“Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”.

Con este único párrafo en un documento de dos páginas, el presidente Gustavo Petro acató, a regañadientes, el fallo del Consejo de Estado que lo obligaba a rectificar sus señalamientos y presentar excusas públicas a Enrique Vargas Lleras por presuntas irregularidades ocurridas en la mencionada EPS cuando hizo parte de su Junta Directiva.

Al vencerse esta noche vencía el plazo que tenía para hacer la rectificación, Petro publicó en su cuenta de X, un largo escrito (once párrafos) para cumplir solo una parte lo ordenado por el Alto Tribunal, mientras apela a la objeción de conciencia, no como jefe de Estado sino como ciudadano” para desacatar el resto de lo estipulado en el fallo de la tutela fallada a favor de Enrique Vargas Lleras.

Petro empieza el documento señalando “Justificaré expresamente ante las autoridades judiciales correspondientes, en el momento procesal oportuno, por convicciones internas que constituyen en mi fuero íntimo razones de objeción de conciencia, mi posición frente a mi deber jurídico derivado de la orden señalada en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique Vargas Lleras”.

A renglón seguido recuerda que esta situación “surge de unas manifestaciones de Germán Vargas Lleras contra la salud, a lo anterior manifesté que había un conflicto de intereses ya que su hermano Enrique Vargas era miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS y se había desempeñado como asesor jurídico en varias EPS”.

Tras esas explicaciones, Petro procede la rectificación forzada y a medias, pero al mismo tiempo insistiendo en sus señalamientos de presunta corrupción. Manifiesta “Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”.

En otro acápite del documento, Petro apela nuevamente a la objeción de conciencia, esta vez como ciudadano, para no cumplir a cabalidad lo que le ordenó el Consejo de Estado. De esta forma señala “como servidor público debo someterme al ordenamiento jurídico, no obstante que como persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”.

También se muestra ‘convencido’-y sin mencionar nombres- de que el diseño de nuestro sistema de salud “ha posibilitado a particulares, que hoy pueden señalarse puntualmente, deben ser investigados para conocer si se han lucrado ilegal e indebidamente a costa delos recursos y las necesidades en salud de los colombianos y colombianas”, asegurando que ello “riñe con mis convicciones internas”.

El presidente Petro señala que “está obligado a adoptar un comportamiento inflexible frente a los abusos que en la prestación de este servicio se permiten” y por ello invoca el amparo del artículo 18 de la Constitución para “no ser obligado a actuar en contra de mis convicciones”.

Valga recordar que Vargas Lleras interpuso una acción judicial contra el presidente Petro porque en distintas publicaciones, en mayo y en junio pasados, así como en una alocución presidencial, insinuó que “los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: en la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron $ 5,5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia?”.

Este 6 de septiembre el Consejo de Estado le dio la razón a los accionantes y conminó a Petro a que se retractara de sus declaraciones. Incluso determinó que la respectiva rectificación debía publicarse y permanecer en las redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal del jefe de Estado en X.