GOLPE A FISCO DE DEPARTAMENTOS
Un trago amargo
“Adulteración de licores, delito que se extiende”
Desde el Estanco del alcohol y el tabaco en la época colonial hasta el monopolio rentístico del primero en el siglo XXI han constituido la principal fuente de financiamiento del Estado, particularmente de las regiones. Entre lo que se recaudó en 2014 por concepto del impuesto aplicado a la cerveza y a los licores representó más del 50% de los ingresos tributarios de los departamentos y el 41.2% de los ingresos propios. Sólo por concepto del recaudo del impuesto a la cerveza y a los licores se recibe anualmente, por parte de los departamentos, una suma que supera los $2.45 billones. De allí la importancia de estos recursos para los fiscos departamentales, máxime cuando los mismos tienen como destinación específica la salud y la educación. Ello explica también la cerrada defensa por parte de los gobernadores de dicho monopolio, el cual por lo demás está amparado por la propia Constitución Política.
No obstante, hay varios factores que erosionan la base impositiva y afectan el recaudo del impuesto al consumo de las bebidas espirituosas, tales son el contrabando y la adulteración de las mismas. Se trata de verdaderas estructuras criminales que atentan no sólo contra el fisco, sino contra la salud de quienes ingieren bebidas alcohólicas de dudosa factura producidas artesanalmente, las cuales escapan al control de las autoridades sanitarias, particularmente del Invima. Cada vez es mayor la proliferación de alambiques caseros, que operan en la clandestinidad y son fuente de aprovisionamiento del bajo mundo de la ilegalidad.
Es de tal magnitud este detestable delito y está tan extendido en Colombia que, según el más reciente reporte de Euromonitor International para el 2014, el porcentaje de bebidas alcohólicas ilegales en el mercado fue del 28.4% y al desagregar este guarismo nos topamos con una cruel realidad. En efecto: 46% de las mismas corresponde a productos adulterados mientras que el 36% ingresan de contrabando; dicho de otra manera, una de cada dos botellas de licor que se expende en el país ilegalmente puede etiquetarse como adulterado. Y lo más preocupante es que en los últimos años esta amenaza para el fisco y para la salud se acrecienta, ya que entre 2012 y 2014 aumentó el 7.3%.
Desde luego que la autoridad, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ha infligido duros golpes a las estructuras de este letal negocio del licor adulterado, que le roba anualmente no menos de $1.5 billones al Presupuesto de los departamentos. Estos son recursos que se van a las faltriqueras de las mafias que se lucran del mismo y que le son sustraídos a la educación y la salud, en momentos en los que las regiones atraviesan por una situación fiscal exasperante. Esta es una guerra sin cuartel impuesta por los ilegales y para ganarla es indispensable que los departamentos, en ejercicio del monopolio rentístico de los licores, extienda los controles al alcohol potable.
*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos