno tiene que sentarse a discutir el tema, él dice que los datos son muy malos, durante muchos años hemos luchado por tener mejor data para hacer mejores cálculos, pero esa no es la única explicación frente a decir que aumentó la UPC ligada a un valor de inflación”.

En ese sentido, dijo, “lo más importante es sentarse a hacer un piloto que me parece que ha estado demorado el Gobierno, el piloto de ellos tiene incluso prestadores públicos. Entonces, por qué no mirar en el prestador público cómo es el comportamiento de frecuencias de uso, etcétera, y hacer unas simulaciones a ver qué tan lejos está en términos de la operación lo que en este momento se está asignando a la UPC”.

Agregó que en caso que no se logre una UPC en 2025 que soporte los costos del servicio, para los actores del sistema “la única forma es tratar de hacer recobros frente a unos gastos mayores a lo que se puede estar pagando en la UPC”.

No obstante, aclaró que esto tiene que ver por la forma como los contratos se realizan entre la EAPB (Entidades Administradora de Planes de Beneficio) y los prestadores de servicios, los cuales deben tener en cuenta cómo hacen los contratos para que su operación no sea deficitaria.

Añadió que ello va a hacer que los prestadores se muevan a un modelo que es pago por servicio, “pero esos son procesos demasiado largos que en este momento no son convenientes frente a la presión tan grande que tenemos”. 

Por su parte, el exministro de Salud Jaime Arias dijo que “creo que el planteamiento de aumentar la UPC en 5,35% es para hacer una apuesta. En otras palabras, es para negociar. Ellos están muy asustados porque se han dado cuenta que la cosa está muy grave”, “Han visto una reacción general de la gente, de los pacientes”.

Arias dijo que en caso de que no se logre un acuerdo para actualizar una UPC que responda a las necesidades del sector, a los actores “les quedan muchos recursos jurídicos, incluso ya se han empleado. La Corte Constitucional tiene un grupo de seguimiento a la Sentencia C-160”.

¿Qué dicen los pacientes?

Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, dijo que “el diálogo tiene que ser la primera alternativa, lo que sucede es que el Gobierno ya ha convocado temas de salud de diferentes mesas y después no salen con nada, no conciertan, no dialogan, sino que quieren imponer”.

Enfatizó que “no vemos disposición de parte del Gobierno para modificar la UPC, salvo el condicionamiento que puso el señor presidente: Me aprueban la reforma tributaria y ahí sí les ajustó la UPC”.

Añadió que los actores del sistema tienen tres alternativas para buscar ajustar la UPC a los costos reales: “Una demanda ante el Consejo de Estado para pedir la nulidad de la Resolución 2717; dos, el pronunciamiento de la Corte Constitucional donde ordene el ajuste de acuerdo a las necesidades reales en salud; y tres, que es lo que estamos explorando y mirando de dónde vamos a sacar los recursos, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.