El Ministerio Público visitó tres cárceles de Bogotá, atendiendo principalmente el gran número de población existente y las denuncias previamente conocidas sobre presuntas situaciones de vulneración a derechos fundamentales de los internos.

“Los derechos a la vida y la integridad personales presuntamente se lesionan y ponen en peligro por factores como la sobrepoblación carcelaria, la no distinción entre procesados y condenados, ni el reconocimiento de las diferencias entre ellos, por el delito cometido, su reincidencia o su condición mental o física”, concluyó la Procuraduría tras visitar tres cárceles de la ciudad de Bogotá.

En cumplimiento de su función preventiva y por disposición del procurador, Alejandro Ordóñez, se constituyeron seis grupos de trabajo conformados por servidores de las procuradurías delegadas para el Ministerio Público en Asuntos Penales y Preventiva para los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; se adelantaron visitas a la reclusión de mujeres “El Buen Pastor”, el Establecimiento Carcelario “La Modelo” y el Establecimiento Penitenciario de Alta Mediana Seguridad y Carcelario – ERON- de Bogotá  EPAMCAS – ERON.

En el marco de estas acciones se establecieron las condiciones de salud, hacinamiento, alimentación, infraestructura física y humana y el cumplimiento de los trámites legales/judiciales por parte de las oficinas jurídicas en estos establecimientos penitenciarios de la capital del país.   

Para el Ministerio Público subsiste una potencial vulneración de los derechos fundamentales que afecta a la población reclusa de los establecimientos visitados y a sus familias, que exigen la acción mancomunada de distintas entidades para solucionarlo, “por lo que persiste en los establecimientos de reclusión el ‘estado de cosas inconstitucional’ que fue determinado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998”.

Las visitas realizadas permitieron evidenciar que derechos fundamentales de la población carcelaria visitada como la dignidad humana, la vida e integridad personal, la salud, la familia, el trabajo y la educación, entre otros, se ven posiblemente afectados por las precarias condiciones de reclusión en estas tres instituciones sin que la respuesta de las autoridades responsables sea eficiente ni oportuna.

El sistema de salud en los citados establecimientos es deficiente y adicionalmente, las condiciones de hacinamiento y las carencias presentadas en la infraestructura de estos centros penitenciarios afectan el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

El informe de la Procuraduría hace referencia a la ausencia de medios para la resocialización, con lo cual se vulnera, entre otros, los derechos al trabajo y a la educación, pues en esta materia se advierten situaciones que de una u otra forma generan desigualdad y una latente falta de oportunidades para la resocialización de los internos.

Al analizar la calidad de la asistencia jurídica que se brinda a los reclusos, la Procuraduría concluyó que ésta es morosa y extemporánea. El informe agrega que el derecho de petición es potencialmente afectado por las autoridades carcelarias, específicamente por las dependencias jurídicas de estos establecimientos penitenciarios y carcelarios, al parecer ante la insuficiencia de personal.

Una vez advertidas estas situaciones, mediante el informe presentado por el Ministerio Público sobre cada una de las cárceles visitadas, se exhortó a las autoridades correspondientes para que adopten las recomendaciones correspondientes en busca de salvaguardar los derechos y las garantías de los reclusos e internos de estos centros.

La Procuraduría continuará adelantando acciones preventivas haciendo los seguimientos de las recomendaciones realizada ante las autoridades concernidas del orden nacional y distrital. Así mismo, a nivel nacional se han extendido diversas acciones preventivas con el objetivo de evaluar y examinar el sistema penitenciario y carcelario frente al cumplimiento de los mandatos constitucionales.