Los medios han informado y lo explicó en un artículo la Ministra de Relaciones Exteriores,  que el Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “contra memoria” en uno de los casos que adelanta Nicaragua contra Colombia en ese organismo.

La Corte dictó el 19 de noviembre de 2012 una sentencia contra Colombia en la cual resolvió en favor de Nicaragua la demanda de ésta sobre delimitación de áreas marinas y submarinas en el archipiélago de San Andrés.

El 16 de septiembre de 2013 Nicaragua presentó otra demanda contra Colombia para que la CIJ amplíe la plataforma continental nica por 150 millas más desde las 200 que la CIJ le fijó en su sentencia de 2012. Un poco más tarde, el 26 de noviembre de 2013, Nicaragua introdujo una tercera demanda por violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos, supuestamente cometidas por Colombia en el Caribe. En ambos casos, Colombia presentó excepciones objetando la competencia de la CIJ para resolverlos.

El 17 de marzo de 2016 la CIJ falló las excepciones en contra de Colombia y asumió la competencia en las dos demandas. En la misma fecha fijó el 17 de noviembre de 2016 para que Colombia presentara su “contra memoria” o contestación a la demanda en la aplicación sobre violaciones de derechos en el Caribe. Ese plazo venció el jueves pasado y Colombia juiciosamente presentó su contra memoria en la que, según el agente Carlos Gustavo Arrieta, no solamente se busca rebatir los argumentos de la demanda sino

“se le reclama a Nicaragua por no cumplir algunas obligaciones a la luz del derecho internacional”.

No es mi propósito en este artículo discutir si en la contra memoria se puede contrademandar. Quiero referirme a otro tema que hace que me plantee la pregunta que encabeza este artículo: ¿Al fin qué?

Luego de que la CIJ resolvió en contra de Colombia las excepciones preliminares el presidente Santos afirmó: “Colombia no seguirá compareciendo en La Haya, repito, Colombia no seguirá compareciendo en La Haya. He tomado decisión después de un profundo análisis”.

Presentar la contra memoria significa que Colombia sí seguirá compareciendo en La Haya, tal como lo sugirieron los internacionalistas colombianos luego de la declaración de Santos, porque no hacerlo significaba que la CIJ, que sigue adelante con el proceso, hubiera tenido que definir la demanda sin oír a Colombia, con los riesgos que ello conlleva.

Yo siempre sostuve que abstenerse de seguir en el caso era un error y ahora, por supuesto, me alegra que Colombia haya cambiado de parecer. La CIJ tendrá que analizar los argumentos colombianos que, ojalá, no sean tan deficientes como los de la primera demanda y los de las excepciones preliminares.

Para la demanda sobre la plataforma extendida, que es mucho más importante, Colombia tiene plazo hasta el 28 de septiembre de 2017.

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Coda uno: Lo de Andrés Felipe Arias es un caso clarísimo de persecución política. Así lo entendió el juez de La Florida.

Coda dos: Yo voté por el No como la mayoría de los colombianos. Ahora veo que a ese voto el Gobierno le quiere poner conejo.