Está claro que extender los beneficios jurídicos que se proponen para la guerrilla a otros sectores relacionados directamente o indirectamente con el conflicto es un debate inevitable que no saldrá ya del escenario. El foco principal ya no será La Habana sino el país entero. Con o sin proceso, hay consenso sobre blindar jurídicamente a las Fuerzas Militares. Sin embargo, la situación se complica al tratar de aterrizar el pragmatismo generalizante de proponer justicia transicional para todos, a trasmutar esa idea en reformas y leyes concretas. Análisis 

Si hace una semana el gran debate en el país alrededor del proceso de paz se circunscribía en hasta dónde podrían llegar los beneficios penales y políticos para los cabecillas y guerrilleros de las Farc, en los últimos días la controversia se amplió a un espectro aún más complejo: a quiénes más se puede cobijar con esas prebendas y qué pasaría si no se camina en esa dirección.

El punto de partida, como es sabido, fue el pronunciamiento público del pasado domingo del expresidente César Gaviria en donde, palabras más, palabras menos, propuso que la justicia transicional no se aplique exclusivamente a las Farc, como ya se hizo con los paramilitares (Ley de Justicia y Paz), sino también a los integrantes de la Fuerza Pública y, lo más ambicioso del planteamiento, a los sectores no combatientes que tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

“Comienzo por señalar que hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la Fuerza Pública tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo”, dijo Gaviria.

La propuesta generó en los últimos días una polémica de alto vuelo en la que quedaron claros cuatro elementos. En primer lugar que, a diferencia de otros temas relacionados con el proceso de paz, en esta ocasión la propuesta de extender los beneficios de justicia transicional para otros sectores no combatientes relacionados con los paramilitares y los guerrilleros no polarizó ni dividió al país por mitades.

Todo lo contrario, tanto desde el santismo como del uribismo, e incluso de sectores de la izquierda, la academia, los gremios, los militares retirados, los medios de comunicación, columnistas, la propia guerrilla, el Fiscal General y otras instancias nacionales e internacionales hubo una coincidencia en torno a que un perdón o flexibilidad penal limitado única y exclusivamente a las Farc no sólo tiene muchos peros y reservas en la opinión pública, sino que al final de cuentas no daría pie a una paz permanente ni sólida.

Sorprendieron las coincidencias en que cualquier gabela política o jurídica a los subversivos que se desmovilicen y entren a la vida civil, sin pagar cárcel pese a ser responsables de delitos graves y de lesa humanidad, impone obligatoriamente la necesidad de establecer un régimen de beneficios y flexibilidades penales para los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía condenados o investigados por delitos derivados del conflicto armado. No se puede perder de vista que aquí se está hablando, entonces, de aplicar justicia transicional a oficiales y soldados que hayan incurrido en masacres, desapariciones forzadas, torturas y un menú amplio de graves infracciones a los derechos humanos en medio de la lucha sin cuartel contra la guerrilla, incluso en complicidad con los paramilitares. La tantas veces reiterada hipótesis en torno a que no se puede permitir que los jefes guerrilleros vayan al Congreso mientras que quienes los combatieron -aunque violando la ley- siguen tras las rejas, tiene una respuesta de máximo pragmatismo en la idea planteada por el exmandatario liberal y dos veces Secretario General de la OEA.

Para una gran porción de la sociedad colombiana si a la guerrilla, en el marco de un acuerdo de paz, no se le hace pagar por su accionar violento y terrorista, con mayor razón debe dársele a los uniformados procesados judicialmente las mismas gabelas o incluso mayores, pues si éstos últimos cometieron delitos lo hicieron al ir más allá de lo que la ley permite en la lucha contra la guerrilla.

Un segundo elemento que se puede extraer de la multiplicidad de las reacciones a la propuesta de Gaviria, es que así como hay coincidencia en torno a que se dé beneficios judiciales a los militares y policías condenados o investigados por delitos relacionados con el conflicto armado, también hay consenso en torno a que esa flexibilidad judicial no puede ni debe ser negociada en La Habana con la guerrilla, sino que debe ser definida de manera autónoma y exclusiva por el Estado.

Es más, la mayor diferencia sobre el blindaje judicial castrense radica en los sectores que sostienen que la justicia transicional debe aplicarse a los militares procesados o condenados, en paralelo a la que se establezca para la guerrilla, y aquellas instancias que consideran que debe aplicarse la justicia transicional a los uniformados sin que sea necesario que medie un proceso de negociación de paz con la subversión.

Esa circunstancia merece un análisis de fondo porque, de entrada, evidencia que la sociedad colombiana no dejará equiparar en modo alguno a los guerrilleros con la Fuerza Pública,  ni siquiera mediando un proceso de paz. Lo cierto es que por más que las Farc insistan en tratar de señalar al Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Policía como victimarias dentro del conflicto, la tesis no tiene eco alguno en la opinión pública. Como tampoco son creíbles para la gran mayoría de los colombianos las interpretaciones históricas de la subversión sobre los orígenes del conflicto, a través de las cuales se quieren presentar como una “fuerza armada revolucionaria” que combate justamente a una “fuerza armada del régimen oligárquico”.

Esa falta de credibilidad en lo que dice o hace las Farc o el Eln, no es un elemento menor, en la medida en que pone de presente que las mayorías nacionales que están a favor del proceso de paz no lo hacen porque crean que en realidad sí hay una ‘justificación’ a la lucha de la guerrilla, sino porque simplemente consideran que es hora de parar la guerra y si para ello se requiere sacrificar algo de justicia, pues que así se haga. Una circunstancia que, en perspectiva, lo único que hace es relievar que el apoyo popular a la causa guerrillera, aún en medio de un proceso de paz, y mediando situaciones inéditas como el cese de fuego unilateral e indefinido declarado por las Farc, continúa siendo ínfimo. Y eso para unos cabecillas insurgentes que quieren ingresar en política a corto plazo, y que para ello deben someterse primero a un proceso de refrendación popular de los acuerdos en las urnas, debe ser un hecho preocupante.

Cambiar de escenario

El tercer elemento que se puede identificar en las controversias sobre la propuesta de Gaviria es que se trata de un escenario no sólo más complejo sino más amplio que la negociación con las Farc. Es más, se podría decir que ésta última pasaría a ser apenas una parte de la solución total y no el foco principal en que se ha convertido en los últimos tres años.

El expresidente liberal, en el sentido más pragmático de su propuesta, puso sobre la mesa la necesidad de proyectar un mega-referendo para que los colombianos voten por una norma de “punto final” para todos los sectores relacionados con delitos en medio del conflicto. Si bien él  mismo aclara que no se trata de repetir los ejemplos de varios países latinoamericanos en donde esta clase de ‘leyes’ de amnistías e indultos amplios, sobre todo para militares involucrados en los regímenes dictatoriales, se terminaron cayendo por posteriores procesos judiciales ya en gobiernos democráticos, lo cierto es que, en el fondo, sí hay puntos coincidentes.

Como la guerra en Colombia está visto que no comprometió única y exclusivamente a guerrilla, paramilitares y Fuerza Pública, sino también a otros sectores políticos, sociales, económicos, institucionales, regionales y locales, entonces cualquier intento por superarla a través de un proceso de paz tiene necesariamente que implicar una especie de perdón o flexibilidad penal o política a los unos y los otros.

No sólo porque así se evita que la firma de un acuerdo parcial que abarque sólo a unos termine dando paso a una paz imperfecta o de corta duración, o incluso deje vivos odios y resquemores que den lugar a reacciones violentas contra el sector desmovilizado o reinsertado, sino porque si en el referendo que debe aprobar o rechazar el pacto para superar la guerra están involucrados beneficios para todos los sectores, entonces la posibilidad de que éste supere el umbral y gane el Sí sería muy alta. Al tenor de las encuestas del último año en donde crece el apoyo al proceso de paz pero no sube la confianza en la voluntad de la guerrilla y tampoco se está de acuerdo con permitirles ir a la política sin que paguen antes cárcel, sería muy difícil que si hoy se citara el referendo por la paz referido única y exclusivamente a la guerrilla, pasara el umbral aprobatorio.

Consciente, precisamente, de esa dificultad es que Gaviria propone que no haya varios referendos, sino uno solo, y que no abarque sólo la justicia transicional para las Farc, sino para militares, parapolíticos, testaferros, financiadores… de los actores del conflicto.

Ahí está, dentro de esa visión pragmática amplia, la evidencia de cómo el proceso con las Farc pasaría a ser un elemento más para incluir en el referendo de la paz, al que habría que sumar lo que se defina para los militares, los parapolíticos, los testaferros de unos y otros, los financiadores… En otras palabras,  se citaría a las urnas para un proceso de paz de índole nacional y no apenas limitado a las Farc.

Ello garantizaría no sólo una votación muy alta, sino que se aspiraría a que por la vía de la legitimación popular se superen o minimicen los obstáculos y límites que la legislación nacional, los tratados internacionales y el propio Estatuto de Roma impone cuando los beneficiados con flexibilidades penales y jurídicas han sido acusados o condenados por delitos graves y de lesa humanidad.

Como bien lo dijo un senador esta semana: “si los colombianos decidimos que esa es la única vía para alcanzar la paz, pues la CPI ni la comunidad internacional nos van a encarcelar a todos ni tampoco condenarnos a no salir de la guerra”.

Difícil aterrizaje

Ahora -cuarto elemento a tener en cuenta-, si bien hay coincidencia en la esencia general de extender la justicia transicional a todos los sectores del país que tuvieron alguna relación delictiva con el conflicto, las contradicciones empiezan cuando se trata de aterrizar la idea a la realidad y sus posibles desarrollos legales y constitucionales.

Es allí en donde los peros comienzan a multiplicarse e incluso algunos se consideran como obstáculos insalvables para aclimatar una paz nacional, no sólo con las Farc. De entrada hay quienes consideran que si bien desde el punto de vista pragmático no hay mejor opción que otorgar gabelas judiciales a guerrilleros, paramilitares, militares, parapolíticos, financiadores y colaboradores de unos y otros,  no hay marco legal ni constitucional que lo permita.

De entrada, por ejemplo, está el hecho de cambiar de ruta el proceso de paz, cuando el país lleva dos años apostándole a lo que pase en La Habana, subdimensionando incluso lo que se pacte con el Eln, si es que algún día arranca ese diálogo. Pero ahora, con base en la propuesta de Gaviria, se empezaría a apostar por un proceso de paz más amplio y muy por encima de la esfera negociadora en Cuba.

Incluso, hablando de tiempos, para citar al mega-referendo no sólo habría que esperar a que se firme un acuerdo en La Habana, sino que tendría que sumarse el difícil esquema para los militares encartados judicialmente y luego lo relativo a los sectores no combatientes que tuvieron algún tipo de involucramiento con la guerra.

Por igual no se puede desestimar que la CPI y los tratados internacionales, incluso la misma jurisprudencia constitucional local, establecen claramente límites prohibitivos para cualquier figura que, así se presente bajo la esfera de justicia transicional, raye en la práctica en el indulto, la amnistía o en casos de “justicia aparente” no sólo den pie a la impunidad total a culpables de delitos de lesa humanidad, sino que no cumplan a cabalidad con los principios de verdad, justicia, reparación a las víctimas así como garantías de no repetición.

Como se ve, la propuesta de Gaviria abrió un debate que ya es imposible de atajar y que cambiará el foco de atención respecto a cómo alcanzar la paz, pues ya no estará centrado en La Habana sino en ese escenario más amplio de beneficiados y la difícil ruta a seguir para hacer del mega-referendo por la paz una realidad.

Un cambio de chip tan drástico no será fácil de tramitar y menos de aterrizar. La propuesta de Gaviria incluso no termina siendo tan novedosa, pues incluso ya tenía en la tesis del fiscal Eduardo Montealegre sobre un “cierre judicial” de todos los procesos jurídicos relacionados con los actores armados del conflicto, una vez se firme la paz, un antecedente mucho más ambicioso que la del expresidente, pues ya se pasa de una idea general a una figura jurídica concisa y concreta.

Por ahora es claro que el proceso entró, más allá de lo que respecta a la negociación de La Habana, en un nuevo escenario, pues se plantea sacar la búsqueda del fin del conflicto del círculo cerrado Gobierno-Farc, a meter a todo el país relacionado con la guerra, en la misma tónica de un mega-referendo por la paz. Y eso será muy complicado.