Una manera de analizar cómo se reparten los esfuerzos en la nueva reforma tributaria consiste en mirar sobre qué sectores económicos o sociales recaen los tributos propuestos. A juzgar por la presentación que hizo el gobierno ante el Consejo Gremial (que es una especie de abrebocas de lo que contendrá el proyecto de reforma propiamente dicho), la respuesta es muy clara: el 90% del esfuerzo fiscal se piensa recabar en los terrenos de las personas naturales (gran parte de las cuales pertenecen a la que con exceso de optimismo llamamos aún “clase media”) al paso que sobre las empresas apenas se impone un esfuerzo del 3% adicional.

Esto no es sorprendente, pero es bueno tenerlo en claro: de vieja data los expertos vienen reclamando que en Colombia los esfuerzos tributarios están invertidos frente a lo que acontece en países más desarrollados como son los de la OECD, donde la mayoría del recaudo proviene de las personas jurídicas y la menor cuota corresponde a las personas naturales. Esta composición del recaudo fiscal empieza a corregirse con gran brío en el proyecto de reforma tributaria que aterrizará en el congreso probablemente en la semana de pascua.

En efecto: con la nueva reforma tributaria se esperan recoger anualmente recaudos provenientes de tributos nuevos en cuantía de $30,3 billones, de los cuales $10,5 billones provendrán de modificaciones que se le introducen al IVA y $16,8 billones saldrán de cambios al régimen de las personas naturales. Al paso que la exacción fiscal que se propone para las personas jurídicas apenas asciende a $3 billones. El grueso de la carga recae indubitablemente en quienes pagan el IVA y en las personas naturales sobre cuyos hombros se coloca el 90% del peso de la nueva carga fiscal. El IVA no se cobrará sobre productos de primera necesidad.

Lo primero que hay que anotar es que nunca se había propuesto una reforma tributaria con tan ambiciosos horizontes recaudatorios: $30,3 billones es un objetivo sorprendentemente alto. Y acá surge una primera pregunta: ¿es oportuno pensar en tan grande exacción tributaria en la mitad de una pandemia, cuando los hogares y quienes pagan el grueso del IVA están sumidos en una agobiante condición económica por la caída de sus ingresos y por el alto desempleo?

Más allá de la respuesta que se dé a esta pregunta, que no es otra que la de la oportunidad de la reforma, resta preguntar: ¿Cómo gastará el gobierno estos recursos que succionaría a la economía en el evento que la reforma fuera aprobada por el congreso tal como la propone?

Lo primero que hay que decir es que el gobierno ha diseñado un ambicioso y muy plausible programa de ampliación del “ingreso solidario”, algo muy parecido a la renta básica de la que tanto se ha hablado últimamente. Tendrá carácter permanente y en él se piensa gastar anualmente $7,6 billones. Este es quizás el tema más novedoso e importante del proyecto esbozado por el gobierno. Para el programa de primer empleo ha previsto $0,4 billones, para el mecanismo compensatorio del IVA a los sectores más pobres está prevista una ampliación del esquema actual por $1,5 billones que la llevaría a 4,7 millones de personas. Y para lo que el gobierno llama “ajuste fiscal” que es la moderación del déficit que ha disparado el gasto público por la pandemia (que se estima este año llegará a 9% del PIB) $ 15,9 billones.

Podemos decir, en síntesis, que la nueva reforma tributaria le carga la mano sensiblemente a la clase media y a los contribuyentes que pagan IVA, toda vez que sobre ellos hace recaer el 90% de las nuevas cargas fiscales. Y que por el lado del gasto sobresale la importante iniciativa consistente el ampliar y volver permanente el programa de ingreso solidario.

Queda naturalmente mucho por desmenuzar una vez se presente el texto final al Congreso. Pero desde ahora se puede anticipar que estamos frente a una iniciativa ambiciosa y cuyos debates serán muy profundos. Y así haya puntos controvertibles, en especial el de hacer recaer sobre las clases medias tan alta dosis de esfuerzo, no puede negarse que el gobierno no se ha quedado en aguas tibias. Habrá que ver qué dispone finalmente el congreso que a la postre es quien tiene la última palabra.