Luz verde a la creación de la Comisión de Vigilancia a Organismos Públicos dio ayer la Cámara de Representantes en desarrollo de la plenaria de la corporación.

La célula legislativa tendrá como misión vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la creación y funcionamiento de los Organismos de Control.

La Comisión que está conformada por 14 representantes de todos los partidos políticos no solo tendrán las herramientas jurídicas y de trabajo necesarias para cumplir con su labor, sino que además de ahora en adelante contarán con siete personas que se encargarán de ser la estructura de la célula legislativa y a través de la cual se buscarán establecer más y mejores estrategias para realizar un buen seguimiento a los entes de control y como cuerpo de seguimiento especializado de la Rama Legislativa del Poder Público.

Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo de toda la plenaria de la Cámara ya que algunos representantes se mostraron en contra de que la creación de nuevos puestos ya que los consideran como un derroche de dinero para el Estado.

Uno de los contradictores fue el representante del Polo Democrático, Germán Navas, quien votó negativamente la iniciativa y la calificó como un derroche de dinero.

“Ese proyecto no es más que un derroche de dinero, pues en 14 años no he visto para que sirve esa comisión”, dijo.

Navas agregó que mientras en su municipio se niega la creación de una escuela el Gobierno se encarga de avalar este tipo de iniciativas para “contentillo de los congresistas”.

Junto a Navas, otros nueve representantes votaron en contra de la iniciativa, entre ellos se encuentran Iván Cepeda (Polo), Buenaventura León (Partido Conservador), Miguel Gómez (La U), entre otros.

La Comisión incluiría en su nómina un secretario de comisión, dos asesores, dos profesionales universitarios, un secretario ejecutivo y un operador de equipo.

A pesar de las críticas de algunos congresistas a la iniciativa, hace mes y medio el Gobierno Nacional emitió un concepto favorable sobre el proyecto y el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, avaló el valor anual de las nuevas vacantes que sería anualmente de unos 371 millones de pesos.

“Esta modificación implica gastos adicionales para la Nación de $371 millones cada año por asignaciones básicas, contribuciones inherentes a la nómina y prestaciones legales, este Ministerio no encuentra objeciones de carácter presupuestal a la iniciativa”, expresó en su momento Echeverry a través de un comunicado.

El documento incluyó una proyección del presupuesto de las nuevas vacantes, en donde se entiende que los gastos  de presentada, en el entendido en que los gastos generados por las vacantes tendrían un costo de 1.200 millones de pesos en este Gobierno y de unos 3.600 millones de pesos durante los próximos diez años.

Y es que la idea de hacer oficial esta comisión venía caminando desde meses atrás cuando se radicó la iniciativa y cuando algunos congresistas expresaron la necesidad de estructurarla luego de ver su funcionalidad en el sistema.

“Esa es una comisión legal que no venía funcionando en el Congreso de la República y que nosotros, con los compañeros, nos hemos dado a la tarea de darle funcionalidad”, contó el representante del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Juan Felipe Lemos.

El representante Lemos explicó la labor de la célula legislativa, “estamos haciendo el ejercicio de verificar cómo están manejando los presupuestos, cómo se está manejando el tema de contratación estatal, estamos revisando el tema de contratación, si hay nóminas paralelas, si están cumpliendo con las normas de fiscalización que por ley les corresponde”.

Una de las tareas que realizarán los congresistas será la creación de cuestionarios para conocer el estado de las operaciones de la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General.