UNA ruta constituyente muy distinta a la anterior, que se evidencia desde el menor número de integrantes hasta las ‘líneas rojas’ a considerar, contempla el “Acuerdo por Chile” rubricado por la mayoría de los partidos políticos para redactar una nueva Constitución.

Tres meses después del contundente rechazo ciudadano en el plebiscito de salida obligatorio al texto de la nueva Carta (61.9% por el No y 38.1% por el Sí), asestando un duro golpe al gobierno del izquierdista Gabriel Boric y dejando sin piso tres años de proceso constituyente, se logró el consenso político para iniciar otro que por su concepción y consenso se visualiza exitoso.

El punto de partida de la propuesta de nueva Constitución es un proyecto de reforma con las bases institucionales acordadas por varios 14 partidos y tres movimientos con representación en el Congreso partidos políticos para crear un documento redactado en democracia y por un órgano con dedicación exclusiva. En el Acuerdo no participaron el ultraderechista Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast y el novel Partido de la Gente (centroderecha), del también exaspirante Francisco Parisi.

A diferencia de la Convención Constitucional elegida el mayo del 2021, (mayoría de izquierda e independientes) las reglas de este nuevo intento constituyente las determinaron mayoritariamente los triunfadores del referendo de salida: la derecha tradicional y las fuerzas moderadas, que lograron consenso con el resto de tendencias políticas.

El texto pasado, que incluía un catálogo de derechos sociales, fue rechazado por su falta de gradualidad, por las polémicas actuaciones de algunos de los miembros de la Convención Constitucional que la redactó, y porque fue calificada por parte de la población como demasiado radical.

“Aprendiendo con mucha humildad de los errores”, tal cual lo destacó el presidente del Senado, el izquierdista Álvaro Elizalde, los voceros de todos los partidos firmantes de este Acuerdo político coincidieron en señalar que es “una nueva oportunidad para Chile” y esperaron no fracasar.

"Agradezco la responsabilidad de los actores de este diálogo, pues hoy se inicia el camino para avanzar en una Constitución nacida en democracia", sostuvo Elizalde, secundado por el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic.

El presidente del Senado insistió que “el país demanda certezas, sanar heridas, reconstruir confianzas y, sobre todo, llevar adelante un proceso constituyente exitoso, para que la Constitución sea un factor de unidad. Pero la tarea recién comienza. Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia y no solo las del pasado reciente”.

Entre los partidos que firmaron el documento se encuentran Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, el Partido Socialista, Convergencia Social, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Liberal, el PPD, Comunes, la Federación Regionalista Verde Social, la Democracia Cristiana, Revolución Democrática y Acción Humanista, así como las colectividades en formación Amarillos por Chile y Demócratas.

Así, los firmantes de las bancadas avalaron crear un órgano que redacte la propuesta de nueva Constitución y que esté formado por miembros electos popularmente y "expertos" designados por el Congreso.

Será un "Consejo Constitucional compuesto por 50 personas que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución", indica el acuerdo, que agrega que estos integrantes serán “elegidos por votación popular directa, bajo sufragio universal, obligatorio y bajo principio de paridad. Una vez cumplida su misión se disolverá”.

Dicho Consejo Constitucional comenzará su trabajo el 21 de mayo del 2023 y deberá entregar el proyecto de Constitución el 21 de octubre.

Más de un mes después (26 de noviembre) se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de Carta Magna.

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Paritario y escaños indígenas 

Los miembros del mencionado Consejo serán elegidos en una votación que realizará en abril del próximo año.

También se conformará una Comisión de 24 expertos que serán elegidos por el Congreso en representación de las distintas bancadas oficialistas y opositoras cuyas fuerzas están equilibradas en el Parlamento.

Los 12 designados por los senadores y el mismo número por los diputados se elegirán “en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas”. Este equipo de expertos, que comenzará labores el próximo enero, deberá presentar un anteproyecto de la nueva Constitución que será la base de trabajo del Consejo Constitucional. Luego se integrarán al mismo, harán parte de los debates y, al final del proceso, tendrán la opción de “formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto”. 

En caso de discrepancias, un grupo mixto de seis convencionales y seis expertos deberá llegar a consensos por tres quintos. Este punto ha sido un triunfo para la derecha, que buscaba mayor protagonismo de los especialistas y que no solo tuvieran un papel de asesores.

Este acuerdo tendrá que ratificarse por cuatro séptimos por el Congreso, porque se trata de un proyecto de ley de reforma de la Carta Fundamental.

También se constituirá una comisión de admisibilidad, compuesta por 14 juristas elegidos por el Senado, que tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas para determinar una eventual inadmisibilidad de éstas.

El Consejo Constitucional también será paritario y los indígenas, que tenían 17 escaños en la anterior ocasión, tendrán esta vez la representación que les otorgue la votación.

Otro de los puntos de consenso es que el proyecto deberá incluir 12 puntos que conformarán las "bases constitucionales", a diferencia del anterior que inició desde cero.

Entre estos puntos destacan el reconocer a Chile como una "República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo", reconocer "a los pueblos indígenas", reconocer los tres poderes del Estado: "Ejecutivo, Judicial y legislativo Bicameral", entre otros.

Y desde ya se descarta los que llevaron al fracaso del anterior proceso. Vale recordar que las normas que generaron mayor rechazo fueron la plurinacionalidad, las autonomías territoriales indígenas y el sistema de Gobierno con régimen presidencial y bicameralismo asimétrico, que representaba el fin del Senado, con 200 años de historia.

En Chile rige la Constitución de 1980, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet y reformulada decenas de veces en democracia. En medio del estallido social de octubre de 2019, el proceso constituyente fue la respuesta institucional que el entonces presidente Sebastián Piñera y los partidos políticos encontraron para desactivar la indignación social.

Apoyada mayoritariamente por los chilenos al igual que la elección de 155 convencionistas constituyentes fue finalmente rechazada. Tenía 355 artículos y proponía, entre otros asuntos, democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que Chile no ha conocido nunca, descentralización y, junto con la paridad y una mirada ecologista -que cruzaban todo el texto- se garantizaban una gran cantidad de derechos sociales.

EL CONGRESO chileno logró un acuerdo político para iniciar un nuevo proceso constituyente, tras el apabullante no del pasado septiembre. El cronograma establece que 26 de noviembre se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se aprueba o no el texto de la Carta Magna. /Foto AFP